El PE reclama un mejor control de la ejecución de los fondos de recuperación

El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó la ejecución del presupuesto de la UE para 2021 para la mayoría de las instituciones de la UE, excepto el Consejo Europeo.

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La mayor parte del gasto de la UE lo maneja la Comisión Europea, cuya gestión fue respaldada por el Parlamento Europeo con 421 votos a favor, 151 en contra y 5 abstenciones. En 2021, el presupuesto de la UE aumentó aproximadamente un 30% en comparación con 2020, principalmente debido al dinero gastado en el programa Next Generation EU para luchar contra los efectos de la pandemia de COVID-19

Criterios vagos, controles laxos y destino final de los fondos desconocido

En la resolución que acompaña a la decisión de aprobación de la gestión de la Comisión –que salío adelante con 460 votos frente a 129, y 49 abstenciones-, los eurodiputados expresan su preocupación por las limitadas opciones que tiene la UE para comprobar cómo se está utilizando el dinero del mecanismo de recuperación. Dado que se creó bajo presión temporal, los requisitos de control son menos estrictos que para otros programas de la UE y dependen más de las autoridades nacionales, cuyo trabajo es en algunos casos «demasiado propenso a errores y poco fiable». El texto advierte sobre el riesgo de uso indebido, fraude y delincuencia organizada e insta a la Comisión a reforzar la vigilancia de los sistemas de control interno de los Estados miembros para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

La Comisión debe asegurarse de que la financiación del mecanismo de recuperación cumple sus objetivos, señalan los eurodiputados, preocupados por los «primeros indicios» de que en algunos países de la UE los fondos pueden haber reemplazado el gasto nacional regular, en lugar de dedicarse a las reformas e inversiones establecidas en los planes nacionales.

La resolución plantea dudas sobre la evaluación por parte de la Comisión del cumplimiento nacional de los «hitos y objetivos» (criterios condicionales para que los países de la UE reciban los pagos del mecanismo) y destaca su falta de claridad y de definiciones comparables. Los eurodiputados piden a la Comisión que se abstenga de evaluar este cumplimiento «sobre la base de negociaciones políticas». A este respecto, aluden al caso específico de España, que recibió un pago del fondo de recuperación en 2021 sin haber reunido evidencia suficiente de haber cumplido los hitos. A posteriori, el Tribunal de Cuentas europeo dictaminó que uno de esos hitos no se había cumplido plenamente.

Condicionalidad del Estado de Derecho

Los eurodiputados insisten en que los países que no respeten el Estado de Derecho deben verse privados de fondos de la UE. Valoran la aplicación del mecanismo de condicionalidad a Hungría, que vio congelados el 55% de sus programas de cohesión, pero consideran que la situación justificaba la retención del 100% de esos fondos. La Comisión debe supervisar continuamente la situación del Estado de Derecho en Hungría y Polonia y mantener los fondos congelados «mientras las violaciones del Estado de Derecho amenacen la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión», agregan.

Lista negra de ONG excluidas del acceso a los fondos e instituciones de la UE

Para garantizar que los fondos de la UE solo financien organizaciones que respeten estrictamente los valores de la UE, los eurodiputados proponen establecer una lista negra pública de organizaciones no gubernamentales que participan en actividades como la incitación al odio, la incitación al terrorismo, el extremismo religioso o el mal uso de los fondos de la UE, para impedir que accedan a las instituciones de la UE. También piden a la Comisión que proponga un nuevo reglamento sobre las ONG que establezca las condiciones para recibir fondos de la UE y las obligaciones de informar sobre las fuentes de financiación, así como las actividades realizadas en nombre de agentes extranjeros.