El BCE quiere incorporar los riesgos climáticos a sus pruebas de resistencia de los bancos
El banco central de la Eurozona cree que los test de estrés del sistema financiero deben adaptarse a las nuevas amenazas de un orden mundial en permanente estado de mutación.
La recién designada responsable del consejo de supervisión del BCE (encargada de la vigilancia de las entidades financieras), la alemana Claudia Buch, anteriormente número dos del Bundesbank, desea reforzar el papel de fiscalización, control y regulación de la autoridad monetaria sobre la arquitectura bancaria del euro al incorporar con celeridad requerimientos normativos más exigentes y adaptados a los «múltiples asuntos que dominan» el orden geopolítico y económico internacional y que «hace unas décadas resultaban inconcebibles».
Con ello se busca que las entidades financieras asuman nuevas exigencias en sus estructuras de gestión internas para que puedan eludir riesgos futuros, sistémicos o específicos, y superar los exámenes de resistencia con los pertinentes niveles de liquidez y de reservas y los instrumentos de vigilancia que se requerirán para dar respuesta a estos peligros latentes.
El BCE no dispone aún de un plan detallado sobre esta nueva reforma regulatoria. Pero Buch, en su primer discurso oficial en el cargo, ha sido tajante: «Esta actualización normativa está dirigida no solo a establecer las directrices que los bancos deben poner en liza para responder a estos nuevos riesgos emergentes, sino a anticiparse a estos peligros con una potencial capacidad para dañar los negocios y a las empresas y hogares».
La declaración de intenciones de la flamante responsable del consejo de supervisión deja poco margen a las dudas. No se trata de otra vuelta de tuerca a la regulación bancaria que el sector siempre aduce para reclamar liberalizaciones, sino de una medida de prevención ante eventualidades de muy compleja evaluación en término de pérdidas económicas, sociales y materiales.
Además de calificarla de cuestión ineludible, Buch dejó varios avisos a navegantes. Los bancos están siendo sometidos a embestidas de gran calado; desde los efectos geopolíticos de Ucrania y del conflicto en Oriente Próximo hasta la carrera por la digitalización que ha turboalimentado todos los resortes de la banca electrónica pasando por los recursos que han tenido que emplear para resguardarse de la ciberdelincuencia activa, o los daños por los efectos de la transición energética y las finanzas verdes. «Este grado de incertidumbre bancaria no puede sostenerse demasiado en el tiempo ni resolverse a través de modelos de riesgo clásicos», apuntó Buch.
A su juicio, y desde «una perspectiva holística», las amenazas futuras requieren del análisis de un elenco de escenarios con distintos niveles de gravedad, avances en la gestión de datos y de las medidas de investigación de mercados y una interacción más próxima entre las áreas de negocio bancario propiamente dichas y los de valoración de mercados, coyunturas económicas y asuntos vinculados a la geopolítica. Para lo cual se precisan cotas de liquidez y reservas suficientes como para abordar «provisiones de pérdidas adicionales» por los riesgos que no pueden ser analizados en la actualidad.
En opinión de la nueva jefa de supervisión bancaria del euro (que mantuvo una dura lucha con la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, por el cargo), se requieren una serie de reglas que eleven «la sensibilidad» sobre los peligros en ciernes, así como compromisos del sector por fortalecer el cumplimiento normativo interno (el compliance) y la buena gobernanza corporativa.
Aunque el BCE, precisó, también velará por unos requerimientos adecuados sobre la gestión de los riesgos con métricas precisas y encaminadas a crear un mayor fortalecimiento financiero en el espacio monetario europeo. «Los bancos bien capitalizados no tendrán problemas con los acontecimientos imprevistos», lo que se consigue con «unos adecuados niveles de provisiones de liquidez y de reservas, capaces de absorber shocks adversos» y, en consecuencia, con unas condiciones prestamistas idóneas, que se delatan en los test de estrés periódicos que supervisa el BCE.
Cambios regulatorios para abordar los múltiples riesgos
Agustín Cartens, el mexicano ex gobernador del banco central de su país convertido en 2017 en director general de Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés), también incide en que la arquitectura financiera global debería acometer una segunda generación de reglas que aborden riesgos sistémicos que pueden afectar al normal equilibrio y estabilidad de los sistemas bancarios.
