El desafío de Orbán a la UE reabre el debate sobre la condicionalidad de los Fondos de Cohesión
Los expertos dudan de que la condicionalidad sea eficaz a largo plazo, sobre todo si los Estados miembros más ricos se saltan los valores de la UE.
El enfrentamiento de Hungría con la Unión Europea (UE), que ha desembocado en la congelación de los fondos de cohesión a Budapest, podría sentar un arriesgado precedente, al tiempo que plantea interrogantes sobre si la medida punitiva sirve para impulsar la adopción de reformas o puede llevar a una fragmentación más profunda en el bloque comunitario.
La Política de Cohesión, diseñada para reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones de la Unión Europea, ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del compromiso del bloque con la unidad y el desarrollo.
Para países como Hungría, uno de los mayores beneficiarios de esa política, los Fondos de Cohesión han supuesto miles de millones de euros invertidos en infraestructuras, educación y modernización, que han contribuido a reducir la brecha con Europa Occidental.
Sin embargo, la actual disputa con Bruselas por la situación del Estado de Derecho en Hungría ha colocado a esa política comunitaria ante una paradoja, y generado inquietud sobre si se está convirtiendo en una herramienta de influencia política en lugar de un verdadero instrumento de solidaridad.
La UE congeló en 2022 cerca de 22.000 millones de euros de fondos asignados a Hungría.
La medida fue consecuencia de las dudas de Bruselas relacionadas con la independencia judicial, el derecho de asilo, la discriminación de las personas LGTBIQ y las restricciones a la libertad académica en el país centroeuropeo.
Aunque en 2023 Bruselas liberó 10.000 millones de euros después de que Hungría aceptara retirar su veto a la ayuda miliar y financiera de la UE a Ucrania, una parte significativa de los fondos sigue paralizada.
Reforzar la condicionalidad
En ese sentido, Zselyke Csaky, investigador principal del Centro para la Reforma Europea, asegura que las medidas adoptadas por la UE para contrarrestar las violaciones del Estado de Derecho han tenido resultados desiguales, como se ha visto en Hungría y Polonia.
La Comisión Europea ha retenido más de 168.000 millones de euros en el marco de sus instrumentos específicos, una suma equivalente a cerca del 16-17% del PIB de Hungría y Polonia, respectivamente. Pero a pesar de la contundencia de esas medidas, las reformas legales han sido limitadas o simbólicas.
Mientras que el problema de los fondos congelados movilizó a los votantes polacos para apoyar a un nuevo gobierno pro-UE liderado por el primer ministro, Donald Tusk, que ha iniciado profundas reformas, la respuesta de Hungría y la posterior liberación parcial de los fondos europeos es considerada muy limitada por parte de gran parte de la sociedad.
Por ello, Csaky reflexiona sobre si la condicionalidad será eficaz a largo plazo, sobre todo si los Estados miembros más ricos empiezan a ignorar los valores de la UE. No obstante, admite que es la herramienta más poderosa del bloque para defender el Estado de derecho.
Pero para que ese instrumento se fortalezca y tenga un verdadero impacto, la condicionalidad se tiene que aplicar de forma coherente y transparente, y vincularse más estrechamente a mejoras tangibles antes de que se liberen los fondos, comenta el experto.
El «nudo» húngaro
Por su parte, Tibor Dessewffy, director del Centro de Investigación de Sociología Digital de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, cree que el desafío húngaro a los valores europeos compartidos está obligando al bloque comunitario a replantearse la forma de gestionar sus divergencias.
Tomando como ejemplo la prohibición del Orgullo de Budapest y la marcha de diplomáticos pro-LGTBIQ, en un análisis para el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), Dessewffy escribe que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha planteado a los embajadores de la UE un dilema.
Podían apoyar al Orgullo y alimentar la narrativa de Orbán sobre la decadencia occidental o permanecer en silencio y ceder terreno ideológico.
En cualquier caso, Orbán es capaz de aprovechar la situación a su favor.
En ese sentidfo, Dessewffy cree que se ha producido un cambio en el panorama político húngaro, mientras la oposición se reinventa, con un cambio de foco hacia los problemas económicos en lugar de caer en las provocaciones culturales de Orbán.
Al tiempo que califica al primer ministro húngaro de «perturbador deliberado» en la UE, el experto añade que el bloque comunitario está empezando a adaptarse al reiterado desafío de Budapest, mientras busca marcos alternativos para esquivar a Hungría en el Consejo.
Está surgiendo una especie de «zombificación» de las instituciones de la UE, en la cual las estructuras oficiales permanecen pero la iniciativa política real se desplaza a las alianzas más pequeñas y flexibles que excluyen a elementos antiliberales como Hungría.
Esa evolución refleja el concepto de una «Europa de dos velocidades», no impulsada por las élites occidentales, sino como respuesta defensiva al obstruccionismo de un Estado miembro pequeño y económicamente más débil.
Pero que eso se traduzca en una Europa más fuerte y cohesionada o a una unión fragmentada dependerá de la eficacia con que el bloque pueda neutralizar el daño infligido por quienes trabajan para socavarlo desde dentro.
Intentar recuperar el dinero
Para intentar esquivar los obstáculos, Hungría ha empleado maniobras legales y técnicas en el marco de las normas presupuestarias de la UE para acceder a más de 750 millones de euros en fondos comunitarios, según informa Financial Times.
Entre ellas figura una reasignación de fondos -157 millones de euros de su plan de gasto original a ámbitos con menor escrutinio de la UE-, además de su intento de reprogramar otros 605 millones de euros durante la revisión presupuestaria intermedia de la UE.
Esas tácticas han hecho saltar las alarmas entre varios Estados miembros de la UE, entre ellos Alemania y Francia, que temen que esa reprogramación pueda socavar los mecanismos de condicionalidad de la UE diseñados para imponer el cumplimiento de las normas democráticas.
Por ello, la UE tiene que buscar un equilibrio entre presión y pragmatismo.
Para que la cohesión sea un instrumento sustancial de unidad, la UE debe encontrar la manera de garantizar el respeto de sus valores fundamentales, evitando al mismo tiempo la marginación a largo plazo de uno de sus propios Estados miembros.
