Un pequeño impuesto sobre el patrimonio podría aumentar los ingresos fiscales en la UE en casi un cuarto de billón de euros
El Grupo de los Verdes/ALE ha publicado un nuevo informe que pone de relieve las cantidades de ingresos fiscales que los países europeos podrían obtener mediante un pequeño impuesto sobre el 0,5% más rico.
El estudio concluye que incluso un impuesto del 1,7-3,5% podría aportar a las arcas nacionales hasta 213.300 millones de euros. Dado que algunas de las personas más ricas suelen ocultar su patrimonio en paraísos fiscales, el estudio también examina esos ingresos potenciales y concluye que habría 59.500 millones de euros adicionales si se combatieran las jurisdicciones secretas.
El estudio destaca además cómo podría utilizarse este dinero en toda la UE. Por ejemplo, el informe concluye que estos ingresos adicionales podrían cubrir El 85% de la factura energética de cada hogar de la UE; o duplicar el salario de los profesores de primaria en la UE; o aumentar en un 50% los salarios de todas las enfermeras de la UE.
A continuación, os adjuntamos la información más relevante que recoge este informe en relación a nuestro país:
ESPAÑA[1]
LOS INGRESOS POTENCIALES DE UN IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Y ACABAR CON LOS ABUSOS FISCALES DE LOS RICOS
España podría recaudar un total de 19.700 millones de euros para el presupuesto público con la aplicación de un impuesto sobre el patrimonio moderado y progresivo. Esto corresponde al 1,48% del PIB. Además, al acabar con el abuso fiscal de los individuos ricos que ocultan sus fortunas en jurisdicciones secretas, España podría recuperar 1.500 millones de euros en ingresos fiscales. Es probable que la gran mayoría de los ciudadanos españoles aprecie esta recuperación de fondos públicos. Según el European Value Study, el 82% de los ciudadanos está en desacuerdo con la afirmación de que está justificado defraudar en el pago de impuestos si se tiene la oportunidad. España podría recaudar un total de 21.2 billones de euros de ingresos fiscales adicionales al año, lo que equivale a 1,60% de su PIB, pudiendo hacer buen uso de este dinero:
- Con el dinero adicional, España podría pagar los salarios de 531.909 profesores de primaria o aumentar su presupuesto de educación en un 38%.
- Los ingresos adicionales también bastarían para cubrir el 24% del gasto sanitario del país y permitirían a España emplear a 549.732 enfermeras hospitalarias más.
- El 86% del presupuesto de transportes de España podría pagarse con los ingresos adicionales. Esto permitiría al país pagar 1,9 veces sus recientes medidas para un transporte eficiente y bajo en carbono o cubrir 8,4 veces su inversión en ferrocarriles.
- 21.200 millones de euros representan el 66% del presupuesto destinado a los parados. Si el dinero recuperado en España se invirtiera íntegramente en la promoción de viviendas, podría pagar todas las inversiones actuales y multiplicarse casi por diez.
- Por supuesto, el dinero también podría simplemente redistribuirse entre todos los contribuyentes. El resultado sería un cheque a cada hogar de 1.123€ por término medio que sería suficiente para cubrir más del 86% de la factura energética del hogar.
ANEXO C: DIFERENCIAS CON LOS INGRESOS ESTIMADOS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Una de nuestras estimaciones que merece especial atención es la recaudación fiscal potencial en España. Nuestro análisis sugiere que la aplicación de un impuesto sobre el patrimonio en España podría generar aproximadamente 19.700 millones de euros, una vez contabilizados todos los impuestos existentes. Esta estimación supera con creces la previsión de 1.500 millones de euros de ingresos fiscales presentada[2]. La disparidad entre ambas cifras puede atribuirse a tres factores clave.
En primer lugar, a diferencia del impuesto de solidaridad español en su forma aplicada, el impuesto sugerido en este estudio no concede ninguna exención para clases específicas de activos (véase la sección 2.2). Basándonos en la literatura económica reciente, recomendamos eximir todos los activos por debajo de un umbral relativamente alto, como el nivel de riqueza del 0,5% superior, aplicando el impuesto de manera uniforme a todas las clases de activos. Dado que desconocemos qué fuentes se han utilizado para las cifras oficiales españolas, es difícil determinar en qué medida las exenciones concedidas contribuyen a la disparidad en las estimaciones de ingresos. No obstante, nuestras estimaciones demuestran claramente que tratar todas las formas de riqueza por igual -tanto por consideraciones de equidad como para minimizar las oportunidades de abuso fiscal tiene el potencial de ampliar significativamente la base imponible, lo que se traduce en importantes ingresos adicionales para la sociedad.
