Informe de Eurofound «Apoyo a las regiones en la transición justa: El papel de los interlocutores sociales»
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND), cuya función es proporcionar conocimientos para contribuir al desarrollo de mejores políticas sociales, de empleo y relacionadas con el trabajo, ha publicado el Informe “Apoyo a las regiones en transición justa: El papel de los interlocutores sociales” que hoy os presentamos traducido.
Este informe investiga la participación de los interlocutores sociales en la transición justa hacia una economía climáticamente neutra, con especial atención a los planes territoriales de transición justa (PTTJ). Estos planes tienen como objetivo apoyar a las regiones más afectadas por la transición energética, ayudando a las personas trabajadoras a reciclarse, reubicarse y encontrar otros empleos, y también apoyar a las industrias que necesitan eliminar gradualmente los combustibles fósiles u otras actividades intensivas en gases de efecto invernadero.
Se estudian el papel y la aportación de los interlocutores sociales en estos planes y sus puntos de vista sobre la transición justa. Un análisis de las prácticas de diálogo social y ejemplos de convenios colectivos muestra el abanico de temas tratados por los interlocutores sociales. El informe también investiga el papel de la crisis energética en la transición justa y cómo ha contribuido a retrasar la aplicación de los PTTJ en algunos Estados miembros.
Entre las principales conclusiones de este informe se encuentran las siguientes:
- En la Unión Europea, las regiones intensivas en carbono o en las que la mayor parte del empleo depende de los combustibles fósiles se ven más afectadas por la transición hacia la neutralidad climática. Los PTTJ se han diseñado para proteger estas regiones vulnerables abordando los retos socioeconómicos y medioambientales que conlleva la transición ecológica. Los interlocutores sociales son uno de los muchos agentes que contribuyen a dar forma a estos planes regionales.
- A nivel regional, los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales participan menos en la fase de diseño de los PTTJ, ya que los países tienden a hacer más hincapié en la consulta con las organizaciones de nivel máximo y sectorial. Teniendo en cuenta que estos planes afectan principalmente a las regiones, será fundamental promover una mayor participación de los interlocutores sociales a nivel regional en la gobernanza de los planes.
- Los interlocutores sociales de todos los Estados miembros han aportado una contribución vital a los PTTJ, centrándose principalmente en el empleo, incluida la disponibilidad de puestos de trabajo para las personas trabajadoras desplazadas, la movilidad, la calidad del empleo, las inversiones en reciclaje y mejora de las cualificaciones, y las cuestiones de desarrollo regional, como las subvenciones y el apoyo a las empresas, las inversiones en digitalización y la creación de una economía circular. Mientras que los interlocutores sociales de algunos países indicaron que sus posiciones se habían tenido en cuenta, otros no estaban del todo claros y, en unos pocos países, los interlocutores sociales consideraron que sus propuestas no se habían tenido seriamente en cuenta.
- El diálogo social y la negociación colectiva sobre temas de transición justa han tenido lugar en algunos Estados miembros, pero no están generalizados. Los convenios colectivos sectoriales que incluyen elementos de transición justa sólo se han identificado en cinco Estados miembros, entre los que se encuentra España, y la mayoría de los convenios colectivos identificados se han acordado a nivel de empresa, aunque algunos se han celebrado a nivel intersectorial. Los temas cubiertos por los convenios colectivos a nivel sectorial e intersectorial se centran principalmente en el reciclaje y la mejora de las cualificaciones de las personas trabajadoras y el seguimiento de los cambios desencadenados por las transiciones digital y ecológica. Los convenios colectivos a nivel de empresa también incluyen cláusulas sociales que se centran en los procesos de reestructuración vinculados a la transición ecológica.
- En general, los interlocutores sociales apoyan los objetivos de neutralidad climática de la UE y tienen un papel esencial que desempeñar en las asociaciones para la transformación de las regiones y la transición justa. Sin embargo, los resultados muestran que algunos interlocutores sociales, sobre todo en países en los que las estructuras de diálogo social son bastante débiles, carecen de la capacidad necesaria para participar de forma significativa en el proceso político, lo que pone de relieve la importancia del desarrollo de capacidades para abordar la transición justa.
En algunos países, como el nuestro, el diálogo social en torno a la transición justa es anterior al establecimiento de los PTTJ (en España llamados Convenios de Transición Justa). En España contamos con un amplio marco institucional que trata de abordar los impactos socioeconómicos de la transición verde y, además de los organismos tripartitos nacionales en la materia, se han firmado dos acuerdos nacionales que incluyen intervenciones destinadas a mitigar las consecuencias de la transición para las regiones, las empresas y las personas trabajadoras.
El primer acuerdo nacional, firmado en 2018 entre la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT-FICA), CCOO de Industria y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, establece el marco para una transición justa en las comarcas mineras del carbón para 2019-2027 y especifica las medidas que deben aplicarse para garantizar el abandono progresivo de la minería del carbón en las regiones afectadas.
Estas incluyen inversiones en la restauración de las explotaciones mineras y un plan social para las personas trabajadoras de las empresas afectadas. El plan social incluye bajas subvencionadas, prestaciones por jubilación anticipada para los trabajadores y trabajadoras que tengan al menos 48 años y el derecho de los mismos, por una sola vez, a recibir prestaciones por desempleo durante el período máximo legal de cotización. Asimismo, el acuerdo también especifica que se creará una bolsa de trabajo y que se dará prioridad a la búsqueda de nuevos empleos en actividades relacionadas con la restauración para las personas trabajadoras despedidas como consecuencia de los cierres de minas.
En España, además de los acuerdos nacionales en los sectores de la energía y la minería descritos en el apartado anterior, los acuerdos sectoriales en los sectores del reciclaje, los hospitales y los servicios asistenciales hacen referencia a la transición justa. Sin embargo, los acuerdos contienen declaraciones y referencias generales en lugar de describir detalladamente las medidas que deben aplicarse para garantizar la justicia.
En definitiva, desde la UGT seguimos convencidos de que una transición ecológica justa solo podrá materializarse mediante la verdadera participación de los agentes sociales a través del diálogo social y la negociación colectiva para poder así: Afianzar la voz, información, consulta y participación de las personas trabajadoras; Ofrecer empleos de calidad y protección social a todas las personas implicadas en el proceso de la doble transición; y garantizar la recualificación de las mismas, a través de un permiso retribuido y la jornada laboral de 32h, que posibilite una formación validada y certificada en habilidades digitales y ecológicas.
