Las normas fiscales europeas estrangulan el crecimiento

Las reformas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2024 afianzan la austeridad y ahogan la inversión, lo que desafía a la nueva Comisión de la UE a invertir el declive económico de Europa.


Las políticas fiscales de los países de la eurozona han estado marcadas durante mucho tiempo por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Este marco se concibió como un medio para hacer cumplir las normas fiscales ortodoxas diseñadas para dirigir a los Estados miembros hacia presupuestos equilibrados. Aunque el PEC se suspendió temporalmente durante la pandemia, se reintrodujo en 2024 con pequeñas revisiones, en gran medida superficiales. Las últimas reformas, por ejemplo, introdujeron sendas individualizadas de reducción de la deuda, con los países muy endeudados afrontando reducciones de la deuda en relación al PIB de al menos un punto porcentual anual de media durante el periodo de ajuste.

Así pues, los principios fundamentales del PEC permanecen inalterados. La Comisión Europea mantiene la autoridad para iniciar los llamados «procedimientos de déficit excesivo» contra los países con déficits presupuestarios superiores al tres por ciento del PIB. Estos procedimientos obligan a los gobiernos a aplicar medidas de austeridad encaminadas a reducir gradualmente los déficits, con el objetivo último de lograr presupuestos equilibrados y ratios deuda/PIB cercanos al 60 por ciento.

Los efectos son perjudiciales. Cada vez es más evidente que este enfoque de la política fiscal es un factor significativo del entorno de bajo crecimiento de Europa y de la creciente brecha de productividad con Estados Unidos. Las razones son múltiples.

En primer lugar, el PEC está intrínsecamente sesgado en contra de la inversión pública. Aunque el PEC revisado permite excluir algunas inversiones públicas de los cálculos presupuestarios ordinarios, el grueso de estos gastos debe seguir ateniéndose a la norma de que la inversión pública adicional debe financiarse mediante mayores impuestos o recortes de otros gastos. En efecto, la mayor parte del gasto público no puede financiarse mediante la emisión de deuda pública.

Esta regla contradice la lógica económica básica. En el sector privado, cuando una empresa invierte en un activo productivo que se espera que genere ingresos en el futuro, puede financiar la inversión emitiendo deuda, siempre que los beneficios previstos superen el coste del préstamo (incluida cualquier prima de riesgo). Del mismo modo, cuando un gobierno invierte en activos públicos -como infraestructuras- que generarán beneficios futuros, es económicamente sensato financiar dichas inversiones mediante la emisión de deuda pública, siempre que los rendimientos previstos superen los costes de endeudamiento.

Dado que el rendimiento de la deuda pública en la mayoría de los países de la eurozona se sitúa actualmente entre el dos y el tres por ciento, hay un amplio margen para que las inversiones públicas generen rendimientos muy superiores a estos tipos. Esto es especialmente crítico en el contexto actual, en el que la necesidad de construir infraestructuras energéticas colectivas y otros bienes públicos esenciales para una transición ecológica se ha vuelto urgente.

La prohibición de financiar inversiones productivas mediante deuda pública introduce un sesgo adicional contra el gasto público. Las inversiones públicas suelen beneficiar a las generaciones futuras, pero en el marco del PEC, los contribuyentes actuales deben asumir todo el coste. Esto desincentiva políticamente este tipo de inversiones. Es poco probable que los políticos aboguen por proyectos cuyos costes recaen en los votantes de hoy mientras que los beneficios benefician principalmente a los futuros. Este desincentivo también queda patente en los datos: durante las décadas de 1980 y 1990, la inversión pública representó más del 8% del gasto público total de la UE. En la década de 2000, este porcentaje había caído a menos del seis por ciento.

En segundo lugar, la aplicación persistente del PEC ha afianzado un clima de austeridad que ha ahogado el crecimiento y la productividad. Aunque los Estados miembros fueron liberados temporalmente de las restricciones fiscales durante la pandemia, lo que les permitió aumentar los déficits y los niveles de deuda y evitar una espiral deflacionista, las medidas de austeridad se restablecieron poco después.

Esta vuelta a la rigidez fiscal ha tenido efectos nocivos tanto en la inversión pública como en la privada. Desde la crisis financiera mundial, la inversión total en la UE ha disminuido aproximadamente dos puntos porcentuales del PIB, pasando del 23% en 2007 al 21% en la actualidad. Este descenso no sólo obstaculiza la actividad económica actual, sino que también disminuye el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía, ya que las nuevas inversiones de capital a menudo incorporan tecnologías avanzadas que impulsan mejoras de la productividad. El Informe Draghi ha ilustrado vívidamente cómo el crecimiento de la productividad de Europa se ha quedado rezagado con respecto a otras naciones industrializadas, en particular Estados Unidos.

Las implicaciones son claras: las políticas de austeridad tienen consecuencias a largo plazo para la oferta de la economía. Al reducir la inversión, limitan la producción potencial y frenan el crecimiento de la productividad. Gran parte de la estrategia fiscal europea ha estado dominada por la creencia -o la ideología- de que el crecimiento sólo puede lograrse mediante reformas estructurales encaminadas a flexibilizar y hacer más eficiente la oferta de la economía. Sin embargo, apenas hay pruebas que apoyen la noción de que tales políticas mejoran significativamente el crecimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, se ha ignorado en gran medida el papel crucial de las políticas del lado de la demanda para fomentar un crecimiento sostenido.

En conclusión, el declive económico relativo de Europa es, en parte, resultado directo de las políticas impulsadas por la austeridad. La reorientación de las estrategias fiscales hacia medidas más activas del lado de la demanda que den prioridad a la inversión pública y privada podría desempeñar un papel fundamental para invertir este declive y revitalizar el potencial de crecimiento de Europa. La nueva Comisión Europea debe afrontar este reto con decisión. Es mucho lo que está en juego desde el punto de vista económico y político.


Fuente: How Europe’s fiscal rules are strangling growth

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