Presentadas las conclusiones de la jornada «La Estrategia Sindical ante los principales retos a nivel europea»

A continuación, os presentamos las conclusiones de la Jornada Confederal “La Estrategia Sindical ante los principales retos a nivel europeo“ que celebramos el pasado 8 de junio en nuestra sede de UGT Cataluña en Barcelona.

CONTEXTO

En un periodo en el que Europa se enfrenta a retos sin precedentes, España ha iniciado su Presidencia del Consejo de la UE que se va a desarrollar entre los meses de julio y diciembre de 2023.

La Presidencia española se está llevando a cabo un momento crucial, ya que tiene lugar en la recta final del ciclo institucional europeo, previo a las elecciones generales españolas y a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024.

España se enfrenta al reto de cerrar las negociaciones en torno a los expedientes abiertos relacionados con los pilares estratégicos europeos, incluyendo la transición digital y verde, así como la agenda social.

De especial relevancia durante esta presidencia, será asegurar la adecuación del presupuesto europeo, las normas fiscales, las ayudas estatales y los marcos regulatorios a los objetivos de la UE.

Desde UGT defendemos el impulso, durante este periodo clave, de cambios legislativos y estructurales necesarios para implementar la doble transición, sin dejar a nadie atrás, y con un pilar social bien desarrollado.

Además, en la faceta económica, es importante que las medidas vayan destinadas a fomentar un crecimiento igualitario y sostenible, que no genere más desequilibrios ni desigualdades en la región.

Esta presidencia española, debe hacer avanzar hacia una Europa más social y comprometida y, por ello, es necesario que fomente el desarrollo del Protocolo de Progreso Social (PPS) en toda la UE, de manera que se evalúe el progreso social en base a criterios más amplios que el crecimiento económico.

Además, resulta fundamental que se promueva y afiance la Negociación Colectiva Verde (NCV) en Europa, de manera que se promueva la transición ecológica y se garantice que las personas trabajadoras no sean los únicas que asuman los costos de la misma.

En resumen, consideramos que estas jornadas sirven para generar un posicionamiento sindical estratégico, en defensa de una recuperación económica justa y sostenible, que mejore la protección social de los trabajadores y trabajadoras, y que fomente la igualdad y la justicia social en la UE.

TEMAS Y PARTICIPANTES

La inauguración institucional de las jornadas estuvo a cargo de Pepe Álvarez, Secretario General de UGT. Asimismo, participaron Enric Vinaixa, Secretario de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, y Joaquín Pérez, Secretario de Estado de Empleo y Economía Social.

La primera mesa que tuvo lugar, denominada “La presidencia española en el contexto nacional”, contó nuevamente con la presencia de Joaquín Pérez, Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, así como Antón Costas, Presidente del Consejo Económico y Social de España, y Mari Carmen Barrera, Secretaria de políticas Europeas UGT.

La segunda mesa de debate, titulada “La estrategia sindical y los principales retos europeos”, tuvo entre sus temáticas, entre otras, el PPS, la NCV o la Inteligencia Artificial (IA), y contó con la participación de Fernando Luján, Vicesecretario General de Política Sindical; Patricia Ruíz, Secretaria Confederal; Manuel García, Coordinador de la Secretaría de Políticas Europeas; José Varela, Responsable de Digitalización; Nuria Gilgado, Secretaria de Política Sindical de UGT Catalunya; e Isabel Araque, Secretaria de Acción Sindical de UGT SP.

La tercera mesa, “La dimensión social en la revisión de las reglas fiscales y gobernanza de la UE, contó con la participación de Irina de Sancho, Asesora Política del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D), y Luís Pérez, Secretario de Recursos y Estudios.

A continuación, se concatenaron otros dos debates referentes a “La nueva sociedad de cuidados” y “Prospectivas y desafíos en clima y energía, en la que tuvieron acto de presencia compañeros y compañeras de UGT como Enriqueta Durán, Secretaria de Políticas Sociales de UGT Catalunya; Toño Abad, Responsable del Área de Acción LGTBI; Wifredo Miró, Responsable del Área Medio Ambiente; así como Sonia Fuertes, Comisionada de Servicios Sociales del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento Barcelona; e Ignacio Urbasos, investigador del Instituto Elcano.

