«La presidencia española de la UE y la importancia de los Dictámenes del CESE» vía Eduardo Rojo

La presidencia española de la UE

El 1 de julio se inicia la presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023. Desde la proclamación del PEDS hemos pasado por una larga y dolorosa crisis sanitaria que ha tenido graves consecuencias económicas y sociales, y a la que ha seguido una mejora de la economía que sin embargo ha tenido muy poco impacto, o más bien negativo, en la disminución de las desigualdades sociales.

Conviene referirse a los objetivos que se ha marcado la futura presidencia española en materia de política laboral y de protección social, que enlazan en algunos de sus contenidos con los que han sido objeto de debate durante la presidencia sueca del primer semestre de este año.

En efecto, baste ahora decir que en la reunión informal del Consejo EPSCO, y en concreto de los Ministros y Ministras de Empleo y Asuntos Sociales de los Estados miembros, celebrada los días 3 y 4 de mayo, se debatieron dos asuntos de indudable importancia y que también se integran en el “paquete” de actuaciones a llevar a cabo por la Presidencia española: en primer lugar, cómo las transiciones están influyendo en el mercado laboral y, más concretamente, sobre cómo evitar el desajuste entre cualificaciones y puestos de trabajo en tiempos de transición, a partir de un documento de trabajo elaborado por Eurofound que apunta algunos factores para mejorar la adecuación entre las cualificaciones y los puestos de trabajo, tanto a corto como a largo plazo. En segundo término, cómo hacer posible una protección social adecuada y sostenible a la luz de la transición demográfica, en el que se debatió a partir del informe presentado por el Grupo de Alto Nivel sobre el futuro de laprotección social y el Estado del bienestar en la UE 

¿Cuáles son las prioridades marcadas por la presidencia española en materia laboral y de protección social, y que guardan relación con los principios del PEDS, es decir sobre su desarrollo? Las conocemos por el discurso pronunciado por el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el pasado 27 de abril, en el acto de inauguración del nuevo Comité Económico y Social Europeo.

En dicho discurso (texto íntegro de la intervención el 26 de abril en https://www.eesc.europa.eu/en/plenary-session-webstream , sesión de 14 a 18:30, a partir de las 15:22 y hasta las 15:32), muy resumido en la nota de prensa del Ministerio de Empleo y Economía Social, el Secretario de Estado manifestó que avanzar en derechos para las personas trabajadoras y mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos de la UE es una labor en la que el MITES redoblará esfuerzos a través de tres grandes prioridades: el diálogo social, el trabajo decente y la economía social, anunciando que se vertebrarán en “expedientes legislativos y debates políticos concretos”, y siguiendo el desarrollo del PEDS. También expuso que España quiere situar en la agenda europea “temas de vital importancia como la democracia en el trabajo, la negociación colectiva verde, convergencia social y los efectos de la precariedad laboral en la salud mental”. Enfatizó además la importancia de los dictámenes del CESE, comprometiéndose a seguirlos, e impulsando “unas recomendaciones del Consejo que hagan de Europa un ejemplo democrático también en el ámbito de la economía y de la empresa”, además de prestar especial atención a la precariedad y la salud mental, y al mecanismo de desequilibrios sociales preparado conjuntamente por España y Bélgica. Sobre este último, y según la explicación de la Vicepresidenta segunda del Gobierno, y Ministra del MITES, Yolanda Díaz, “El mecanismo propuesto contribuye a reforzar la efectividad en la formulación de los derechos sociales en Europa. El Social Imbalance Procedure (SIP), como se denomina en inglés, conlleva que los países miembros rindan cuentas sobre sus políticas sociales, unas políticas que pasan a formar parte del funcionamiento y la gobernanza de la Unión Europea”

La importancia de los Dictámenes del CESE

Desde luego, la presidencia española tiene un excelente material de trabajo en muy recientes dictámenes del CESE para avanzar en el desarrollo del Pilar. Justamente en la sesión plenaria celebrada los días 26 y 27 de abril se aprobaron varios de indudableimportancia social, ya publicados en la página web del CESE : “Refuerzo del diálogo social”, “Trabajo precario y salud mental”, “Democracia en el trabajo”, y “Procedimiento de desequilibrio social”. Cabe destacar que el relativo a la vinculación de la salud mental con el trabajo precario y el relativo a los desequilibrios sociales fueron solicitados por la (futura) presidencia española de la UE.

A estos Dictámenes me refiero a continuación, para reproducir algunos de sus contenidos más destacados a mi parecer, remitiendo a su lectura íntegra a todas las personas interesadas.

A) Trabajo precario y salud mental

En este dictamen, solicitado por la próxima Presidencia española de la UE, el CESE analiza las consecuencias de las condiciones laborales precarias en la salud mental de los trabajadores.

El CESE “- respalda firmemente las pruebas que demuestran que el trabajo precario aumenta las posibilidades de deterioro de la salud mental de los trabajadores y es incompatible con la consecución de los ODS en la UE: es un problema de salud pública que debe erradicarse

  • subraya que la lucha contra los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo en su origen, mediante intervenciones organizativas para remodelar las condiciones de trabajo, es un primer paso esencial para promover la salud mental en el lugar de trabajo, como han destacado la OMS y la OIT
  • propone adoptar una legislación comunitaria específica sobre la prevención de los riesgos psicosociales, así como desarrollar y modernizar la actual directiva sobre seguridad y salud en el trabajo”.

