UGT refuerza la voz sindical en el debate europeo sobre cohesión y vivienda asequible

Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Europeas de UGT, presenta dos dictámenes del CESE en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2025, sobre Vivienda y Política de Cohesión y Evaluación de la Política de Cohesión, para situar la dimensión social en el centro de estas políticas europea.

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La Semana Europea de las Regiones y Ciudades, organizada por la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones, ha reunido en Bruselas a más de 6.500 participantes para analizar el papel de los Fondos de Cohesión en la reducción de desigualdades y el desarrollo territorial. En este marco, UGT ha reforzado su papel como actor sindical europeo, defendiendo que la política de cohesión debe orientarse hacia la justicia social, el empleo de calidad y la igualdad de oportunidades.

Barrera ha intervenido en dos conferencias organizadas en el ámbito de la semana europea, una de ellas sobre vivienda asequible y política de cohesión, donde ha presentado el dictamen del CESE del mismo titulo. Durante la presentación, ha concluido que la crisis de la vivienda no es solo un problema social, sino también económico y territorial. La escasez de viviendas asequibles aumenta los costes laborales, restringe la movilidad y agrava las desigualdades entre regiones. El acceso a la vivienda, por tanto, debe reconocerse una prioridad de la política de cohesión así como una infraestructura económica esencial, que constituye la base para un desarrollo equilibrado, sostenible y justo en toda la Unión.

La política de vivienda también debe integrarse en todos los marcos transversales, incluido el semestre europeo, así como en la transición ecológica y justa. La inversión en renovación energética, materiales sostenibles y eficiencia de los edificios mejora la calidad de vida, reduce las emisiones y crea empleo local de calidad. En este sentido, la política de vivienda puede y debe convertirse en un motor clave del crecimiento ecológico y socialmente inclusivo.

Además,, Europa debe situar en el centro de esta política la dimensión humana. Las mujeres, los jóvenes, las familias monoparentales, las personas mayores y las comunidades romaníes siguen viéndose afectados de manera desproporcionada por la inseguridad en materia de vivienda. Garantizar su acceso a una vivienda segura y asequible no es solo una cuestión económica, sino una condición para la igualdad, la dignidad y la plena participación en la sociedad.

Reclamamos una mejor coordinación entre los distintos instrumentos financieros europeos para canalizar inversiones hacia vivienda asequible, rehabilitación energética y servicios públicos de proximidad. Además, consideramos esencial que estas inversiones se vinculen a la transición verde y justa, generando empleo estable y contribuyendo a la cohesión territorial y social.

En una segunda sesión dedicada a la evaluación ex-post de los Fondos de Cohesión, Barrera subrayó la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y reforzar la participación efectiva de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada. Asimismo advirtió que los beneficios de la cohesión no se distribuyen de forma equitativa entre regiones ni grupos sociales, y que es urgente aplicar mecanismos que garanticen que las políticas europeas lleguen también a las zonas rurales, de montaña o fronterizas. La simplificación no es un detalle técnico, sino un requisito democrático. Es esencial contar con normas claras, proporcionadas y fáciles de usar para garantizar que los ciudadanos, las ONG, las cooperativas y los pequeños municipios puedan participar realmente en la configuración de los proyectos que les afectan. Desde esta perspectiva, planteó las siguientes medidas concretas:

• Una mayor atención a los grupos vulnerables y a los territorios que se enfrentan a dificultades estructurales, especialmente en las regiones fronterizas y despobladas, donde la política de cohesión es más necesaria.
• Más programas diseñados específicamente para las pymes y los autónomos, que promuevan la innovación, las competencias digitales y los modelos de negocio sostenibles.
• Un mayor énfasis en el reciclaje y la mejora de las competencias, de modo que los trabajadores puedan beneficiarse directamente de la inversión de la UE y no solo indirectamente a través del crecimiento económico.
• Un enfoque integrado que vincule los objetivos sociales, medioambientales y de accesibilidad, porque una Europa cohesionada no solo es económicamente equilibrada, sino también socialmente justa y responsable con el medio ambiente.

También debemos garantizar que el próximo período de programación después de 2027 se base en las lecciones aprendidas. La política de cohesión debe estar mejor conectada con otras prioridades de la UE, como el Pacto Verde, la transición digital y el pilar europeo de derechos sociales. Las inversiones deben ir acompañadas del diálogo social, estrategias de transición justa y la participación activa de los interlocutores sociales en todas las etapas del proceso.

En última instancia, la cohesión no solo tiene que ver con el crecimiento, sino también con la equidad. Se trata de garantizar que todas las personas, independientemente de dónde vivan, tengan acceso a un trabajo digno, una vivienda asequible, servicios de calidad y oportunidades para un futuro mejor.

La verdadera medida del éxito de la política de cohesión no serán los kilómetros de carreteras construidos o el número de proyectos completados, sino si los ciudadanos de todas las regiones europeas sienten que la Unión Europea trabaja para ellos, que nadie se queda atrás.