Informe CE: «Incentivar el empleo de personas con discapacidad»

La Comisión Europea ha publicado recientemente el informe “Incentivar el empleo de personas con discapacidad en el mercado laboral abierto”, un análisis detallado sobre las políticas, estrategias y medidas adoptadas en los 27 Estados miembros para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad.

A pesar de algunos avances, los datos revelan que la brecha de empleo entre personas con y sin discapacidad sigue siendo muy significativa: en 2022 se situó en el 21,4 %, apenas 1,3 puntos menos que en 2014. Esta situación refleja no solo la persistencia de barreras estructurales, sino también la limitada efectividad de muchas de las medidas actualmente en vigor.

Entre los principales hallazgos del informe destacan:

• Desigualdades persistentes y riesgo de exclusión: Las personas con discapacidad fuera del mercado laboral tienden a ser mayores, aunque preocupa especialmente la inactividad entre los jóvenes con discapacidad. Además, el nivel educativo sigue siendo un factor determinante para el acceso al empleo.
• Efecto disuasorio de las prestaciones: En 14 Estados miembros, las prestaciones por discapacidad son inferiores al salario mínimo o al subsidio por desempleo, lo que puede desincentivar la incorporación al empleo si no se garantiza una compensación adecuada por los costes adicionales que supone trabajar para muchas personas con discapacidad.
• Buenas prácticas en políticas activas: Algunos países presentan ejemplos positivos. En Estonia, una reforma ha simplificado los servicios para acercar a las personas con discapacidad al empleo ordinario. En la República Checa, la figura de asesores especializados en los servicios públicos de empleo ha mejorado la integración laboral. En Bulgaria y Chipre, programas de subsidios salariales han mostrado impactos favorables en la contratación y en la imagen empresarial.
• Retos pendientes en accesibilidad y evaluación: Países como Chipre y Bulgaria presentan importantes deficiencias en la adaptación de lugares de trabajo y en los procesos de evaluación médica, lo que dificulta el acceso al empleo. Asimismo, se detectan fallos generalizados en la implementación y seguimiento de las medidas.
• Sector público, sin liderazgo ejemplar: En varios países, como Croacia o los Países Bajos, las administraciones públicas no cumplen con las cuotas de empleo para personas con discapacidad, lo que socava la credibilidad de las políticas inclusivas.

Desde UGT consideramos que este informe pone de relieve la urgencia de avanzar desde estrategias declarativas hacia medidas reales, eficaces y sostenibles, con participación activa de los interlocutores sociales. Por ello, reclamamos:

• El fortalecimiento de un enfoque centrado en la persona, que valore capacidades y fomente la formación, el acompañamiento personalizado y la mejora de la calidad de los empleos ofrecidos.
• El refuerzo del papel del sector público como empleador ejemplar, cumpliendo cuotas y liderando procesos de adaptación inclusiva en el empleo.
• La financiación pública estable de las medidas de inclusión laboral, evitando su dependencia exclusiva de fondos europeos.
• Un mayor apoyo a empleadores, mediante incentivos, orientación práctica y simplificación administrativa para contratar y mantener en plantilla a personas con discapacidad.
• Evaluaciones rigurosas de impacto que permitan ajustar las medidas según su efectividad real, con especial atención a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad psicosocial o intelectual, que sufren mayores tasas de inactividad.