Para poner el broche final a las jornadas europeas del sindicato, Camil Ros, Secretario General de UGT Catalunya, llevo a cabo su clausura y la enumeración y desarrollo de las conclusiones de la misma.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

• Diálogo social

Si bien Europa es un continente avanzado en materia económica y social, hay personas que se quedan al margen de este avance, ya que la riqueza no siempre está bien repartida.

La forma de afrontar crisis anteriores dieron alas a los movimientos nacionalistas y europeos, por ello se debe tomar conciencia la importancia del dialogo social no se debe salir de las crisis sin tener en cuenta a las personas trabajadoras y sus representantes.

Los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a conocer lo que piensan las fuerzas políticas nacionales de los derechos que hemos conseguido y que no queremos perder, para saber si van a mantener los acuerdos alcanzados entre empresarios, sindicatos y gobierno en materia de la reforma laboral, la revalorización de las pensiones o la subida del salario mínimo.

De ahí la importancia del devenir que marquen las próximas elecciones europeas y nacionales en el marco político y social de la UE y España, que plantean la disyuntiva entre un modelo progresista y un modelo conservador, que confrontan la Europa social contra una Europa oscura de recortes y que impone decisiones y no las pacta.

Por ello, el dialogo social es un elemento esencial del modelo europeo, ya que permite la contribución activa de los interlocutores sociales para paliar el déficit democrático de la Unión Europea.

El diálogo social, y por ende, los interlocutores sociales, deben gozar de una posición preminente y convertirse en la piedra angular de la economía social europea y de la elaboración de medidas en la materia.

Es indispensable garantizar la integración de la participación de los interlocutores sociales en la gobernanza europea y en las empresas, que impliquen más y mejores decisiones de forma consensuada.

Es necesario destacar el rol fundamental desempeñado por nuestro sindicato en el refuerzo y promoción del diálogo social,a nivel nacional y europeo, como instrumento imprescindible para conseguir mayores derechos sociales y una democracia más eficaz.

Entre los logros sindicales conseguidos a nivel europeo podemos destacar la aprobación de la directiva de salario mínimo, por la que se produce la adecuación de los salarios mínimos legales; o la directiva de transparencia salarial, que refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres.

Alguna de los ejes claves de la Presidencia Española de la UE van a ser el diálogo social y la democracia en el trabajo. En Europa no sólo se tiene que trabajar con amplios derechos sociolaborales, sino que se deben establecer vías de participación para que las personas trabajadoras decidan qué, cómo y cuándo se hace.

España es un ejemplo de participación y eficacia en la toma de decisiones, ya que los sindicatos, los empresarios y el Gobierno, han pactado leyes como la reforma laboral, cuyo éxito es indiscutible, y eso hay que trasladarlo a Europa.

Además, debemos llevar a cabo un reparto del trabajo mediante la implementación de la jornada laboral de 32 horas semanales, sin reducción salarial, para que ese derecho llegue a todas las personas. En este reparto, los interlocutores sociales, mediante el diálogo social y la negociación colectiva, debemos participar preferentemente en aras de promover una mayor rentabilidad y productividad, así como garantizar decisiones consensuadas mejores y más eficientes.

Asimismo, debemos garantizar un contrato de trabajo del siglo XXI, donde la UGT debe estar abanderando su impulso y desarrollo, así como el buen funcionamiento de los servicios públicos, partiendo de la gestión y financiación pública que vaya más allá de un marco anual.

• Jornada laboral de 32 horas

El debate sobre la importancia de la reducción de la jornada laboral es una de las principales e históricas reivindicaciones del movimiento sindical, bajo la máxima de que se debe trabajar menos para vivir mejor.

En UGT trabajamos para garantizar que el bienestar de las personas trabajadoras se sitúe en el centro de las políticas europeas, y creemos firmemente en que es el momento de seguir avanzando en este sentido, ya que la jornada laboral de 32 horas semanales contribuiría y haría más eficaz la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS).

Por ello, hemos elaborado un proyecto piloto en la materia a nivel europeo, presentado a través del grupo progresista en el Parlamento Europeo, el cual ya se ha aprobado con el nombre de “Menos horas, más bienestar: Allanando el camino para un nuevo esquema de tiempo de trabajo de la Unión Europea”, y cuyo resultado servirá para debatir y elaborar iniciativas y medidas.

