Jornada de UGT en el CESE: «La voz de las personas trabajadoras por una participación más democrática» (7/11/2023)

La transformación digital y ecológica es una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo, que representa sobre todo un reto sociopolítico. La neutralidad climática y la transformación digital solo podrán alcanzarse si la mayoría de la población apoya estos objetivos.

Aunque las políticas de lucha contra el cambio climático pueden provocar grandes cambios socioeconómicos, el progreso social no es posible sin un progreso económico sostenido, y este último o puede tener lugar sin una transición social y laboralmente justa.

La doble transición ecológica y digital provocará profundos cambios socioeconómicos. Para que esta transición sea socialmente justa y conduzca a una sociedad más justa, ecológica y digital, debemos crear el marco social y jurídico necesario. Si lo conseguimos, podremos crear y mantener buenos empleos verdes que permitan una buena vida para todos, en la UE y fuera de ella.

La UE ya ha tomado una serie de iniciativas en los ámbitos de la digitalización y la protección del clima, como la Ley de la IA, la DSA y la DMA, por un lado, y la Ley del Clima de la UE, Fit for 55 y RepowerEU, por otro, por nombrar solo algunas. No obstante, aún queda mucho por hacer para alcanzar el objetivo de neutralidad climática para 2050 y la necesaria digitalización asociada y, sobre todo, para que esto sea socialmente equitativo.

No obstante, la UE debe esforzarse más por situar a las personas en el centro de la transición ecológica y digital. Tanto la legislación nacional como la europea siguen centrándose demasiado poco en las personas y en cómo su vida cotidiana y, sobre todo, su trabajo se verán modificados por la transformación verde y digital. Para que esto cambie en el futuro, necesitamos establecer una legislación que garantice que los representantes de los trabajadores participen en los procesos de transformación mencionados lo antes y lo más estrechamente posible. Esto no es en beneficio de los trabajadores, sino también de las empresas.

Las experiencias realizadas hasta ahora demuestran que los procesos de transición que implican, a todos los niveles, a los interlocutores sociales tienen más probabilidades de éxito en términos de justicia socioeconómica. Por lo tanto, es necesario trabajar juntos en un enfoque global que refuerce las políticas de inversión, así como las políticas de compensación social, en beneficio de los hogares más vulnerables. Deben prevalecer las medidas industriales, laborales y de protección social, acompañadas de formación y reciclaje, para garantizar el mantenimiento y la creación del mayor número posible de empleos sostenibles y de calidad.

El proceso de descarbonización y las políticas aplicadas están provocando importantes cambios económicos en Europa y están generando perturbaciones sociales que afectan al empleo y al bienestar. En definitiva, las políticas de transición energética y climática y el paquete legislativo Fit for Fifty-Five no están teniendo en cuenta el impacto sobre el empleo y están teniendo importantes repercusiones sobre el empleo, directas e indirectas, tanto a nivel sectorial como geográfico, y estos impactos están siendo más drásticos, especialmente en las zonas dependientes de sectores contaminantes, donde no existen alternativas.

Los Planes Territoriales de Transición Justa definen dónde se utilizarán los fondos MTJ, a través de la identificación de los retos y necesidades de desarrollo. Por lo tanto, necesitamos que se diseñen, con una visión a largo plazo, junto con los interlocutores sociales y a través del Diálogo Social y la Negociación Colectiva, de forma transparente. Nuestro reto es integrar a los interlocutores sociales en los diferentes niveles de gobernanza, con participación en el diseño y el seguimiento, con especial atención al nivel local y regional.

Otro reto es garantizar la protección de los trabajadores y su participación en la gestión socialmente justa de la transición ecológica en las empresas. En los convenios colectivos debe haber espacio para una transición justa que beneficie a los trabajadores y no deje a nadie atrás. También hay que hablar de protección social ecológica.

Por ello, debemos asegurar que los planes territoriales de transición verde deben ir acompañados de acuerdos de concertación social justos, y de convenios colectivos verdes con perspectiva de género, en los que la creación y protección de empleo sostenible de calidad, así como el apoyo a las personas, sean condiciones necesarias para que las empresas puedan acceder a la financiación de la transición verde y socialmente justa. En definitiva, no debe haber transición verde con impacto negativo en el empleo.

La transformación digital ha traído consigo un aumento de las desigualdades en el mercado laboral, por lo que las inversiones en el acceso a la formación continua son tan importantes como las que se realizan en innovación para que la transición se haga de forma justa.

Las previsiones de empleo existentes ponen de manifiesto un claro déficit de competencias verdes. El déficit de cualificaciones digitales y verdes existe, y afecta más a los grupos vulnerables. La plena cualificación para afrontar estos retos debe convertirse en un derecho real para todas las personas, basado en una formación validada y certificada en competencias digitales y verdes.

En este marco, el diálogo social y la negociación colectiva son absolutamente necesarios para poder ajustar los programas de formación y reciclaje a las necesidades reales derivadas de la doble transición, garantizando que todos tengan la posibilidad de formarse. El diálogo social también desempeña un papel a la hora de fijar salarios dignos y garantizar la seguridad del empleo, así como la inversión en tecnología. El diálogo social también es muy relevante para los cambios menos visibles hacia la producción ecológica en las empresas de toda la economía, que implican adaptar la organización del trabajo, los perfiles laborales y las estrategias de cualificación.

Es esencial que los trabajadores dispongan de tiempo para formarse en estas competencias, por lo que los permisos de formación remunerados, junto con la implantación de una semana laboral más corta, deben desempeñar un papel crucial en la transición y en el impulso de la participación de las mujeres en el mercado laboral.

El éxito de la transición verde y digital dependerá en gran medida de las políticas que se pongan en marcha. Por lo tanto, el avance hacia una economía verde es, además del evidente impacto positivo sobre el medio ambiente, una gran oportunidad para mejorar las normas laborales a través del acuerdo social entre los interlocutores sociales para una transición justa. La experiencia sugiere que los resultados negociados pueden ser más equilibrados y sostenibles, y que dar voz efectiva a los directamente afectados contribuye a diseñar mejor los puestos de trabajo.

La jornada se podrá seguir por internet a través del siguiente enlace (Webstream | European Economic and Social Committee) y contara con traducción al español.