El compromiso europeo con la igualdad en peligro: ¿se puede salvar una ley histórica contra la discriminación?
Una propuesta de la UE estancada desde hace mucho tiempo para ampliar las protecciones contra la discriminación se enfrenta a su retirada, lo que ha provocado llamamientos urgentes para salvar sus principios vitales en medio de la creciente desigualdad.
El futuro de una importante propuesta de la Comisión Europea, presentada por primera vez en 2008, destinada a garantizar la igualdad de trato de las personas independientemente de su religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, parece sombrío. La Comisión considera ahora inalcanzable el necesario apoyo unánime en el Consejo de Ministros. En consecuencia, su programa de trabajo para 2025 incluye la Directiva entre las propuestas legislativas pendientes que está previsto retirar en julio. Esta novedad envía una señal preocupante en un momento en el que la diversidad, la igualdad y la integración se enfrentan a presiones significativas, lo que sugiere un abandono de los esfuerzos que posiblemente requieran un vigor renovado. Ha llegado el momento de explorar vías para preservar los principios fundamentales de lo que se conoce ampliamente como la Directiva de igualdad de trato.
La importancia fundamental de la Directiva
La principal fortaleza de la Directiva propuesta radica en su ambición de ampliar las garantías legales contra la discriminación por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual más allá de los actuales ámbitos protegidos del empleo y campos relacionados como la formación profesional. El principio de igualdad de trato se aplicaría así a la protección social, que abarca la seguridad social y la asistencia sanitaria, las prestaciones sociales, la educación y el acceso y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda. Esto se aplicaría tanto en el sector público como en el privado. La adopción de la Directiva de igualdad de trato alinearía la protección jurídica de la UE contra la discriminación por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual con las sólidas protecciones existentes contra la discriminación por motivos de raza u origen étnico. De hecho, no hay ninguna razón justificable para que persista esta disparidad.
Diecisiete años después de su creación, la propuesta sigue siendo tan relevante como siempre. La encuesta más reciente del Eurobarómetro sobre el tema, publicada en 2023, reveló una percepción generalizada de discriminación dentro de la UE basada en la identidad (trans)género (57 %), la orientación sexual (54 %), la discapacidad (49 %), la identidad intersexual (47 %), la edad (45 %) y la religión o las creencias (42 %). Resulta alarmante que el 21 % de los encuestados declarara haber sufrido discriminación o acoso personalmente en el año anterior, lo que supone un aumento de cuatro puntos porcentuales desde 2019.
Esta lamentable situación impulsó a las presidencias portuguesa y belga del Consejo (en el primer semestre de 2021 y 2024, respectivamente) a dedicar un esfuerzo considerable para lograr un consenso. Sin embargo, un pequeño número de Estados miembros sigue rechazando cualquier compromiso razonable. Alemania ha sido un oponente prominente y constante. Desde 2008, ha mantenido una oposición firme, aunque nunca justificada públicamente, al texto, independientemente de la coalición gobernante en Berlín. El apoyo a esta postura opaca y conservadora ha pasado de Polonia (bajo el anterior gobierno de Ley y Justicia) a Chequia e Italia en la actualidad. Sus principales preocupaciones parecen girar en torno a los posibles costes de adaptación para las empresas a la hora de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y a cuestiones de subsidiariedad.
Explorando las opciones
Como declaró la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, ante el Parlamento Europeo, «una directiva bloqueada no mejora la vida de las personas». Esto es indudablemente cierto y debería servir de catalizador para un cambio de enfoque. Partiendo del principio fundamental de mantener la amplia cobertura de no discriminación en el centro de la propuesta, se presentan tres vías alternativas. En primer lugar, la Comisión podría integrar los objetivos de la Directiva en una estrategia de igualdad no vinculante. Sin embargo, esta opción no legislativa debería descartarse de plano. Por su propia naturaleza, carece de la fuerza ejecutiva de una Directiva transpuesta, que faculta a los ciudadanos a hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales, incluso si contradice la legislación o la práctica nacional.
La segunda opción implica que el Consejo Europeo invoque la general «cláusula pasarela» del Tratado de la Unión Europea, autorizando así al Consejo a adoptar las medidas de no discriminación dentro de la Directiva por mayoría cualificada. Tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han abogado por este enfoque. Sin embargo, la activación de la «cláusula pasarela» en sí misma requiere una decisión unánime, y cada parlamento nacional conserva el poder de vetarla. En consecuencia, aunque vale la pena intentarlo, la probabilidad de éxito sigue siendo limitada.
El camino más prometedor radica en la adopción de la Directiva a través de lo que los Tratados de la UE denominan «cooperación reforzada» entre un mínimo de nueve Estados miembros (manteniéndose abierta a la participación de todos los demás, pero sin depender de ella). Se cumplen las condiciones necesarias para ello. Tras 17 años de esfuerzos continuos por parte de varias Presidencias del Consejo para lograr el consenso, está claro que se ha llegado a una situación de último recurso: los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados por la Unión en su conjunto. En estas circunstancias, la cooperación reforzada sirve como medio para promover los objetivos y valores de la Unión y reforzar su proceso de integración, sin socavar el mercado interior ni su cohesión.
Si bien la cooperación reforzada es, sin duda, una solución menos buena que una directiva acordada por todos, en la lucha contra la discriminación, la inacción ya no es una opción viable. Es probable que el inicio de la cooperación reforzada cambie la dinámica actual de dos maneras clave. Creará una plataforma para el desarrollo progresivo del texto existente, por ejemplo, sobre la discriminación interseccional, alejándose del enfoque actual de acomodar las objeciones de unos pocos. Además, ejercerá una presión considerable sobre los Estados miembros disidentes para que justifiquen su no participación a nivel nacional, incentivándolos así a unirse más adelante. No hay tiempo que perder para que los Estados miembros dispuestos a avanzar y formar una vanguardia presenten la pertinente solicitud a la Comisión.
Como Mario Draghi enfatizó, el desafío fundamental de la Unión radica en mejorar su competitividad y establecerse como un actor global independiente, mientras defiende sus valores fundacionales y los derechos que encarna, como la igualdad y la no discriminación: «La UE existe para garantizar que los europeos siempre puedan beneficiarse de estos derechos fundamentales. Si Europa ya no puede proporcionárselos a su gente, o tiene que sacrificar uno en favor del otro, habrá perdido su razón de ser». No hay argumento más sólido para rescatar la Directiva de igualdad de trato.
Fuente: Europe’s Equality Pledge in Peril: Can a Landmark Anti-Discrimination Law Be Saved?