Varios de los expertos del BIS, como Juan Carlos Crisanto, destacan la «resiliencia del sector en materia cibernética» que debe elevarse a la categoría de «vigilancia prioritaria» por parte de las autoridades monetarias por las implicaciones que los ataques sobre la sala de máquinas de los bancos pueden ocasionar a la economía y los mercados globales.
Las advertencias del BIS, del que emanan las normas Basilea de regulación bancaria internacional y que acoge en su seno al foro de los grandes bancos centrales conocido como G10, tienen una cumplida respuesta de apoyo en la Reserva Federal. Una de las últimas voces que se ha sumado al debate ha sido la de Michael Barr, su vicepresidente de Supervisión, quien, a finales de 2023, en una conferencia en Boston, no solo recordó las bondades de la Dodd-Frank Act de 2010 que sirvió para sacar a la banca estadounidense del credit-crunch generado a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, sino que puso en marcha los test de estrés para determinar la cantidad de capital que un banco debía de disponer para absorber pérdidas en condiciones económicas adversas.
La filosofía de la ley impulsada por la Administración Obama fue conmutada en gran medida por su sucesor, Donald Trump. Pero parte de su espíritu, la adaptación constante a las vicisitudes de los riesgos sistémicos, explicaba Barr, permanece y ha permitido que existan instrumentos para fortalecer la resiliencia de los bancos.
«El futuro supervisor pasa por evolucionar los test de estrés» y por amplificar los canales sobre los que se «puede amortiguar la transmisión de activos tóxicos o incumplimientos de pagos» en la banca, resaltó Barr, como «viene haciendo desde 2017 el Banco de Inglaterra».
Precisamente el BoE, la autoridad monetaria británica, fue la pionera en acudir a estudios en los que se involucraron académicos, grupos de presión, ejecutivos de banca, actores e interventores de los mercados de capitales y responsables de los poderes legislativo y ejecutivo, para convenir que los costes cada vez más millonarios que ocasionan los fenómenos meteorológicos extremos debían pasar a ser un elemento ineludible de la estrategia de los bancos centrales. Fue su anterior gobernador, Mark Carney, quien sacó a relucir este debate durante la gran pandemia, en unos términos elocuentes: «Hay una tragedia en el horizonte, climática, que pone en serio peligro las perspectivas de empresarios, políticos y tecnócratas», por lo que «las autoridades de supervisión financiera debemos iniciar una interlocución con los expertos e instituciones medioambientales para hallar soluciones inmediatas».
Avisos multilaterales a navegantes bancarios
El FMI, a través de Tobias Adrian, responsable de su poderoso departamento de Mercados, al que compete el diagnóstico de la arquitectura financiera internacional, cree que es el momento de «calibrar y despejar dudas» sobre si la regulación en vigor es «lo suficientemente vigorosa» y si sería necesario «revigorizar la supervisión» tras observar la turbulencia que ocasionó la crisis de los bancos estadounidenses de hace un año y su traslado vírico al desaparecido Credit Suisse.
En su jurisdicción se ha hecho habitual en los últimos años las apelaciones a la creciente tensión geopolítica entre las grandes economías y al peligro que esta elevada conflictividad propicia en términos de «fragmentación financiera», de volatilidades inversoras y de pérdida de activos en las plazas bursátiles, con repercusión directa sobre los libros contables del sector privado y de la banca; «en especial, sobre las entidades financieras con bajas ratios de capitalización» y unas provisiones de fondos «por debajo de los estándares mínimos».
Quizás este diagnóstico haya servido de acicate al nuevo paradigma regulatorio que plantea a la banca europea la nueva jefa de supervisión del BCE. O para que los bancos españoles asuman nuevamente responsabilidades tras sanear sus activos con el milmillonario rescate de 2012, aún sin devolver, en una fase de beneficios históricos (26.000 millones de euros en 2023) y destinando diez veces más a retribuir a sus accionistas (casi 13.700 millones) que al pago del impuesto a la banca (1.200 millones).
