La agenda «Personas, Capacidades, Preparación» de la UE: Un cambio arriesgado en la política social

El giro de la UE hacia «Personas, Capacidades, Preparación» señala una evolución hacia la responsabilidad individual y la gestión de crisis en la política social.


La nueva Comisión Europea ya no contará con un Comisario de Empleo. En su lugar, si se confirma, la rumana Roxana Mînzatu será responsable de «personas, capacidades y preparación». Lejos de ser trivial, este extraño título sugiere una nueva visión basada en la individualización y la securitización de las cuestiones sociales.

Si es cierto que las palabras tienen significado en política, los títulos de las carteras de los comisarios europeos son varas de medir el Zeitgeist europeo. En 2019, la decisión de Ursula von der Leyen de llamar a la cartera de migración «Proteger nuestro modo de vida europeo» desató la polémica. Esta vez, el empleo y los asuntos sociales han sido rebautizados como «personas, habilidades y preparación», combinando dominios previamente distintos de empleo y educación. ¿Qué significa esto?

El título esboza una visión política que se aleja de las responsabilidades colectivas para acercarse a un mundo de individuos desencarnados que deben armarse ante las amenazas inminentes y la inseguridad multidimensional. La fusión de la educación y el empleo bajo un mismo paraguas somete aún más a la sociedad a las supuestas necesidades de una economía autodirigida.

Asuntos sociales frente a «personas»

La inclusión del término «personas» es sin duda la más difícil de descifrar porque parece muy genérica y algo ingenua. Puede sugerir la ampliación del ámbito de los trabajadores a muchas otras categorías potenciales de personas, como niños, estudiantes, pensionistas, autónomos o individuos en situación de pobreza. Forjar nuevas categorías como «personas vulnerables» en referencia a la pobreza de movilidad o la pobreza energética podría ser fructífero de cara a los nuevos retos.

Dicho esto, la desaparición del término «social» es reveladora. Además, socava la comprensión de que los individuos están insertos en relaciones sociales (siendo el empleo una relación social por excelencia), que sus limitaciones y oportunidades están moldeadas por la estratificación social y que el objetivo último de las políticas no es sólo resolver problemas, sino también mejorar la cohesión del tejido social. Al contrario que los trabajadores -integrados en el mercado laboral- o los ciudadanos implicados en la vida pública y las culturas políticas, las «personas» están desvinculadas de cualquier base institucional o sistémica. No sólo suena terriblemente vago, sino también absurdo: ¿acaso otros Comisarios no trabajan en beneficio de la «gente»?

Empleo frente a «competencias»

Para la mayoría de los mandatos de la Comisión, el término tradicional de la cartera era «empleo». Sin duda árido, el empleo hace referencia a un ámbito político y a una misión clara para los responsables políticos, a saber, la idea de que la economía debe «emplear» a los trabajadores de una manera que pueda generar prosperidad, pero que también sea moralmente aceptable, estableciendo derechos y responsabilidades. En ese sentido, el empleo constituye el nexo de las relaciones entre capital y trabajo, empresarios y trabajadores en una economía social de mercado. Por el contrario, el énfasis dominante en la educación y las cualificaciones inclina la balanza hacia la responsabilidad individual: «¡Si quieres un empleo de calidad, adquiere las competencias que exige el mercado!». Esto apuntala la concepción cambiante del desempleo como un problema individual más que colectivo.

Las cualificaciones no son, ni mucho menos, un tema nuevo en la agenda europea. Tras la crisis financiera y de la deuda soberana, las competencias surgieron como una «estrategia de salida de la crisis», y la primera política conservadora que asumió la cartera de Empleo en las últimas dos décadas, Marianne Thyssen, ya presumía de competencias en el título de su cartera. Desde entonces, este discurso se ha hecho más omnipresente y más polémico. A lo largo del año pasado, proclamado por las instituciones de la UE «Año Europeo de las Capacidades», los sindicatos insistieron en que el problema no era principalmente la falta de capacidades, sino la falta de empleo de calidad.

Política frente a «preparación»

La «preparación» es quizá la adición más inesperada al título de la cartera. El término suele referirse a la capacidad de las sociedades para anticiparse a los riesgos y crear capacidad para hacer frente a sucesos inesperados y catástrofes. Recientemente, la noción se hizo popular en relación con la pandemia de Covid-19. Al igual que las catástrofes naturales, las epidemias deben considerarse amenazas transfronterizas que merecen ser cubiertas, por ejemplo, por la política de protección civil. Pero la preparación también lleva implícita una referencia a la guerra. En la historia de Estados Unidos, el movimiento de preparación hizo campaña para reforzar el ejército tras la Primera Guerra Mundial.

Con el telón de fondo de los cambios tectónicos en la geopolítica, un discurso de securitización remodela un número cada vez mayor de ámbitos políticos. Esto no es benigno ni puramente retórico, pues contribuye a transformar nuestra comprensión de las cuestiones sociales. Éstas ya no se conciben como el resultado de una distribución desigual de los recursos y los costes, fruto de decisiones colectivas tomadas en el pasado, arraigadas en dinámicas históricas y sociales en gran medida endógenas, sino como una cuestión de gestión de crisis, de capacidad de respuesta ante choques «externos» que nos golpearán de maneras tan ciertas como imprevisibles.

La gestión de crisis y la política de emergencia son un repertorio político bien conocido por los dirigentes y burócratas europeos. Probada en los últimos quince años tras las crisis financiera y de deuda soberana, la afluencia migratoria de 2015, el Brexit y la pandemia, la gestión europea de crisis ha sido una poderosa fuerza motriz de la federalización. En tiempos de crisis, la necesidad justifica tanto las bienvenidas innovaciones institucionales como los peligrosos atajos democráticos.

Pero, ¿hasta qué punto son eficaces, legítimas y duraderas las políticas derivadas de la gestión de crisis? De hecho, Covid-19 ilustra bien la contradicción del discurso de la preparación. Ninguna de las nuevas herramientas desplegadas por la UE (por ejemplo, los planes de trabajo a jornada reducida – SURE, o incluso Next Generation EU) ha abordado seriamente los profundos problemas de los sistemas sanitarios europeos en términos de financiación insuficiente, asequibilidad, cobertura territorial desigual y escasez de mano de obra. Si mañana se produjera una nueva pandemia, ¿cuántos países de la UE estarían bien «preparados»?

En un mundo marcado por el cambio climático y las tensiones políticas, la UE debería trabajar para dar respuestas colectivas, institucionalizadas y duraderas a las transformaciones estructurales. Esto requiere un debate más profundo sobre los valores y un compromiso con la espinosa cuestión de la redistribución y el significado mismo del bienestar. Alimentar el pánico moral, trasladar los problemas a la responsabilidad individual y diseñar soluciones rápidas no servirá de nada.


Fuente: https://www.socialeurope.eu/the-eus-people-skills-preparedness-agenda-a-risky-shift-in-social-policy

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