El Consejo y el PE acuerdan la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos

El pasado 20 de mayo, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la revisión de la Directiva relativa a los Comités de Empresa Europeos (CEEs), un paso importante para reforzar la democracia en el trabajo y garantizar una participación real y efectiva de las personas trabajadoras en las decisiones de las empresas multinacionales que operan en varios países de la UE.

Los CEEs son órganos fundamentales que permiten a las personas trabajadoras de grupos empresariales con presencia transnacional recibir información y ser consultadas sobre decisiones que impactan directamente en sus condiciones laborales. Sin embargo, el marco actual, definido por la Directiva de 2009, presenta lagunas legales, sanciones insuficientes y dificultades de acceso a la justicia, lo que ha limitado su eficacia práctica.

El acuerdo alcanzado es, sin duda, una señal positiva, especialmente si se tiene en cuenta el contexto político actual, en el que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo cuentan con mayorías escoradas hacia posiciones conservadoras y liberales, lo que ha dificultado históricamente la aprobación de avances significativos en materia de derechos laborales. A pesar de ello, esperamos que el texto definitivo represente una mejora ambiciosa y sustancial, que responda a las demandas del sindicalismo.

No obstante, es importante subrayar que solo se podrá realizar una evaluación completa una vez se conozca el contenido íntegro del texto acordado. La utilidad y efectividad del nuevo marco dependerá de que las disposiciones incluidas cumplan con los estándares mínimos exigibles en términos de consulta real, sanciones efectivas, acceso a la justicia y participación sindical, tal y como ha venido reclamando el sindicalismo europeo.

Entre las principales mejoras anunciadas en este acuerdo provisional, destacamos:

• Clarificación del concepto de “cuestiones transnacionales”, garantizando que cualquier decisión con impacto significativo en varios Estados miembros sea objeto de información y consulta previa ante el CEE.
• Refuerzo de los derechos de consulta, con al menos dos reuniones presenciales anuales entre la dirección y el CEE, y posibilidad de contar con personas expertas, incluidos representantes sindicales.
• Acceso mejorado a la información, obligando a las empresas a justificar de forma objetiva cualquier negativa o confidencialidad, con plazos definidos.
• Objetivo de paridad de género, estableciendo que al menos el 40 % de los miembros del CEE sean mujeres u hombres.
• Garantías de acceso a la justicia, dotando a los CEEs de legitimación jurídica y recursos suficientes para ejercer sus derechos ante instancias competentes.
• Sanciones efectivas y disuasorias, proporcionales al incumplimiento e incluso vinculadas al volumen de negocio de las empresas, para asegurar un verdadero efecto correctivo.

Este avance llega en un momento clave, marcado por profundas transformaciones vinculadas a la transición digital, ecológica y económica, en un contexto internacional cada vez más inestable. En estas circunstancias, la participación de las personas trabajadoras en las decisiones estratégicas empresariales es indispensable para garantizar respuestas sostenibles, democráticas y justas.

Desde UGT valoramos positivamente este paso político, pero insistimos en que el texto final debe consolidar los avances anunciados y traducirse en derechos exigibles y dotados de recursos. La negociación colectiva y el papel de los sindicatos deben ocupar un lugar central en este nuevo marco regulador.

Exigimos que el texto definitivo de la directiva garantice:

• La plena protección legal de sus miembros y el reconocimiento de su papel en la gobernanza empresarial.
• La consulta obligatoria al CEE antes de la adopción de decisiones con impacto en varios países.
• La participación activa de los sindicatos nacionales y europeos en el funcionamiento de los CEEs.
• Una financiación suficiente que asegure su autonomía y operatividad.
• La incorporación sistemática de la perspectiva de género.