En segundo lugar, el análisis de los datos de la Base de datos mundial sobre desigualdad (WID) utilizados en este estudio sugiere que el impuesto sobre el patrimonio propuesto debería afectar a un número considerablemente mayor de personas, en contraste con la declaración oficial del Gobierno español. Según el Gobierno, el impuesto afectaría hasta a 23.000 personas físicas residentes en comunidades autónomas sin impuestos sobre el patrimonio existentes, que posean uno superior a 3 millones de euros. Las dos comunidades sin impuestos sobre el patrimonio anteriores son Madrid y Andalucía. Basándose en los datos de la WID, se estima que aproximadamente el 0,5% de la población adulta debería poseer una riqueza neta superior a 3 millones de euros[3]. Al combinar las poblaciones de Madrid y Andalucía, aproximadamente 48.400 individuos (equivalentes al 0,5% de la población adulta de 9.680.011) deberían, en consecuencia, estar sujetos a tributación. Esta cifra, que supera en más del doble la estimación del Gobierno, ni siquiera tiene en cuenta a los residentes que han logrado eludir el impuesto sobre el patrimonio debido a la anterior aplicación regional. La previsión más baja de sujetos pasivos realizada por el Gobierno puede atribuirse en parte a las diversas exenciones concedidas y en parte a la utilización de datos diferentes sobre el patrimonio de los residentes, que constituyen un tercer grupo de posibles razones de la gran disparidad de los dos conjuntos de estimaciones y sobre las que profundizaremos a continuación.
En tercer lugar, la estimación facilitada por el Gobierno español se basa probablemente en fuentes de datos muy distintas del conjunto de datos del WID. Si las cifras del Gobierno proceden de encuestas de hogares, es probable que subestimen significativamente la riqueza neta, ya que las encuestas tienden a infrarrepresentar a las personas más ricas y los encuestados a menudo no declaran su riqueza. Por el contrario, el conjunto de datos de WID se basa en diversas fuentes de datos para ofrecer una visión general completa y detallada, incluso capturando información sobre los residentes más ricos (Alvaredo et al. 2020).
Aunque estas discrepancias pueden tener un impacto mínimo al examinar otras cuestiones, la presencia de unos pocos superricos infradeclarados en un conjunto de datos puede sesgar en gran medida a la baja el potencial de recaudación del impuesto sobre el patrimonio, dada la naturaleza altamente sesgada de la distribución de la riqueza. Este sesgo se hace evidente al analizar las estimaciones españolas: Proyectar unos ingresos de 1.500 millones de euros procedentes de 23.000 contribuyentes implica que la riqueza neta media de los sujetos pasivos de Madrid y Andalucía no superaría los 6.850 millones de euros[4]. Sin embargo, según los datos de la WID, el 0,5% de los residentes españoles más ricos tiene una riqueza neta media de 7.530 millones de euros, lo que sugiere que el Gobierno incluye en su cálculo a contribuyentes que ni siquiera alcanzarían el umbral de riqueza imponible en nuestro escenario propuesto.
En conclusión, es razonable pensar que la estimación oficial del Gobierno español se basa en datos que infrarrepresentan considerablemente la riqueza real de sus ciudadanos. Sin embargo, es importante reconocer que incluso si la riqueza está infradeclarada en las encuestas de hogares, esto no significa necesariamente que la estimación del gobierno sea poco realista en términos de los ingresos esperados de un impuesto sobre el patrimonio. Las personas que no declaran su riqueza en las encuestas también pueden hacerlo en sus declaraciones fiscales, y puede haber riqueza que permanezca invisible para las fuentes de datos oficiales, lo que en última instancia conduce a una posible evasión fiscal.
Para aprovechar plenamente el potencial de un impuesto sobre el patrimonio, es crucial abordar el abuso fiscal y garantizar medidas de aplicación eficaces. La implantación de un registro mundial de activos exhaustivo resulta esencial para alcanzar este objetivo. Dicho registro proporcionaría información detallada sobre la riqueza relevante en diferentes clases de activos y serviría como herramienta vital para prevenir la evasión fiscal, maximizar el potencial de ingresos de un impuesto sobre el patrimonio y garantizar una tributación justa y equitativa.
[1] Obsérvese que la recaudación del impuesto sobre el patrimonio estimada aquí difiere de la estimada por el Gobierno español para la versión del impuesto que se ha aplicado realmente. Esto se debe a tres factores: En primer lugar, nuestro impuesto sugerido no concede ninguna exención, salvo la de dejar intacto todo el patrimonio neto inferior a 3 millones de euros. Los dos conjuntos de estimaciones también difieren en sus hipótesis sobre (i) el número de personas afectadas por el impuesto y (ii) la riqueza de los contribuyentes afectados. Para más detalles, véase la sección 2.2 y el apéndice C.
[2] La estimación oficial española de ingresos, así como más detalles sobre su aplicación, pueden consultarse en un informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública al que puede accederse aquí.
[3] La fracción de sujetos pasivos es probablemente algo mayor en Madrid -la comunidad autónoma con el PIB per cápita más alto de España- y algo menor en Andalucía -una de las comunidades autónomas más pobres-. Esto no afecta significativamente al siguiente argumento.
[4] Suponiendo que sólo pagaran un tipo del 1,7% por la riqueza neta superior a 3 millones de euros, 23.000 residentes con una riqueza neta media de 6,85 millones de euros pagarían 6.850.000-3.000.00023.0000,017=1.505.350.000. En realidad, la riqueza neta supuesta en el estudio oficial debe ser aún menor, porque las personas cuya riqueza neta supere los 5 millones de euros tendrán que pagar un 2,1% por la parte de riqueza neta que supere ese umbral.