Dos conclusiones relevantes son estas:

  • “1.8 Para reducir el trabajo precario y la prevalencia de los problemas de salud mental asociados, el CESE entiende como necesario garantizar la aplicación de la legislación europea y nacional que establece unas condiciones de empleo y trabajo de calidad, saludables y que permitan llevar una vida digna.
  • 1.9 Para ello el CESE considera imprescindible multiplicar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de dicha normativa, previa dotación de recursos suficientes a la autoridad pública competente (ratios de la OIT), además de garantizar las sanciones económicas adecuadas en caso de incumplimiento”.

B) Procedimiento de desequilibrios sociales

“Este dictamen subraya que el Procedimiento de Desequilibrio Social (SIP) ofrecería la oportunidad de mejorar la coordinación de los esfuerzos nacionales para lograr una convergencia social ascendente. Recomienda que el PSI se integre en el Semestre Europeo, a lo largo de sus distintas fases. El dictamen propone que los desequilibrios sociales se definan como las situaciones críticas identificadas por el cuadro de indicadores sociales y las desviaciones claras del camino hacia la consecución de los objetivos del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. También sugiere que la Comisión y los Estados miembros consideren la posibilidad de flexibilizar las normas existentes para la asignación de fondos, de modo que puedan adaptarse rápidamente a los retos sociales actuales y a las situaciones críticas identificadas en la aplicación del PIE”.

Una de sus conclusiones más importantes a mi parecer es la recogida en el punto 1.7:

  • “1.7 El CESE recomienda que el PIE se integre en el Semestre Europeo, a lo largo de sus distintas fases. La Comisión y el Consejo deberían utilizar el Informe conjunto sobre el empleo, los informes por país y los exámenes ad hoc en profundidad para identificar y abordar los desequilibrios sociales. Las recomendaciones específicas por país, en un punto aparte del preámbulo y en las propias recomendaciones, deberían abordar los desequilibrios sociales descritos en el informe por país. Las recomendaciones deben animar a los Estados miembros a aplicar las reformas específicas que, según el análisis de la Comisión y las evaluaciones de los Estados miembros, los interlocutores sociales nacionales y las organizaciones de la sociedad civil, tengan más probabilidades de mejorar la situación en los ámbitos identificados como críticos. En respuesta, previa consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, el Estado miembro en cuestión debería proponer las iniciativas y reformas que deben aplicarse para mejorar las situaciones críticas identificadas. Dicho plan también podría incluir una evaluación de la coherencia entre las iniciativas incluidas y las políticas macroeconómicas y presupuestarias seguidas por el Estado miembro en cuestión, a fin de garantizar un equilibrio adecuado entre las dimensiones económica, social y presupuestaria”.

C) Democracia en el trabajo

“La democracia en el trabajo debe abarcar a todos los trabajadores, tipos de trabajo, así como todos los lugares de trabajo, incluidos los trabajadores de plataformas. Hace que las empresas sean más resistentes, tengan más éxito económico y sean más capaces de ofrecer empleo y trabajo decente. La economía social y las cooperativas son otras formas de participación democrática de éxito. Los Comités de Empresa Europeos (CEE) podrían mejorarse mejorando los derechos de participación y sancionando las infracciones. Una mayor democracia en el mundo laboral depende de la cooperación de todas las partes interesadas, y puede contribuir a facilitar las transiciones ecológica y digital. Es crucial educar a los jóvenes a favor de la democracia en el trabajo”.

D) Reforzar el diálogo social

“El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y la propuesta de Recomendación de la Comisión sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea. El Comité comparte plenamente la opinión de que el diálogo social puede ser un instrumento beneficioso para impulsar la resiliencia económica y social, la competitividad y un crecimiento sostenible e integrador. El establecimiento de un marco común eficaz, que se aplique a nivel nacional para la participación de los interlocutores sociales, podría contribuir a garantizar que se lleven a cabo consultas eficaces y de calidad con los interlocutores sociales nacionales”.

Dos conclusiones especialmente relevantes a mi parecer son las siguientes:

  • “1.5 El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la Recomendación pretenda mejorar el diálogo social tripartito tanto a nivel europeo como nacional, si bien observa que en algunos Estados miembros la dimensión tripartita del diálogo social es más formalista que significativa. El CESE considera que el establecimiento de un marco común eficaz, que deberá aplicarse a nivel nacional para la participación de los interlocutores sociales, podría contribuir a garantizar la celebración de consultas eficaces y de calidad con los interlocutores sociales nacionales. Los Estados miembros también deberían tener la obligación de adjuntar el resultado de las consultas con los interlocutores sociales a los planes nacionales de reformas e inversiones. Si no se lleva a cabo una participación significativa, la Comisión debería tomar medidas.
  • 1.6 El CESE expresa su preocupación por la situación poco clara en lo que se refiere a la aplicación de los acuerdos con los interlocutores sociales mediante directivas del Consejo. Sin claridad, transparencia y previsibilidad, es probable que la amplia discrecionalidad de la Comisión Europea en esta materia tenga la consecuencia no deseada de disuadir a los interlocutores sociales de negociar este tipo de acuerdos. El CESE reitera su llamamiento a la Comisión para que debata esta cuestión con los interlocutores sociales”.

Fuente: El Blog de Eduardo Rojo: La presidencia española de la UE y el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Sobre la importancia de los Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *