Necesitamos una transición justa y una estrategia industrial rica en empleo de calidad en la UE

Desde UGT seguimos exigiendo que la transición ecológica vaya acompañada de políticas sociales y de empleo, acordadas mediante el diálogo social, que garanticen una transición justa para todas las personas trabajadoras europeas.

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El martes, el Parlamento aprobó los acuerdos alcanzados a finales de 2022 con los países de la UE sobre varios actos legislativos clave que forman parte del paquete «Objetivo 55». Entre ellos, la revisión y ampliación del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y el Fondo Social para el Clima (FSC).

Con este plan, la UE espera reducir, a más tardar en 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55 %, y aplicar el objetivo de neutralidad climática de la Ley del Clima de la UE para 2050. Desde UGT, si bien apoyamos estos objetivos que somos conscientes que suponen un gran reto para muchos sectores, insistimos en la necesidad de que debe llevarse a cabo a través de políticas que garanticen una Transición Justa para las personas trabajadoras y los territorios.

Para mitigar las consecuencias laborales y sociales de la transición ecológica debemos ser partícipes, como interlocutores sociales, de la creación e implementación de estrategias que fomenten la creación de empleos verdes de alta calidad para hacer frente a las desigualdades y no dejar a nadie atrás. Por todo ello, reclamamos a las instituciones competentes que adopten medidas concretas que hagan realidad la transición justa.

Resumen de las nuevas leyes clave para alcanzar los objetivos climáticos

La reforma del RCDE incentivará a los sectores energético e industrial a descarbonizarse por completo, ya que el número anual de certificados gratuitos de CO2 que se distribuirán se reducirá gradualmente hasta llegar a cero en 2040.

El Parlamento también dio luz verde al nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que entrará en vigor en 2026, cuyo objetivo es incentivar a terceros países para que eleven la ambición de sus objetivos climáticos y garantizar que los esfuerzos climáticos de la UE y mundiales no se vean socavados por la deslocalización de la producción desde la UE a países con políticas menos ambiciosas.

Asimismo, se creará un nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE II) para fijar un precio del carbono más alto para los combustibles utilizados en el transporte y la calefacción, y parte de los ingresos del RCDE II se utilizarán para financiar un nuevo Fondo Social para el Clima, que ayudará a las familias vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte afectados por la pobreza energética y de transporte.