El Parlamento Europeo adopta su mandato de negociación sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza

UGT celebra los avances para lograr una ley esencial para el clima, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, así como para la economía, y censura los intentos de las fuerzas reaccionarias de la Eurocámara para boicotearla.

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El Parlamento ha adoptado su posición sobre la ley de restauración de la naturaleza de la UE con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones, y la votación para rechazar la propuesta de la Comisión no prosperó (312 votos a favor, 324 en contra y 12 abstenciones).

Gracias a este estrecho margen, esta pieza esencial del Pacto Verde Europeo podrá proseguir su tramitación legislativa, a la que se oponen frontalmente la extrema derecha, el Partido Popular Europeo (PPE), tras un cambio de posicionamiento durante la tramitación, y las grandes explotaciones agrícolas. No obstante, 21 europarlamentarios del PPE rompieron la disciplina de voto y respaldaron la tramitación de esta ley.

Desde UGT, creemos firmemente que la restauración de los ecosistemas es clave para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como para proteger el empleo. Especialmente teniendo en cuenta que actualmente más del 80% de los hábitats europeos están en mal estado. Por ello, seguiremos trabajando para que, durante los trílogos, y antes de que finalice la legislatura, se alcance un acuerdo progresista que beneficie a las personas que se dedican a la agricultura, la pesca y la alimentación, y garantice un planeta habitable para generaciones futuras.

Objetivos de restauración de la naturaleza para 2030

El Parlamento recalca que la nueva ley debe contribuir a alcanzar los compromisos internacionales de la UE, en particular el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal de la ONU. Los eurodiputados apoyan la propuesta de la Comisión de poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubran al menos el 20% de todas las áreas terrestres y marítimas de la UE.

El Parlamento señala que la ley solo deberá aplicarse una vez que la Comisión haya aportado datos sobre las condiciones necesarias para garantizar a largo plazo la seguridad alimentaria y cuando los Estados miembros hayan cuantificado el área que necesita ser recuperada para alcanzar los objetivos de restauración para cada tipo de hábitat. La Cámara también plantea la posibilidad de posponer los objetivos en caso de consecuencias socioeconómicas excepcionales.

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión tendrá que evaluar si hay algún desfase entre las necesidades financieras de restauración y los fondos de la UE disponibles y buscar soluciones para colmar dicha brecha, en particular a través de un instrumento comunitario específico.