Informe de Eurofound & AEMA «La transición hacia una economía climáticamente neutra y sus repercusiones socioeconómicas»

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), cuya función es proporcionar conocimientos para contribuir al desarrollo de mejores políticas sociales, de empleo y relacionadas con el trabajo, y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que se encarga de proporcionar información independiente sobre el medio ambiente, han publicado el Informe “La transición hacia una economía climáticamente neutra: Exploración de las repercusiones socioeconómicas” que os presentamos traducido.

La transición de la Unión Europea (UE) hacia una economía climáticamente neutra requiere nada menos que una revolución industrial limpia. Este informe explora las posibles implicaciones socioeconómicas de este cambio fundamental para diferentes regiones europeas y grupos de población, siguiendo un enfoque de prospectiva. Para comprender mejor las desigualdades económicas y sociales emergentes a escala regional y de la UE, se ha contado con la participación de partes interesadas y expertos. Los resultados de la investigación se presentan junto con sugerencias políticas sobre el desarrollo de medidas para lograr una transición justa que no deje a nadie atrás.

Entre las principales conclusiones de este informe se encuentran las siguientes:

• El paso a una economía neutra para el clima puede crear nuevas e interesantes oportunidades con ganancias netas de empleo, nuevos sectores empresariales y un medio ambiente más sano.
• A pesar de las oportunidades, la transición hacia una economía climáticamente neutra tendrá efectos desproporcionados en determinadas regiones y corre el riesgo de dejar atrás a determinados grupos.
• Esto pone de relieve la urgente necesidad de aumentar la inversión en educación, (re)cualificación, apoyo adaptado a las transiciones laborales y una protección social adecuada en toda la UE para garantizar una transición justa.
• La amplia participación de la sociedad civil, los interlocutores sociales y las autoridades públicas en la transición justa se ha revelado fundamental para garantizar y distribuir equitativamente los beneficios de la actividad económica y los recursos, así como para sortear los conflictos.
• La institucionalización y el refuerzo de los mecanismos de participación serán cruciales, y los ciudadanos deben recibir información fiable para participar en los procesos de toma de decisiones, también a través de la educación formal.
• Una gobernanza multinivel eficaz a escala de la UE, nacional y regional requiere una fuerte inversión en desarrollo de capacidades y una base de datos integrada a escala de la UE basada en datos sociales, económicos y medioambientales que incluya los niveles regional y local.
• Esto último es especialmente importante para el cambio sistémico a largo plazo necesario para reorganizar los sistemas más amplios de producción y consumo, así como para reconfigurar las relaciones de poder entre el Estado, el sector empresarial, los sindicatos y los ciudadanos.

La transición energética, además de una cuestión medioambiental, es un profundo desafío social, ya que tendrá considerables impactos negativos sobre las regiones, las personas trabajadoras y los grupos más vulnerables.

Desde UGT, defendemos que no puede haber transición justa con un impacto negativo en el empleo y, por ello, exigimos a las instituciones europeas y a los gobiernos que sitúen en el centro de sus prioridades las políticas de empleo y protección social.

Una transición ecológica justa y bien ejecutada debería servir de motor de creación de empleo, y esto solo podrá materializarse a través de la participación de los agentes sociales y a través del diálogo social y la negociación colectiva.

En definitiva, en este marco de actuación, nuestros esfuerzos como sindicato deben ir dirigidos a mejorar las perspectivas de vida de la clase trabajadora focalizándonos en los siguientes aspectos:

• Ofrecer empleos de calidad como alternativa, así como la protección social de todas las personas trabajadoras implicadas en el proceso de transición energética y digital.
• Garantizar una formación validada y certificada en habilidades digitales y ecológicas que, apoyadas por un permiso retribuido y la jornada laboral de 32h, permita la recualificación de las personas trabajadoras.
• Afianzar la voz, información, consulta y participación de las personas trabajadoras a través de figuras y órganos específicos como la persona delegada de medio ambiente o el comité paritario medioambiental.