Frente a Trump: Por qué Europa debe reactivar la deuda común
El informe de Mario Draghi abogaba por la inversión audaz y la emisión de deuda común, pero en lugar de eso, está alimentando un peligroso impulso desregulador en toda Europa.
El pasado otoño, la presentación del informe de Mario Draghi sobre el «futuro de la competitividad europea» parecía marcar un punto de inflexión: una ruptura con décadas de políticas neoliberales y una ambición renovada de construir la «autonomía estratégica» de la Unión Europea. Seis meses después, sin embargo, el informe está siendo aprovechado como pretexto para un giro libertario, alineando a Europa con la agenda desreguladora de los Estados Unidos de Donald Trump y la visión de Elon Musk del capitalismo sin restricciones. Está en marcha un vasto movimiento hacia la desregulación social y medioambiental. Para invertir esta tendencia, es urgente volver a incluir la cuestión de la deuda común en la agenda europea.
El informe ofrece una evaluación inquebrantable del declive de la economía europea en relación con sus competidores estadounidenses y chinos. Destacaba las dificultades de Europa en casi todos los sectores cruciales para el futuro, desde la Inteligencia Artificial (IA) y las plataformas digitales hasta la microelectrónica, los vehículos eléctricos y las energías renovables. Sin un esfuerzo inversor importante y rápido, advertía el informe, Europa se enfrentaba a una grave degradación difícil de revertir.
Para quienes siguen de cerca estas cuestiones, las conclusiones no eran sorprendentes. No hacían sino confirmar lo que la mayoría de los expertos en estos campos venían observando desde hacía tiempo. Sin embargo, al reunir estos retos en un documento único y autorizado y romper con la retórica habitual de optimismo cauto de la UE, el informe de Draghi supuso una sacudida. Presentado por una figura tan indiscutible como el ex jefe del Banco Central Europeo -el hombre al que se atribuye la salvación de la zona del euro- suscitó una atención inmediata y se convirtió en un punto de referencia clave para los responsables políticos europeos.
Un déficit de inversión de 800.000 millones de euros al año
Draghi estimó que la UE necesitaba aumentar la inversión en aproximadamente 800.000 millones de euros al año para ponerse al día en los sectores de alta tecnología, la transición ecológica y la defensa. Este gasto adicional -equivalente a cinco puntos porcentuales del PIB de la UE- representaría un salto histórico. En comparación, el Plan Marshall, que ayudó a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, representó sólo entre el uno y el dos por ciento del PIB europeo.
¿Cómo puede Europa generar semejante aumento de la inversión? El informe esboza varias vías principales:
En primer lugar, unificando los mercados de capitales, siguiendo las recomendaciones del informe de Enrico Letta de abril de 2024, para que los abundantes ahorros de Europa puedan canalizarse hacia empresas innovadoras, algo que Estados Unidos lleva mucho tiempo haciendo con mayor eficacia. Aunque este proyecto tiene sentido, requiere cambios significativos en la legislación europea y, lo que es más fundamental, una transformación de la cultura y las prácticas de las instituciones financieras europeas. Este cambio llevará tiempo, lo que significa que la integración de los mercados de capitales no puede dar una respuesta inmediata a las urgentes necesidades financieras expuestas en el informe Draghi.
En segundo lugar, Draghi subraya que tal salto inversor, particularmente en sectores de alto riesgo e intensivos en capital, no puede lograrse sin financiación pública. «Para maximizar la productividad, será necesaria la financiación conjunta de la inversión en bienes públicos europeos clave, como la innovación disruptiva», argumenta Draghi. «Al mismo tiempo, otros bienes públicos -como los contratos públicos de defensa o las redes transfronterizas- quedarán infrafinanciados en ausencia de una acción conjunta. Si se dan las condiciones políticas e institucionales adecuadas, estos proyectos también requerirán financiación conjunta.»
No habrá nueva deuda común para la recuperación tecnológica
Sin embargo, el mismo día en que se presentó el informe de Draghi, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, descartó la idea de emitir nueva deuda común para financiar el impulso inversor de Europa. A pesar de la inmensa presión financiera impuesta por la guerra de Rusia contra Ucrania, los líderes de la UE han rechazado sistemáticamente desde 2022 cualquier repetición del plan UE Nueva Generación 2020, en virtud del cual el bloque pidió prestados 750.000 millones de euros en los mercados financieros para financiar los esfuerzos de recuperación de la pandemia. Para la coalición autodenominada «frugal», y para el gobierno alemán comprometido con presupuestos equilibrados, este endeudamiento conjunto debía seguir siendo una excepción puntual.
A pesar de la magnitud de las necesidades de financiación señaladas por Draghi, von der Leyen optó por no reabrir el debate. En su lugar, la Comisión Europea confía en un apoyo adicional limitado del Banco Europeo de Inversiones y, a más largo plazo, en la renegociación del marco financiero plurianual de la UE para el periodo 2028-2034. La esperanza es reestructurar el presupuesto y aumentar significativamente la financiación de la innovación, a expensas de otros ámbitos políticos.