En un proceso de digitalización como en el que estamos inmersos, la reducción de la jornada laboral, se presenta como una solución real y efectiva para abordar el reparto del trabajo y que se convierta en un derecho real para todas las personas en edad laboral.

Sin embargo, aunque la jornada de trabajo se vea reducida, en UGT consideramos imprescindible que los salarios se mantengan para revertir la tendencia salarial regresiva experimentada en nuestro país.

Además, las empresas pueden y deben mantener los salarios debido a los incrementos de la productividad laboral y la mejora en el desempeño empresarial derivados de los procesos de automatización y de los efectos beneficiosos sobre la salud de las personas trabajadoras derivados de las nuevas formas más eficientes de organización del trabajo.

Entre los números beneficios derivados de la reducción de la semana de trabajo, podemos destacar el impulso de la participación laboral de las mujeres, ya que posibilita el acceso a nuevos puestos de trabajo resultantes del reparto de trabajo. Así, esta tendencia ascendente en la mayor incorporación laboral de la mujer a jornada completa permitiría, a su vez, reducir la brecha salarial y con ello la brecha en las pensiones.

En cambio, para que todo esto pueda tener lugar de forma eficiente, es necesario incorporar instrumentos básicos como son el diálogo social institucionalizado y la negociación colectiva, qué forma toma la nueva jornada laboral, en función de situación real de cada sector y empresa.

Desde UGT, somos conscientes de que el apoyo estatal y europeo será esencial para el impulso de este nuevo modelo de jornada y que ello exigirá un adecuado sistema de incentivos que vincule la reducción de la jornada laboral a la creación de puestos de trabajos adicionales.

• Protocolo de Progreso Social

La propuesta de la Comisión de abrir la posibilidad de reforma de los Tratados, considera adecuado, al igual que la propuesta del Parlamento Europeo, que entre los aspectos a reformar se incluya el Protocolo de Progreso Social (PPS). 

El objetivo de un PPS sería triple: por un lado, garantizar que, en caso de conflicto, los derechos fundamentales y sociales tengan prioridad sobre las libertades económicas y otras políticas de la UE; garantizar también el respeto de la autonomía de los interlocutores sociales y el buen funcionamiento de los sistemas nacionales de diálogo social y relaciones laborales; y, finalmente, asegurar el progreso social, manteniendo la promoción y protección de los más altos estándares en términos de derechos sociales.

Para UGT, es una magnífica oportunidad la Presidencia española de la UE para impulsar esa propuesta, ya que es esencial este PPS para reforzar la autonomía de los interlocutores sociales, manteniendo un vínculo indisociable del funcionamiento del mercado interior y sus libertades económicas, incluida la libertad de competencia, con el ejercicio de los derechos colectivos.

El sindicato considera fundamental garantizar, como contenido de ese PPS, un principio de no retroceso de los estándares sociales, ya reconocido en el Derecho de la Carta Social Europea, y en la jurisprudencia del Comité Europeo Derechos Sociales. Este PPS es un elemento básico para un nuevo modelo económico y de gobernanza de la UE, que debe basarse en ir más allá del PIB y construir un bienestar europeo socialmente justo, inclusivo y sostenible.

De esta forma, la inclusión del PPS permitirá a la UE converger al alza en el progreso, además de en el crecimiento económico, favoreciendo el bienestar de la mayor parte posible de su población, preservando el modelo social europeo, lo que también redundará en la creación y desarrollo de empresas más robustas y sostenibles.

Si bien es cierto que existen normas mínimas a nivel europeo, vinculantes y no vinculantes, para avanzar en la aplicación del PEDS, la promoción y garantía de una auténtica economía social de mercado competitiva y sostenible requiere un PPS. Por ello, el gobierno español ha pedido una opinión exploratoria al Comité Económico y Social Europeo (CESE) para que sirva de hoja de ruta durante su próxima presidencia del consejo de la UE. El texto que hemos elaborado es muy equilibrado y medido en sus recomendaciones.

• Reforma fiscal y gobernanza

La Comisión Europea ha ofrecido orientaciones a los Estados miembros sobre la ejecución y la coordinación de la política fiscal, a la luz de las dificultades de las finanzas públicas y la economía y los debates sobre el futuro marco de gobernanza económica.

