Comités de empresa europeos: hacia una nueva reforma

Las últimas propuestas de la Comisión Europea podrían consolidar los comités de empresa europeos.

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La Directiva de la Unión Europea por la que se crean los Comités de Empresa Europeos se introdujo en 1994. Treinta años después, puede que estemos a las puertas de un cambio significativo en la forma en que los comités de empresa europeos desarrollan su actividad.

A finales del mes pasado, la Comisión Europea publicó propuestas de reforma de la Directiva, que fue «refundida» en 2009. Los cambios propuestos se basan en el «Informe Radtke», un conjunto de recomendaciones para reforzar los CEE elaborado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo y aprobado en sesión plenaria hace un año.

En la UE hay más de 1.000 CEE, que cubren a más de 11 millones de trabajadores. Sin embargo, unas 4.000 empresas en total cumplirían el umbral -al menos 1.000 empleados con al menos 150 en cada uno de dos o más Estados miembros- para su creación.

Una evaluación de la Comisión detectó deficiencias en el funcionamiento de los CEE, en particular fallos en la consulta a los representantes de los trabajadores y en la exigibilidad jurídica de sus derechos. Cualquier nueva reforma debe abordar estas cuestiones.

Sin embargo, una consulta a las partes interesadas reveló que el consenso entre los interlocutores sociales sobre la reforma era escaso o nulo. En general, las organizaciones patronales estaban satisfechas con el statu quo, mientras que los sindicatos buscaban una mayor regulación de los CEE. Sólo en una cuestión, la necesidad de abordar el desequilibrio de género, hubo consenso.

Reivindicación de derechos

Hasta ahora, los «acuerdos voluntarios» permitían a las empresas quedar exentas del ámbito de aplicación de la directiva. La Comisión propone que los trabajadores afectados tengan derecho a solicitar la creación de un CEE, a menos que (con la dirección) prefieran el acuerdo existente.

En cuanto a los derechos legales, los Estados miembros tendrían que notificar a la Comisión cómo los CEE pueden iniciar procedimientos judiciales y administrativos para hacer valer sus derechos en virtud de la directiva. Esto también se aplicaría a los «órganos especiales de negociación» (GEN) que elaboran los acuerdos de los CEE con la dirección.

Estos cambios pueden ser importantes. Además de clarificar los derechos de los CEE al asesoramiento jurídico, la Comisión quiere garantizar una vía de acceso a la justicia para los CEE en los Estados miembros, que incluya al menos sanciones pecuniarias.

De hecho, se ha abierto la puerta a sanciones potencialmente punitivas. La Comisión propone una enmienda a la Directiva que obligue a los Estados miembros a «tomar en consideración la gravedad, la duración, las consecuencias y el carácter intencionado o negligente de la infracción y, en caso de sanciones pecuniarias, también el tamaño y la situación financiera de la empresa o grupo sancionado (por ejemplo, su volumen de negocios anual), así como otros criterios pertinentes».

Consulta reforzada

Las propuestas de la Comisión también reforzarían los derechos de consulta de los trabajadores. Por ejemplo, una nueva definición de transnacionalidad podría ampliar el alcance de las cuestiones que debe examinar un CEE. Los CEE también tendrían derecho, en relación con cualquier dictamen presentado en el marco de un proceso de consulta, a recibir una «respuesta por escrito de la dirección central antes de que ésta adopte su decisión sobre la medida propuesta».

Aunque estas reformas podrían ser importantes, mucho dependerá de cómo se apliquen. Por ejemplo, los representantes de los trabajadores tendrían que disponer de información suficiente para juzgar qué es transnacional y qué no lo es, y habría que dotarles de los recursos necesarios para que estuvieran en condiciones de presentar una opinión detallada que pudiera tenerse en cuenta.

Algunas propuestas de reforma podrían tener repercusiones prácticas en el funcionamiento de los CEE. Por ejemplo, se clarificarán los derechos de los GEN y los CEE al apoyo de expertos, y se especificarán en los acuerdos de los CEE los detalles sobre el uso de expertos, recursos jurídicos y formación. Sólo se adoptarán formatos virtuales para las reuniones «si las partes así lo acuerdan». En cuanto a los requisitos subsidiarios, el recurso de emergencia cuando no exista un acuerdo de CEE, la Comisión propone que las reuniones del CEE se celebren al menos dos veces al año, en lugar de la disposición anual actual. Se establece el nuevo objetivo de que al menos el 40% de los puestos de un CEE estén asignados a uno u otro sexo.

Una propuesta potencialmente significativa es la ampliación de los derechos de los «representantes de los trabajadores» (normalmente sindicalistas) que trabajan junto a los miembros del CEE. Disfrutarían de «los medios necesarios para aplicar los derechos» contenidos en la directiva, mientras que los miembros del CEE tendrían a su vez el derecho, y los medios, para informar a los representantes de los trabajadores pertinentes sobre los procesos de información y consulta. Esto podría impulsar el papel de dichos «representantes de los trabajadores», pero habrá que estudiar detenidamente los detalles finales.

Motivos de preocupación

Las propuestas de la Comisión no son la última palabra en este proceso de reforma. Sin duda, el Parlamento y los Estados miembros influirán mucho en el resultado, mientras que los interlocutores sociales mantendrán sin duda una actitud vigilante. La Confederación Europea de Sindicatos ha señalado algunos aspectos que le preocupan, como la necesidad de establecer sanciones suficientemente severas para las infracciones de la Directiva. La Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación y el Turismo (EFFAT) ha subrayado la necesidad de ampliar los CEE a los trabajadores empleados en franquicias transnacionales.

El funcionamiento de los CEE en la práctica depende en gran medida de la dinámica que se establezca entre los miembros y la dirección y del apoyo y la experiencia de que dispongan los representantes de los trabajadores. Pero una cosa es cierta: el marco legislativo en el que funcionan va camino de una nueva reforma.

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Fuente: European Works Councils: on a road to further reform (socialeurope.eu)