Sin embargo, dado que el presupuesto de la UE está limitado al 1% del PIB europeo, estas ambiciones se enfrentan a limitaciones estructurales. Las negociaciones presupuestarias europeas suelen consistir en limitar el gasto, no en aumentarlo. Incluso si fuera posible un aumento, digamos de un improbable 50%, la financiación adicional resultante, equivalente a sólo el 0,5% del PIB, seguiría estando muy por debajo de las necesidades identificadas por Draghi.
Una alternativa sería relajar las normas sobre ayudas estatales, como se hizo temporalmente durante la pandemia, permitiendo un mayor apoyo nacional a la innovación. Sin embargo, dadas las restricciones fiscales a las que se enfrentan la mayoría de los Estados miembros de la UE, el impacto acumulado de tales medidas nacionales sería probablemente insuficiente. Además, un enfoque nacional beneficiaría desproporcionadamente a los países más ricos, exacerbando en lugar de reduciendo las disparidades existentes en materia de innovación en la UE.
La conclusión es clara: a falta de una voluntad de emitir nueva deuda común, es casi seguro que Europa no logrará movilizar la escala de inversión pública que Draghi propugnaba para la innovación en alta tecnología.
El Informe Draghi como pretexto para la desregulación
Queda así un último pilar de las recomendaciones de Draghi: la desregulación. Según el informe, las onerosas normativas de la UE son un obstáculo importante para la innovación en alta tecnología, y la reducción de la burocracia es esencial para que Europa pueda competir con Estados Unidos y China. Es este aspecto del informe Draghi el que ha aprovechado la Comisión Europea, como se refleja en su «Brújula de la competitividad» publicada el 29 de enero y en la «directiva ómnibus» que la acompaña.
No cabe duda de que el exceso de burocracia ahoga a las empresas y la innovación. Sin embargo, a pesar de la cuidadosa redacción de Draghi, su informe se ha convertido en un cómodo pretexto para poderosos grupos de presión industriales, agrícolas y empresariales que pretenden hacer retroceder elementos clave del Acuerdo Verde Europeo, la Ley de Servicios Digitales y los recientes avances en responsabilidad social corporativa.
Este impulso desregulador se ajusta a las prioridades de la emergente mayoría de derechas y extrema derecha del Parlamento Europeo y al cambiante equilibrio de poder en el Consejo Europeo, determinado por las recientes elecciones en Austria y los Países Bajos. También resuena con el estado de ánimo global más amplio, como demuestra el libertarismo radical de Javier Milei en Argentina y la influencia de Trump y Musk en Estados Unidos.
La desregulación ahoga la innovación
Contrariamente a la retórica dominante, las protecciones sociales y medioambientales han estimulado históricamente la innovación, en lugar de obstaculizarla. Unas normas más estrictas empujan a las empresas a desarrollar tecnologías más limpias, automatizar tareas y encontrar alternativas a los combustibles fósiles en industrias como la química y la manufacturera.
Si la desregulación fuera la clave del éxito de la alta tecnología, Bangladesh sería líder mundial en creación de empresas. La realidad es que el declive relativo de la innovación en Europa no se debe a una normativa estricta, sino a años de políticas impulsadas por la austeridad tras la crisis financiera de 2008 y la crisis de deuda de la eurozona. La consolidación presupuestaria primó sobre la inversión pública, lo que llevó a una infrafinanciación crónica de la educación, la investigación y el apoyo a la innovación. Estos recortes eran políticamente convenientes, ya que ofrecían un alivio fiscal inmediato, mientras que sus consecuencias negativas sólo se materializaban a medio plazo, más allá del siguiente ciclo electoral.
El retroceso de la normativa de la UE sobre protección medioambiental y social no revitalizará la competitividad tecnológica de Europa. Sin embargo, socavará los niveles de vida, aumentará la dependencia de tecnologías extranjeras y alimentará el descontento público, llevando a los votantes aún más hacia la extrema derecha al percibir una UE que ya no les protege.
Reavivar el debate sobre la deuda común
Cuando se publicó por primera vez, el informe de Draghi parecía anunciar una nueva era en la que la UE, rompiendo con la ortodoxia neoliberal, se dotaría por fin de la potencia financiera necesaria para impulsar una política industrial ambiciosa, al estilo de Estados Unidos, Corea del Sur o China. En cambio, corre el riesgo de convertirse en una justificación de la desregulación que podría hacer retroceder a Europa décadas en materia de protección social, medioambiental y de los consumidores.
Para evitar este destino, la UE debe reintroducir urgentemente la cuestión de la deuda común en el debate público. Si Europa quiere cerrar la brecha tecnológica, acelerar la transición ecológica y reforzar sus capacidades de defensa, debe movilizar al menos 250.000 millones de euros en inversión pública adicional cada año. Tomar prestada esta cantidad -equivalente a sólo 1,3 puntos porcentuales del PIB de la UE- es totalmente factible. Y lo que es más importante, es necesario.