En este sentido, la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que prevé una desviación temporal de los requisitos presupuestarios que normalmente se aplican en caso de grave recesión económica, se desactivará a finales de 2023, lo que supondrá la reanudación de las recomendaciones específicas por país sobre política fiscal,cuantificadas y diferenciadas en función de los retos en materia de deuda pública.

Se están celebrando conversaciones sobre un marco de gobernanza económica revisado, basado en las orientaciones de la Comisión presentadas en noviembre de 2022. Sin embargo, hasta que no se llegue a un consenso en la materia, y habida cuenta de la nueva realidad posterior a la pandemia, no procede volver a aplicar el esquema anterior a la activación de la cláusula de salvaguardia.

En plena crisis inflacionista por la guerra de Ucrania y con el coste de los precios de los alimentos y la energía disparados, UGT considera inaceptable plantear el retorno a la aplicación del corsé de las reglas de déficit y gasto, algo absurdo desde un punto de vista económico y muy preocupante para las necesidades de protección a las personas vulnerables que precisa la Europa Social. 

Europa no puede no estar gobernada sólo por los Ministros de Economía y Hacienda, sino que se tiene que apostar por la protección social y la cooperación. Por ello, debemos llevar a cabo una reforma de las reglas fiscales que valore, de igual forma, la dimensión económica y la social, y que incluya indicadores macroeconómicos de ambas facetas.

Si bien es cierto que la crisis del COVID19 produjo un cambio de paradigma en la materia, y ahora nos encontramos en un periodo en el cual se da margen para una mayor flexibilidad en la reducción de la deuda, un pequeño espacio para las inversiones y algo más de transparencia, necesitamos seguir avanzando y demostrando que la mayor parte gasto social es un motor para la economía.

A este aspecto, UGT publicó el informe “El debate sobre la gobernanza económica de la UE” que recoge el estado de la cuestión y una serie de propuestas, entre las que destacan algunas líneas de propuesta que, a nuestro juicio, deben orientar la reforma en marcha, entre las que se encuentran:

• el establecimiento de un SURE estable y ampliado y una versión institucionalizada de los fondos NextGen para inversiones estratégicas;
• la inclusión de alguna “regla de oro” que excluya del cómputo de gasto las inversiones destinadas a las transiciones digital y ecológica o al reforzamiento del estado de bienestar; o
• implementar un Semestre Europeo con una gobernanza más equilibrada entre la estabilidad macroeconómica y presupuestaria y la cohesión social y territorial.

Todo ello en un marco institucional con mayores dosis de democracia, con más participación del Parlamento Europeo y más diálogo social, y con una Comisión que actué como un verdadero gobierno comunitario.

• Transición ecológica

Durante el periodo de crisis energética (2021-2023), una crisis energética (fósil) de carácter geopolítico preparada por Rusia y concatenada con otras ajenas a la geopolítica como la sequía, pero que no logró los objetivos deseados por Moscú. La crisis energética revaloriza la aportación de las energías renovables a la seguridad de suministro y autonomía estratégica de la UE.

Desde que se planteó el paquete de medidas fit for fifty five, de su análisis, se desprende una idea clara y es que no se ha tenido en cuenta lo social y concretamente el impacto en el empleo, y, sin garantías de empleo sostenible, protección social y ayudas a las empresas por la transición, no habrá futuro competitivo y saludable para Europa ni para el mundo.

La transición energética no es solo una cuestión de tecnología e inversión pública y privada, es mucho más, es un profundo desafío social, y, nos toca a los representantes de la sociedad civil organizada, pedir a la Comisión y a los estados miembros que pongan en el centro de todas las políticas el empleo y la protección social: no puede haber transición justa con un impacto negativo en el empleo.

Es necesario que la UE acelere drásticamente la transición hacia una energía limpia y resuelva de una vez por todas la independencia energética de Europa frente a proveedores poco fiables y combustibles fósiles volátiles, porque mientras se mantenga la dependencia de los combustibles fósiles existirán riesgos ambientales y energéticos.

