La Comisión propone medidas de ajuste económicas que devuelven el riesgo de austeridad

La reforma de las normas económicas de la UE propuesta por la Comisión Europea permitirá el regreso de la austeridad e impedirá la acción por el clima, a menos que se introduzcan cambios en los próximos meses.

---

Las normas actuales, que limitan el déficit presupuestario de los Estados miembros al 3% del PIB y la deuda al 60% del PIB, están suspendidas desde 2020 para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

La suspensión terminará en 2024 y las propuestas de hoy significarían que a partir del año que viene cualquier Estado miembro con un déficit superior al 3% tendrá que hacer un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del PIB al año.

Como 10 Estados miembros, entre ellos España, tienen un déficit superior al 3%, tendrán que empezar a tomar decisiones sobre recortes del gasto el año que viene, lo que podría abrir el camino de vuelta a la austeridad.

Los Estados miembros que superen los umbrales del 3% o del 60% también deberán garantizar que el crecimiento del gasto neto nacional se mantiene por debajo del crecimiento de la producción a medio plazo. Esto supondrá una presión adicional para que los Estados miembros recorten sus gastos.

Las normas impedirán a los Estados miembros cumplir los objetivos de la UE en materia de inversión en economía verde y digital para crear más y mejores puestos de trabajo. Esto significaría menos empleo, salarios más bajos, menos servicios públicos y más pobreza, algo que desde UGT no vamos permitir.

Si bien es cierto, que la reforma de las normas económicas europeas viene siendo necesaria desde hace mucho tiempo, esta propuesta está muy distante del cambio necesario para que la economía europea mejore la vida de la ciudadanía, ya que promueve los recortes y la austeridad frente a la inversión y al crecimiento.

En su lugar, desde UGT exigimos la introducción de una «regla de oro de la inversión pública«, al tiempo que se garantiza un nivel adecuado de gasto corriente, lo que garantizaría que la inversión pública neta quede excluida de las normas de equilibrio presupuestario.