La Comisión publica recomendaciones para combatir la pobreza energética en la UE

La pobreza energética afecta a los ciudadanos de todos los países de la UE. En 2022, los elevados precios de la energía, junto con la crisis del coste de la vida, hicieron que aproximadamente el 9,3 % de los europeos no pudieran mantener sus hogares adecuadamente calientes, frente al 6,9 % en 2021. Reconociendo la necesidad de una actuación aún más coordinada para contrarrestar esta tendencia, la Comisión ha publicado hoy una serie de recomendaciones sobre medidas y políticas que pueden adoptar los países de la UE para hacer frente a la pobreza energética. Proteger a los ciudadanos vulnerables y garantizar que la transición energética de Europa sea justa y equitativa es una piedra angular del Pacto Verde Europeo.

La inversión en eficiencia energética y energías renovables figura entre las medidas estructurales incluidas en la Recomendación de hoy. Estas medidas están diseñadas para tener un impacto duradero, abordando las causas profundas de la pobreza energética, como el bajo rendimiento energético de las viviendas y los electrodomésticos, el elevado gasto energético en proporción a los presupuestos familiares y los niveles de renta más bajos (agravados por la inflación). Las recomendaciones van acompañadas de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que contiene un análisis más detallado de las medidas recomendadas. Tras la revisión recientemente adoptada de la Directiva sobre eficiencia energética que incluye, por primera vez, una definición de pobreza energética a escala de la UE, la Recomendación también esboza cómo puede diagnosticarse la pobreza energética a escala nacional.

Ambos documentos señalan los Planes Nacionales de Energía y Clima (NECP), así como los Planes Sociales y Climáticos, como oportunidades para que los países de la UE reflejen las recomendaciones de hoy en su marco político para combatir la pobreza energética. El marco jurídico de la UE exige que la pobreza energética se identifique y se aborde en el Plan Nacional de Energía y Clima (NECP) de cada país de la UE, que debe actualizarse en 2024. Los países de la UE deben elaborar y presentar sus Planes Sociales y Climáticos a la Comisión antes del 30 de junio de 2025 para poder acogerse al Fondo Social para el Clima.

La publicación de la Recomendación y del documento de trabajo de los servicios de la Comisión se produce tras las amplias consultas llevadas a cabo por la Comisión con los Estados miembros y con las partes interesadas, incluidas las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil, los sindicatos, los grupos de lucha contra la pobreza, los proveedores de viviendas sociales, los defensores del medio ambiente, las organizaciones sanitarias, las cooperativas energéticas y los proveedores de energía.

Esta iniciativa ha ido acompañada de la renovación de la Declaración Conjunta sobre una mayor protección de los consumidores en invierno, firmada inicialmente en diciembre de 2022. Con el apoyo de la Comisión, las principales partes interesadas que representan a los consumidores, los reguladores, los proveedores de energía y los distribuidores se comprometieron a respetar unos principios comunes y a adoptar medidas, más allá de la legislación vigente, para apoyar a los hogares durante el invierno 2022-23. Aunque los precios mayoristas de la energía han disminuido desde los máximos alcanzados durante el invierno pasado, los clientes vulnerables y las personas en situación de pobreza energética siguen teniendo dificultades para pagar las facturas y el coste de la vida sigue siendo elevado. Por ello, las partes interesadas han acordado renovar la Declaración Conjunta para el invierno 2023-2024.

Documentos

Renovación de los principios comunes conjuntos para mejorar la protección de los consumidores este invierno