Parece cierto que una transición exitosa incrementará el PIB (hasta un 5,6 % en 2050, según algunos estudios), y los niveles de empleo (la OIT y la IRENA estiman que se multiplicarán aproximadamente por 4 respecto de los que se perderán), así como su calidad, dada la mayor cualificación que precisan. Además, el abaratamiento de la energía a través de fuentes renovables, como la solar fotovoltaica, o por hidrógeno, mejorará los accesos a estos servicios y también la producción, creando un empleo más difícil de deslocalizar, lo que podrá beneficiar a numerosas regiones, en especial aquellas con riesgo de despoblación.

Para paliar estos efectos negativos, la Comisión, el Parlamento, los Estados miembros y a las regiones de la UE deben adoptar medidas que faciliten un desarrollo más equilibrado territorial y socioeconómicamente implicando a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de una manera más innovadora y efectiva en el diseño e implementación de las políticas de transición energética con alto valor añadido en términos de empleo y de protección social, así como en su seguimiento y evaluación.

Desde UGT queremos ser protagonistas de la transición ecológica, ya que es una cuestión social y en este sentido tenemos que existen tres elementos fundamentales para implementar un cambio de modelo productivo que incluya, además de la sostenibilidad, la justicia social: Medidas medioambientales mirando hacia el futuro; Financiación suficiente y sostenida; y gobernanza compartida: para poner en marcha políticas a través de la cooperación entre sindicatos y patronales.

Asimismo, la apuesta por las renovables impulsa el papel laboral de la mujer, sin embargo hay que incluir la perspectiva de género en la transición digital y ecológica. Además hay que proteger el empleo en esta doble transición.

• Digitalización e Inteligencia Artificial

En esta materia, los principales retos sindicales vinculados a las nuevas tecnologías: Ley europea sobre inteligencia artificial; la resolución de la Comisión sobre el derecho a la desconexión; y la Directiva sobre trabajo en plataformas digitales.

En el ámbito de la directiva sobre trabajo en plataformas, el Consejo ha fijado su posición respecto a la directiva de trabajo en plataformas, seis meses después de que trataran por última vez de dar luz verde a un expediente al que países como España se opusieron.

En diciembre del año anterior, desde UGT, con el apoyo del Gobierno español, mostramos nuestro escepticismo respecto a la propuesta del Consejo, ya que había perdido ambición y se había devaluado en lo referente a la protección de las personas trabajadoras durante las negociaciones entre los países, en comparación con la propuesta presentada en 2021 por la Comisión.

La nueva propuesta introduce mejoras relativas a la necesidad de supervisión humana en los procesos algorítmicos, y el derecho a la información de las personas trabajadoras, así como la transparencia del trabajo en plataformas digitales, por ello, desde UGT valoramos los avances en la misma.

Sin embargo, los tribunales de toda Europa han mostrado unanimidad en sentenciar que las plataformas digitales son empleadores y, por tanto, la inclusión de una presunción de laboralidad refutable debe ser una condición esencial para la protección de las personas trabajadoras de plataformas, garantizando protección social y unas condiciones laborales dignas.

Así pues, desde UGT, defendemos una propuesta de directiva que consagre una presunción de laboralidad fuerte, clara y sin excepciones, tal y como recoge la pionera ley rider española, que nacida del diálogo social, haga recaer la carga de la prueba en las propias plataformas, y no permita perpetuar el desequilibrio actual entre las plataformas digitales y las personas que trabajan en ellas.

En último lugar señalar que, el Consejo iniciará negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la base de la orientación general acordada hoy. Por consiguiente, desde el sindicato destacamos la relevancia que puede tener la próxima presidencia española de la UE en las negociaciones para la confección de una directiva más favorable, y que se asemeje de una mayor forma a la posición ofrecida por el Parlamento Europeo.

• Servicios públicos

Plantear no solamente la consolidación de los servicios públicos que se tienen hoy en día, sino además extender la red y adaptarlo a las nuevas necesidades de la ciudadanía.

Necesitamos a nivel europeo un denominador común para todos los países relativo a los servicios públicos, para equiparar y mejorar los estándares, lo que contribuiría a una economía más justa y dinámica.

UGT exige unos servicios públicos de cuidados de alta calidad, bien financiados y que funcionen correctamente, integrados en los sistemas nacionales de protección social para garantizar el derecho a los cuidados, tal y como se consagra en el PEDS.