Pedro Sánchez, reelegido presidente del Gobierno: Por una legislatura de avances sociales

Pedro Sánchez, reelegido presidente del Gobierno. Sin sorpresas. El candidato del PSOE ha obtenido la confianza de la Cámara en primera votación y ha sido elegido con mayoría absoluta (179 votos). Como era esperado, Sánchez ha contado con el apoyo de los diputados del PSOE (121), de Sumar (31), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y Coalición Canaria (1). 

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Desde UGT damos la enhorabuena al Presidente Pedro Sánchez y celebramos la posibilidad de lograr cuatro años más de progreso, consolidando y asumiendo nuevas metas sociales. Por ello, os dejamos a continuación este artículo, publicado en La Vanguardia, de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, secretario general de CC.OO.

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Lamentablemente España se encuentra cada vez más polarizada, lo que provoca que sea imposible alcanzar los necesarios acuerdos de Estado que permiten a la sociedad asentar las bases para la convivencia de varias generaciones. Estas últimas semanas asistimos a una muestra de esa tensión en la que hay quienes discuten la legitimidad de los resultados de las últimas elecciones generales.

En España vivimos en una democracia representativa. El pueblo elige directamente al poder legislativo y la configuración de mayorías en éste elige al presidente del Gobierno, que a su vez nombra al poder Ejecutivo. Esa puridad democrática es la que estamos viviendo con la investidura de Pedro Sánchez. Solo el poder judicial en nuestro país permanece con el mandato caducado.

El salario mínimo, la reducción de jornada y el despido, grandes objetivos sindicales

Precisamente esta crispada crítica política se ha trasladado a ese poder del Estado en situación anómala —el Consejo General del Poder Judicial— que, en aras de la propia división de poderes, no debería haberse pronunciado políticamente sobre proyectos legislativos que todavía no han trascendido al ámbito judicial. La acomodación al ordenamiento jurídico de nuevas medidas de gracia, (que en el pasado han sido eficaces en términos de convivencia y recuperación económica), deberá trasladarse, en todo caso, al Tribunal Constitucional. La convivencia social y política, y el fin del choque entre instituciones, debe ser el gran objetivo.

Todo este ruido no debe ocultar los principales retos que afectan a nuestra sociedad, la ciudadanía y las empresas. La anterior legislatura logró un avance en derechos sociales pocas veces experimentados en nuestra historia.

El reto para la legislatura que comienza es mayúsculo. El pacto de investidura expresa compromisos como la apuesta decidida por el diálogo social. Esta ­instancia nos parece fundamental ante lo complejo de los retos que tenemos producto de las transformaciones de época que estamos viviendo. Nadie ­como las organizaciones de personas trabajadoras y empresas para cooperar ante los cambios, para consolidar ­derechos y mejorar la economía. Por eso, creemos que es necesario desarrollar el artículo 129 de la Constitución, abriendo la puerta de la democracia en las empresas con más participación de sus trabajadores y trabajadoras.

Compartimos la necesidad del Estatuto del Trabajo del siglo XXI. El texto actual es una versión enmendada del original del 1980. Es evidente que han cambiado las necesidades y los desafíos en las relaciones laborales. El teletrabajo no existía; las reivindicaciones sobre la conciliación de la vida personal y laboral no eran una prioridad; fomentar la prevención de la salud mental en el puesto de trabajo no había roto el tabú social.

Desde CC.OO. y UGT buscamos la consolidación de derechos en los que se avanzó en la legislatura pasada. El incremento del salario mínimo interprofesional, que deberá seguir aumentando hasta garantizar por ley, al menos, el 60% del salario medio. Hay que convertir este mandato legislativo en el del pleno empleo.

Hay materias en las que pedimos ambición al nuevo Gobierno progresista. La reducción de jornada y la regulación del despido son solo dos ejemplos. La coalición de fuerzas de izquierda apuesta por reducir la jornada laboral máxima legal a 37 horas y media semanales. La propuesta transcurre en la buena dirección, pues supone la primera reducción de jornada desde la implantación de la jornada de 40 horas semanales en 1983. Aún queda camino hacia las 35 horas que, en nuestra opinión, deben alcanzarse al final de este periodo de sesiones. Las mejoras de productividad deber repartirse entre capital, inversión y trabajo, y la reducción de la jornada es una medida eficaz para ello.

En esta legislatura se deben fijar las garantías de las personas trabajadoras frente al despido injustificado, cumpliendo la Carta Social Europea. Este compromiso es uno de los elementos que marcará el futuro próximo, en la que las personas trabajadoras deben recuperar una protección justa, que desincentive los despidos sin causa.

La ciudadanía otorgó una correlación de fuerzas parlamentarias que determina una mayoría plural, y evita la llegada de la extrema derecha al gobierno. Es necesario que el Gobierno, fruto de la voluntad mayoritaria del pueblo español empiece ya a caminar para que podamos seguir recuperando y afianzado derechos. UGT y CC.OO. lucharemos con firmeza por todo ello.