La Comisión de Asuntos Económicos del PE aprueba la reforma de las normas fiscales

Los eurodiputados y eurodiputadas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo han aprobado un proyecto de dictamen en el que fijan su posición sobre las normas revisadas que constituirán la columna vertebral del nuevo sistema de gobernanza económica de la UE.

En concreto, han aprobado tres textos, uno de los cuales contiene cambios sustanciales a la propuesta original de la Comisión, bajo los auspicios de las coponentes Esther De Lange (PPE, NL) y Margarida Marques (S&D, PT), y el más importante de estos textos sustituirá al reglamento sobre vigilancia presupuestaria multilateral, el llamado «brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento«.

El texto aprobado introduce valores numéricos mínimos que definen en cuánto debe reducir cada año un Estado miembro su deuda excesiva y cuánto puede rebasar la planificación de gastos:

• En él destaca un elemento clave, impulsado por Alemania entre los ministros de finanzas europeos, y que ha ido ganando cada vez más protagonismo en estos meses en los que han transcurrido las negociaciones. Se exigirá una reducción cuantificable del 1% sobre el PIB de la deuda para los países que superen la ratio del 90%, y del 0,5% para los países que se sitúen entre el 60% y el 90%, sin tener en cuenta posibles periodos de recesión económica.
• La propuesta de la Comisión sólo estipula que este ratio debe ser inferior al final del periodo que al principio. En años de crecimiento positivo del PIB, el texto de la comisión también establece una desviación máxima permitida del 1% del PIB respecto a la senda de gasto neto.
• El texto también exige a la Comisión que elabore, mediante un acto separado, cómo se evaluará la sostenibilidad de la deuda, y establece el marco de lo que debe contener este acto separado. Esto daría a las evaluaciones de la Comisión una base más sólida y predecible y permitiría un control más eficaz por parte de los representantes de los Estados miembros y los miembros de la Eurocámara.

Además, varias disposiciones del texto aprobado dejan a los Estados miembros más margen de maniobra para aplicar las normas:

• Se excluirán más categorías de gasto que las propuestas por la Comisión del cálculo del gasto neto de un gobierno, la variable que servirá de base para decidir si la deuda de un país se encuentra o no en una senda sostenible.
• Por otro lado, se ha aprobado ampliar a 14/17 años (según lo lejos que esté el país de cumplir con el objetivo) el periodo en el cual esta reducción de deuda debería realizarse. De esta forma, desde el año 1 y hasta el 14 o el 17, el país en cuestión tendría que reducir su deuda en la cantidad concreta propuesta del 0,5% o del 1% de media anual. La exigencia de esta reducción cuantificable condicionaría el resto de cláusulas para flexibilizar la senda de gasto, y para proteger unas inversiones que podrían ser las principales perjudicadas por el ajuste de deuda requerido. Además, se recupera el espíritu de la regla del 1/20, incluida en la anterior gobernanza, y que lideró el periodo de austeridad que siguió a la crisis financiera.
• Los eurodiputados y eurodiputadas introducen una nueva excepción por la que la Comisión podrá autorizar excepcionalmente a un Estado a desviarse de su gasto durante un periodo máximo de cinco años, si este gasto se destina a inversiones estratégicas que aborden las prioridades comunes de la UE.
• Por último, en caso de cambio de gobierno, un Estado miembro puede presentar a la Comisión un plan fiscal nuevo o revisado.

Los miembros del Parlamento Europeo también incluyeron numerosas disposiciones destinadas a:

• reforzar la apropiación nacional de los planes de reducción de la deuda;
• aumentar el margen de inversión sin que ello repercuta en la evaluación de la sostenibilidad de la deuda de un país;
• tener en cuenta las consideraciones sociales y regionales; y
• reforzar el papel del Consejo Fiscal Europeo y de las instituciones fiscales nacionales independientes.

Desde UGT, entendemos que las políticas fiscales actuales de la UE ponen en serio riesgo la consecución de las prioridades socioeconómicas de Europa, que se enfrenta a un reto de inversión clave para el desarrollo de las transiciones digital y verde, teniendo en cuenta además la incertidumbre ante el final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que constituye el elemento principal de NextGenerationEU, que puede dejar en suspenso inversiones clave de gasto público y programas sociales.

Resulta prioritario colocar la inversión en pie de igualdad con la reducción de la deuda y, por ello, reclamamos que desaparezcan los límites arbitrarios del déficit y de deuda incluidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que estos sean sustituidos por la definición de unas sendas de gasto que tengan en cuenta las distintas realidades nacionales, y en las que puedan participar tanto sociedad civil como sindicatos.

Estos cambios que se deberían haberse producido el pasado 11 de diciembre, cuando el Parlamento Europeo tenía previsto lograr un acuerdo sobre la modificación de las reglas fiscales, y acompañar así a la votación del Consejo de la UE de la semana anterior. Sin embargo, el Consejo sigue sin adoptar una posición común al respecto, quedando aplazada esta votación para finales del mes de diciembre, lo que dejaba al Parlamento Europeo sin la necesidad de tener que votar en la sesión plenaria de esta semana.

Por ello, UGT había pedido de manera expresa a los y las representantes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios retrasar la decisión y dotar así de un mayor margen de tiempo para mejorar el acuerdo alcanzado, así como atender a las más de mil enmiendas registradas, muchas de ellas mencionando las exigencias sindicales, pero la petición fue recogida sólo por las fuerzas progresistas de la cámara. 

La sesión continuó, llegando a alcanzarse un acuerdo, sin embargo, como los grupos de los Verdes y la Izquierda en el Parlamento Europeo se oponen al compromiso, habrá un debate en el plenario del mismo en enero, antes de que la Eurocámara vote el texto.

Asimismo, debemos destacar que desde el Servicio de Estudios Centrales de UGT y de la Secretaría de Políticas Europeas hemos mantenido una serie de reuniones con diferentes instituciones de la UE y grupos políticos del PE para alertar del peligro de volver a unas reglas que permitan el despliegue de unas políticas lideradas por la austeridad, así como defender una modificación de las reglas fiscales que pongan el bienestar de las personas trabajadoras por encima de límites arbitrarios.

Por último, hacer especial referencia al informe “El debate sobre la gobernanza económica de la UE” de UGT en el que, desde el sindicato, aportamos algunas líneas de propuesta que, a nuestro juicio, deben orientar la reforma en marcha, entre las que se encuentran, entre otras, el establecimiento de un SURE estable y ampliado y una versión institucionalizada de los fondos NextGen para inversiones estratégicas, la inclusión de alguna “regla de oro” que excluya del cómputo de gasto las inversiones destinadas a las transiciones digital y ecológica o al reforzamiento del estado de bienestar, o implementar un Semestre Europeo con una gobernanza más equilibrada entre la estabilidad macroeconómica y presupuestaria y la cohesión social y territorial.