La política de cohesión tiene que ser la herramienta para acabar con las desigualdades en Europa

Mari Carmen Barrera expuso las conclusiones del dictamen de UGT sobre una futura política de cohesión «2.0.» ante el grupo de trabajo del Consejo de la UE, así como en la «Semana europea de las regiones y ciudades» organizada en el Comité de las Regiones.

La secretaria de Políticas Europeas de UGT ha expuesto las conclusiones del dictamen de UGT «El Mecanismo de Recuperación y Recuperación y la política de cohesión: hacia la política de cohesión 2.0» ante el grupo de trabajo del Consejo de la UE, previo a la adopción de sus conclusiones para diseñar el futuro de la política de cohesión europea.

Asimismo, participó en la “Semana europea de las regiones y ciudades”, celebrada conjuntamente entre el Comité de las Regiones y la Comisión Europea, en una mesa sobre el futuro de la política de cohesión, junto al presidente del COR, Vasco Cordeiro y la Comisaria para la política de cohesión y reformas, Elisa Ferreira.


¿Cómo reforzar un enfoque basado en el lugar tanto en la política de cohesión como en otros instrumentos de la UE para llevar a cabo reformas garantizando al mismo tiempo que ningún lugar ni ninguna persona se queden atrás?

Es necesario diversificar y flexibilizar más la política de cohesión para poder prestar más atención a las personas, especialmente a las más vulnerables, y abordar mejor la desigualdad de oportunidades a la que muchas se enfrentan. La desigualdad de oportunidades lastra el crecimiento y la competitividad.

Además consideramos esencial que la diversificación y la especialización se diferencien aún más en términos de apoyo financiero, modalidades de apoyo, gestión presupuestaria, objetivos e inversión. Recomendamos especialmente tomar en consideración los hitos y los objetivos adoptados actualmente en el marco de los planes nacionales de recuperación y resiliencia del MRR. Esto requiere:

Garantizar que el uso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) sea plenamente compatible con la aplicación de la futura política de cohesión y que las inversiones y los programas ya iniciados en el marco del MRR no queden en suspenso debido a cambios en la financiación del Mecanismo. Estas inversiones son fundamentales para los objetivos de cohesión y, si se paralizan, pueden tener un impacto muy negativo en el desarrollo de las regiones y territorios y, en particular, en las necesidades de los grupos de población vulnerables; Hay que prestar especial atención a las categorías de personas con las tasas de empleo más bajas (mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con un bajo nivel educativo), para las que son necesarios programas específicos de formación, reciclaje y acompañamiento en el territorio. Asimismo deben realizarse esfuerzos de innovación para estas categorías de personas trabajadoras, habida cuenta de las nuevas tecnologías y sus características;

Existe un consenso general sobre el hecho de que la doble transición impulsada por la UE (ecológica y digital) conlleva grandes retos políticos en términos de apoyo público y participación de las comunidades locales, ¿Cómo afecta a la política de cohesión?

La política de cohesión tiene que reforzar las inversiones digitales en los programas actuales destinados a reducir la brecha digital, pues la transición digital entraña riesgos para las brechas sociales y territoriales, con efectos en el mercado laboral derivados de la automatización y la inteligencia artificial, el acceso desigual a los servicios digitales y las competencias digitales desiguales de los trabajadores. Hay que dotar a las empresas, al sector público y a las personas de una nueva generación de tecnologías;

La política de cohesión debe seguir siendo la política de inversión clave de la UE para apoyar la política regional europea de adaptación a los objetivos en materia de clima, con vistas a lograr una sociedad neutra en carbono y conseguir una transición con un impacto positivo en términos de creación de empleo estable y de calidad.

Gracias a NextGenerationEU, la capacidad fiscal de la UE ha aumentado sustancialmente (en torno al 0,7% del PIB de la UE). Esto permite seguir desarrollando algunas acciones innovadoras, como la iniciativa sobre las inversiones interregionales en innovación (I-3), la transición justa o un enfoque ITI más desarrollado que respete el principio basado en el lugar,  entre otras. Por tanto, recomendamos encarecidamente garantizar el compromiso de la futura política de cohesión en estos ámbitos esenciales;

¿qué modelo de gobernanza para los instrumentos financiados por la UE sería el más adecuado?

Consideramos especialmente importante hacer un llamamiento a los Estados miembros de la UE y a las regiones para que hagan participar a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de la manera más amplia y genuina posible en la elaboración de la política de cohesión, a través de los correspondientes acuerdos y en el seguimiento de sus efectos. Y esto lo decimos desde el terreno porque una evaluación de la aplicación de los fondos para la transición justa, nos lleva a una práctica totalidad de experiencias de transición de empresas con impacto negativo para el empleo. Los planes de transición en estas zonas en su mayoría no se soportan en acuerdos con los interlocutores sociales, con lo cual la condicionalidad de creación de empleo no existe en estos acuerdos transición. No puede existir transición justa con impacto negativo en el empleo y desde luego esto tiene un impacto muy negativo en los objetivos de cohesión, es algo que no puede ocurrir y que solo se puede corregir contando con la participación de los agentes sociales en el terreno e introduciendo la condicionalidad de los fondos a la creación de empleo.

Además esta participación puede contribuir a hacer frente a la presión sobre la democracia, aumentando la apropiación de las políticas de la UE.

Esta implicación también ayudará a valorar en qué medida se han alcanzado los objetivos de la política de cohesión, los cuales no deben basarse únicamente en indicadores cuantitativos, sino también en indicadores cualitativos, es decir, que midan el desarrollo y no solo el crecimiento.

Es esencial racionalizar la política de cohesión para los beneficiarios mediante la simplificación y la flexibilidad en la aplicación de los fondos, que deben utilizarse para alcanzar sus objetivos. Es necesario garantizar normas claras y sencillas para los fondos nacionales y de la UE, ejecutados en régimen de gestión compartida en un reglamento único y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad administrativa de los agentes regionales, locales y de la sociedad civil, superando la mala percepción actual del exceso de burocratización y de las dificultades de acceso a la misma y la complejidad.

La comisaria para la política de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira intervino a propósito de poder observar el reto de como los países pueden combinar la eficiencia con la desigualdad.

Así mismo el presidente del Comité de las Regiones, Vasco Cordeiro destacó la necesidad de centrarse en los objetivos en cómo se alcanzan  y no en cuanto dinero se gastan en estas políticas.

“Lo más importante ahora es las elecciones europeas, pues es un momento importante clave para las políticas de cohesión. Necesitamos claros compromisos sobre los asuntos clave de la política de cohesión”.

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