Aprobado el dictamen de UGT: «Política energética y mercado laboral»

Mari Carmen Barrera Secretaria de Políticas Europeas y miembro del CESE presenta la propuesta de opinión a iniciativa propia en la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía del CES Europeo que ha sido votada y aprobada esta mañana, en el seno de la misma. El motivo de esta iniciativa es, según sus propias palabras, que no se ha tenido en cuenta en el paquete normativo «fit for fifty five», uno de los paquetes normativos más relevantes de los últimos años, lo social y concretamente el impacto en el empleo. En la opinión a contado con la colaboración de los expertos investigadores del instituto europeo para la investigación económica y social, CASE.

Sin garantías de empleo sostenible, protección social y ayudas a las empresas por la transición, no habrá futuro competitivo y saludable para Europa ni para el mundo, porque la transición energética no es solo una cuestión de tecnología e inversión pública y privada, sino también un profundo desafío social global.

Nos toca pues a los representantes de la sociedad civil organizada, volver a pedir a la Comisión y a los estados miembros que pongan en el centro de todas las políticas el empleo y la protección social, pues no puede haber transición justa con un impacto negativo en el empleo. Y lo decimos ahora y frente a evidencias innegables.

-En el dictamen se pide que la Unión Europea acelere drásticamente la transición hacia una energía limpia y resuelva de una vez por todas la independencia energética de Europa frente a proveedores poco fiables y combustibles fósiles volátiles.

–Porque mientras se mantenga la dependencia de los combustibles fósiles existirán los riesgos ambientales y energéticos debido a que afectan a las actividades económicas y al conjunto de las medidas políticas relacionadas, con un alto impacto en las regiones, sectores económicos, trabajadores y grupos de población más vulnerables-

Y aunque una transición exitosa incrementará el PIB (hasta un 5,6 % en 2050, según estudios), los niveles de empleo (la OIT y la IRENA estiman que se multiplicarán aproximadamente por 4 los empleos creados respecto de los que se perderán], así como su calidad, dada la mayor cualificación que precisan. El abaratamiento de la energía a través de fuentes renovables, como la solar fotovoltaica, o por hidrógeno, mejorará los accesos a estos servicios y también la producción, creando más empleo. Un empleo además más difícil de deslocalizar, beneficiando a numerosas regiones, en especial aquellas con riesgo de despoblación. También hay que tener en cuenta los efectos positivos para la salud de los entornos de trabajo. Estos resultados, hasta ahora son solo predicciones que exigen de políticas y medidas adaptadas a este fin.

-Es preocupante por ello, los graves efectos negativos, económicos, ocupacionales y sociales que, a corto y medio plazo, están generando la transición energética, agravados por la crisis actual geopolítica, guerra de Ucrania, y económica (inflación elevada y descontrolada; problemas en las cadenas de suministros, etc.). El aumento de los precios de la energía ha afectado a los hogares más vulnerables, así como a muchas empresas de toda la UE. Las altas facturas energéticas elevan los costes de las empresas y repercuten en sus niveles de producción y empleo, viéndose obligadas a planes de reestructuración.

Para paliar estos efectos negativos en general se pide a la Comisión y al Parlamento, a los Estados miembros y a las regiones de la UE (cuyas experiencias al respecto son muy dispares, exitosas unas, deficitarias otras) a adoptar medidas que faciliten un desarrollo más equilibrado territorial y socioeconómicamente implicando a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de una manera más innovadora y efectiva en el diseño e implementación de las políticas de transición energética con alto valor añadido en términos de empleo y de protección social, así como en su seguimiento y evaluación. Por ejemplo, pueden promoverse los procesos de concertación y, en su caso pactos sociales para garantizar una transición justa. Otro de los acuerdos clave de gobernanza para implementar y monitorear el progreso de las transiciones socialmente justas es el Semestre Europeo.

Y ello porque la experiencia actual de diálogo social y negociación colectiva en relación con la transición energética a nivel de macropolítica no es positiva. En la mayoría de los países, la participación de los interlocutores sociales en la concepción, implementación y desarrollo de políticas relacionadas con las transiciones digital y verde, se considera insuficiente.

