Aborto seguro y accesible en la UE: promoviendo los derechos y la solidaridad para todos

La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) del CESE celebró la Semana de la Igualdad de Género 2025 con un debate clave sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «Mi voz, mi elección», que reclama un aborto seguro y accesible en toda la Unión Europea. El evento reunió a activistas, expertos jurídicos, diputados al Parlamento Europeo y representantes de la Comisión Europea para abordar el urgente reto de garantizar los derechos reproductivos y la solidaridad para todas las mujeres en Europa.

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La ICE «Mi voz, mi elección» nació de un sentimiento de urgencia tras el retroceso de los derechos reproductivos en los Estados Unidos y el reconocimiento de que existen amenazas similares en Europa. Como explicaron las activistas Katarina Starčić y Nina Mihelić durante el debate que marcó la Semana de la Igualdad de Género, la iniciativa pretende abordar la realidad de que 20 millones de mujeres en la UE carecen de acceso a un aborto seguro. La campaña propone un fondo de la UE para cubrir los costes de los procedimientos de aborto para aquellas personas que no pueden acceder a la atención sanitaria en sus propios países, creando un mecanismo voluntario que respeta la soberanía nacional y fomenta la solidaridad.

La energía popular de la campaña quedó patente en su éxito: se recogieron más de 1,1 millones de firmas verificadas, con la movilización de miles de voluntarios en toda Europa. En abril se publicó una entrevista con los organizadores de la iniciativa en el boletín informativo del CESE («EESC Info»). La iniciativa se ha convertido en el mayor movimiento feminista de Europa, con el apoyo de ciudadanos, figuras públicas y políticos, y tiene como objetivo hacer realidad el aborto seguro y accesible para todas las mujeres de la UE.

Barreras al acceso al aborto: realidades jurídicas y prácticas

Camille Gervais (asesora jurídica del Centro de Derechos Reproductivos) describió los compromisos que los Estados miembros de la UE han contraído en virtud de tratados internacionales y regionales para proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de estas obligaciones, siguen existiendo importantes barreras. Si bien el aborto es legal en la mayoría de los países de la UE, el acceso es desigual y a menudo está restringido por límites de tiempo, períodos de espera obligatorios, asesoramiento sesgado y criminalización. Malta y Polonia mantienen algunas de las leyes más restrictivas, y las mujeres se enfrentan a procesos judiciales o se ven obligadas a llevar adelante embarazos contra su voluntad.

Estas barreras obligan a las mujeres a cruzar las fronteras para recibir atención sanitaria, una realidad ya documentada y gestionada por los sistemas de salud de los países de acogida. Para aquellas que no pueden viajar, las opciones se limitan a procedimientos inseguros o embarazos no deseados, lo que afecta de manera desproporcionada a las adolescentes y a los grupos marginados. El mecanismo propuesto por la ICE aliviaría la carga financiera y apoyaría a las mujeres necesitadas, sin interferir en las leyes nacionales.

El papel del Parlamento Europeo y la reacción contra la igualdad de género

La eurodiputada y presidenta de la Comisión FEMM, Lina Gálvez, destacó los retos políticos a los que se enfrenta la iniciativa, entre ellos la fuerte oposición de determinados grupos políticos y una «reacción contra la igualdad de género» más amplia contra la igualdad y los derechos reproductivos. Destacó que el aborto siempre ha existido y seguirá existiendo, pero que debe ser seguro y legal. La Comisión FEMM aprobó recientemente un proyecto de resolución en apoyo de la ICE, y el 2 de diciembre se celebrará una audiencia pública sobre la iniciativa ciudadana en el Parlamento.

Gálvez y su compañera de la Comisión FEMM, Abir Al-Sahlani, subrayaron la importancia de crear amplias alianzas y de involucrar a la sociedad civil para contrarrestar los movimientos transnacionales bien financiados. La resolución pide que se incluya el derecho al aborto legal y seguro en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, reconociendo que esta cuestión afecta a la mayoría de los ciudadanos europeos y es fundamental para la democracia y los valores europeos.

Repercusión de la ICE y próximos pasos

Ana-Carla Pereira (DG JUST, Comisión Europea) confirmó que la iniciativa está siendo evaluada y que se espera una comunicación para marzo de 2026. La Comisión reconoce la relevancia de la Carta de los Derechos Fundamentales y de la actual Estrategia para la Igualdad de Género, que se compromete a apoyar los derechos de las mujeres y el acceso a la salud sexual y reproductiva.

El mecanismo propuesto respeta las competencias de los Estados miembros y funciona como un sistema de adhesión voluntaria, con el objetivo de colmar una laguna legislativa en la asistencia sanitaria transfronteriza. El análisis de la Comisión tendrá en cuenta la conformidad de la iniciativa con la legislación de la UE y su potencial para promover los derechos de las mujeres en toda Europa.

El debate del CESE dejó claro que el aborto seguro y accesible no es solo una cuestión de salud, sino también de derechos humanos, igualdad y solidaridad, y la iniciativa «Mi voz, mi elección» puso de relieve la urgente necesidad de soluciones a escala de la UE para proteger la autonomía y la dignidad de las mujeres.