Informe de la Comisión Europea «Modelos de protección social de los cuidados de larga duración en la UE»

La Comisión Europea, cuya función principal es ayudar a dar forma a la estrategia general de la UE, proponer nuevas leyes y políticas de la UE, supervisar su aplicación y gestionar el presupuesto de la UE, ha publicado el estudio “Modelos de protección social de los cuidados de larga duración en la UE”.

El informe examina los sistemas de cuidados de larga duración para personas mayores de 65 años en los 27 Estados miembros de la UE, revelando que en las últimas décadas los problemas de los cuidados de larga duración han cobrado cada vez más importancia en las agendas políticas de los Estados miembros de la UE. Al mismo tiempo, en muchos países las políticas y los sistemas de cuidados de larga duración siguen estando menos desarrollados que otras ramas de la protección social.

La expansión de las políticas de cuidados de larga duración tiene que enfrentarse a un trilema: garantizar una cobertura adecuada de las necesidades con servicios formales asequibles y de alta calidad; determinar hasta qué punto la satisfacción de las necesidades de cuidados de larga duración depende de los cuidadores informales, garantizando al mismo tiempo que los cuidados informales sigan siendo una opción y no una necesidad y que los cuidadores informales reciban un apoyo adecuado; y tratar de intensificar las inversiones y reformas en un momento en que los presupuestos públicos están bajo presión y no pueden ampliarse fácilmente.

El informe muestra que los Estados miembros de la UE responden de forma diferente a este trilema e identifica seis modelos de protección social para los cuidados de larga duración que se desprenden del análisis, que son los siguientes:

• Un modelo de intervención estatal limitada: Se caracteriza por un nivel muy bajo de gasto público en cuidados de larga duración (una media del 0,4% del PIB).
• Un modelo de intervención leve del Estado a través de prestaciones económicas (España): El gasto público ronda el 0,8% del PIB.
• Un modelo de intervención estatal leve a través de los servicios: Invierten más recursos, pero siguen estando por debajo del nivel medio de la UE-27;
• Una fuerte intervención del Estado a través del modelo de prestaciones en metálico: El que el apoyo financiero es relativamente constante (1,7% del PIB).
• Un modelo de fuerte intervención del Estado a través de los servicios: Gastan una parte relativamente alta de su PIB en estas políticas (2,0%).
• Un modelo de intervención estatal muy fuerte a través de los servicios: Invierten una parte muy alta de los recursos públicos (3,5% de su PIB).

En la actualidad europea, elenvejecimiento poblacional y la crisis del coste de la vida están empujando a millones de trabajadores a la pobreza, por ello, desde UGT luchamos por garantizar que los cuidados de larga duración sean accesibles, asequibles y de calidad, permitiendo a las personas que lo necesitan mantener su autonomía durante el mayor tiempo posible y vivir con dignidad.

La nueva Estrategia Europea de Cuidados envía un mensaje oportuno y muy necesario a los Estados miembros sobre la necesidad de mejorar la atención a personas usuarias y trabajadoras. En este sentido, los cuidadores y cuidadoras sufren condiciones de trabajo difíciles y salarios bajos, por lo que resulta fundamental promover una mayor negociación colectiva que garantice y mejore sus condiciones salariales y laborales.

La inadecuación de los servicios de cuidados de larga duración generan desigualdad y una carga desproporcionada para las mujeres, las cuales se ven obligadas a reducir o abandonar su puesto de trabajo para hacerse cargo de este tipo de labores. Esto resulta inaceptable, así pues reclamamos que la UE, mediante una modificación de sus normas de política económica, posibilite una mayor inversión pública que: amplíe y mejore los servicios; genere nuevos puestos de trabajo de calidad; y libere a las mujeres de las cargas asociadas a los cuidados de larga duración.

En último lugar, pero no menos importante, exigimos la ratificación por parte de todos los Estados miembros de la UE del Convenio 189 de la OIT sobre las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores domésticos que, en este caso, el Gobierno de España ha acordado dignificar.