-Es necesario además una mayor integración en los marcos normativos y en las políticas ambientales y energéticas de las políticas de mercado de trabajo, incentivos al empleo de calidad sostenibles como valor añadido de la transición energética.

–Fondos para repartir los costes de los procesos de reestructuración, temporal o definitiva;

–Programas de recualificación profesional para mejorar la empleabilidad en una economía descarbonizada, etc.)

–Políticas de bienestar social (garantías de acceso universal a los servicios de energía, garantía de rentas de sustitución, ingresos mínimos suficientes, etc.). La integración de estas políticas, en el marco del plan de desarrollo del pilar europeo de derechos sociales, debe hacerse siempre a través del diálogo social y de la negociación colectiva, sin perjuicio de la autonomía y diversidad de los diferentes sistemas de relaciones laborales de cada Estado.

–Una renovada política de cohesión (económica, social y territorial) que priorice las interrelaciones entre las cuestiones de la transición energética, los mercados de trabajo y el desarrollo regional.

–Reforzar las políticas de inversión, pública y privada, así como las políticas de compensación social, dados los efectos negativos en la competitividad de las empresas de la UE y en las PYMES, así como en los hogares más vulnerables, (apoyo para compensar mayores costes empresariales, garantía de recursos para evitar la pobreza energética, etc).

–También se exigen mecanismos de seguimiento y evaluación del buen uso de los fondos para aumentar la participación de los entes locales y regionales y los interlocutores sociales.

– Alentar al uso del plan REPowerEU, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para estabilizar las condiciones de mercado y garantizar el suministro universal a la ciudadanía europea.

– Un uso más eficaz del Mecanismo para una Transición Justa, con nuevas acciones complementarias a escala regional para preservar el mayor número posible de empleos y garantizar que los nuevos sean de buena calidad, ( hay que tratar de corregir y no perpetuar en la transición, los desequilibrios y desigualdades del mercado de trabajo) siempre con una participación real del diálogo social y de la negociación colectiva, así como de las entidades de economía social.

– La mejora, agilización y simplificación, de los programas de acceso de Pymes a la financiación, con servicios de apoyo y acompañamiento continuado, para hacer frente a las mayores dificultades de estas empresas.

– Los planes territoriales de transición energética deben ir acompañados de los debidos convenios o acuerdos de concertación social justa en los que la creación, mantenimiento y protección del empleo sostenible de calidad y el acompañamiento de las personas sean condiciones necesarias en el diseño, aplicación y evaluación de las medidas previstas, incluidos los fondos recibidos, para fomentar la transición energética.

–Los objetivos de descarbonización comprometidos deben mantenerse porque nuevas ralentizaciones tendrían efectos más negativos que su aceleración en el medio y largo plazo, pero reiteramos la necesidad y urgencia de inversión económica y social.

– Se necesita además, indicadores útiles, como el relativo al potencial de empleo de descarbonización (DEP) y otros. La implementación del pilar europeo de derechos sociales en el ciclo del Semestre Europeo, junto con su seguimiento a través del cuadro de indicadores sociales, es un paso en la dirección correcta.

– Hay que reforzar la participación de prosumidores (consumidores pasivos de energía que se convierten en ciudadanos activos como productores de energías renovables) y ciudadanos (comunidades energéticas) para acelerar la transición energética en Europa.

–Los marcos de la Unión de la Energía y el Pacto Verde son adecuados pero insuficientes.

-Aunque útil, el Fondo de Transición Justa (FTJ) tiene sus límites, que deben rectificarse.

Y por último, avanzar en una, ahora difícil, taxonomía de los empleos verdes.

A modo de conclusión, la forma y efectos de la transición energética, como parte de la transición gemela (digital y verde) dependerán de la formulación de políticas de inversión inclusivas (condicionadas por la promoción de empleos decentes sostenibles) y participadas socialmente, involucrando la voz de las personas empleadas y sus representaciones a nivel de la UE y nacional, sectorial y de empresa. Esto es fundamental y condición indispensable para garantizar una transición exitosa.