¿Qué cambia en la UE en 2026? De la llegada del euro a Bulgaria a la entrada en vigor del pacto migratorio
El euro llega a Bulgaria, el roaming gratis a Ucrania y Moldavia, arranca la presidencia chipriota y el pacto migratorio y la regulación de la inteligencia artificial entran en vigor.
La entrada de Bulgaria en la zona euro, las presidencias chipriota e irlandesa, la entrada en vigor del pacto migratorio y la regulación de la inteligencia artificial, además de la vigilancia sobre los alquileres de corta duración o las elecciones parlamentarias en Hungría: repasamos algunos de los cambios que el año 2026 traerá a la Unión Europea.
Chao, lev; zdraveĭ, euro
Desde el 1 de enero, los búlgaros han cambiado el lev por el euro. Ambas monedas circularán en paralelo durante un mes, antes de que el cambio sea del todo efectivo. Un cambio que ha supuesto un importante esfuerzo para el país, sumido en una continua crisis política, y que genera cierto escepticismo en una parte de la población que teme que lleve a un alza de los precios.
Los países de la eurozona dieron el visto bueno a la entrada de Bulgaria el pasado verano, tras cumplir Sofía con los requisitos que exigen los tratados. Esto pasa por garantizar una inflación controlada, unas finanzas públicas sólidas, un coste de la deuda sostenible a largo plazo, y una estabilidad del tipo de cambio que garantice que la economía puede hacer frente a fluctuaciones monetarias.
El último país en entrar en el euro fue Croacia en 2023. Aunque todos los países del bloque están obligados a adoptar la moneda única cuando cumplen los criterios, Dinamarca solicitó una exención de la norma para no hacerlo. Bulgaria se convertirá así en el vigésimo primer Estado miembro de la UE que adopta el euro. Además de Dinamarca, Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia siguen usando su moneda nacional.
La Europa fortaleza
En junio de 2026, el conocido como ‘pacto migratorio’ entrará formalmente en vigor. En la práctica, se trata de un conjunto de leyes y reformas que sientan las bases de una política de migración y asilo europea común mucho más dura para las personas migrantes. Los gobiernos europeos deberán estar listos para aplicarlas a partir de este verano.
Entre otras cosas, los Veintisiete deberán tener preparadas las infraestructuras necesarias para hacer frente, por ejemplo, a los procedimientos rápidos de evaluación de solicitudes de asilo en frontera. Estos se aplicarán a los países que el bloque considera «seguros». Gobiernos y Parlamento Europeo cerraron un acuerdo a finales de 2025 que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.
El objetivo del pacto es, por un lado, hacer más difícil el acceso a la protección internacional en el bloque. Por el otro, tratar de aumentar, facilitar y acelerar las expulsiones de personas migrantes que hayan llegado a territorio comunitario de forma irregular. Entre otras cuestiones, permitirá recoger datos biométricos o detenciones más largas para las personas que vayan a ser expulsadas en caso de «crisis».
La legislación establece además un mecanismo de solidaridad para ayudar a aquellos países que estén sometidos a una mayor presión migratoria. En la práctica, los demás países deberán ofrecerse a acoger personas, dar asistencia técnica o dar ayuda financiera. Los gobiernos llegaron a un acuerdo sobre ese plan de ayuda para este año del que se beneficiarán por su situación España, Chipre, Grecia e Italia.
Más regulación de la IA
Aunque buena parte de las medidas ya entraron en vigor en 2025, el grueso de la regulación europea sobre inteligencia artificial (IA) será aplicable a partir de este año. Se trata de una de las primeras legislaciones en la materia, lo que ha supuesto tensiones importantes con Estados Unidos, que apuesta por la desregulación. De hecho, aún quedarán provisiones pendientes hasta 2027 si no hay rebajas antes.
En la práctica, las medidas, aplicables a partir del mes de agosto, tienen que ver con la gobernanza de la comercialización y la utilización de determinados servicios, su vigilancia o la prohibición de determinadas prácticas. El texto pone especial énfasis en lo que considera tecnologías de alto riesgo, como, por ejemplo, las que se utilizan en el ámbito de la seguridad, las infraestructuras críticas o los servicios básicos, o los análisis biométricos, es decir, su uso para categorizar a las personas.
Deberes para los gobiernos
En 2026, los gobiernos europeos tendrán que acabar algunos deberes. Por ejemplo, Veintisiete deberán transponer en la directiva europea que aspira a reducir las emisiones de los edificios, haciéndolos más sostenibles, antes de mayo de este año. Entre otras cosas, deberán presentar planes de renovación para el parque de vivienda o garantizar que haya placas solares en edificios públicos de nueva construcción. Aunque esta legislación podría verse afectada por la simplificación en el ámbito de la construcción que explora Bruselas.
Otra de las directivas que los gobiernos deberán incorporar a su ordenamiento jurídico es el texto que busca aumentar la transparencia sobre los salarios para luchar contra la desigualdad de género. Entre otras cosas, obliga a empresas de más de 250 empleados a publicar informes sobre la brecha salarial y exige evaluaciones cuando haya indicios de discriminación.
Más datos sobre alquileres
Una de las prioridades para la Comisión Europea en 2026 será trabajar para abordar la crisis de la vivienda en la UE. Un elemento clave en este trabajo será la regulación de la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.
Esta legislación aspira a mejorar y armonizar la información disponible sobre este fenómeno. Una alta fuente comunitaria explicaba que en destinos populares, los alquileres a corto plazo pueden llegar a representar un 20% del parque de viviendas. Pero los datos disponibles varían y es muy difícil abordar un problema sin datos que permitan definir su magnitud.
En la práctica, la legislación exige a las plataformas que ofertan este tipo de alquileres o a los particulares que registren la propiedad, además de datos como la dirección, el número de camas disponibles o si tienen o no una autorización. Las autoridades deberán encargarse de verificar esa información.
Ucrania y Moldavia, llamadas sin cargo extra
En un nuevo paso profundamente simbólico hacia la integración en la UE, pero que también hará la vida más fácil de muchos ciudadanos, desde el 1 de enero, Ucrania y Moldavia disfrutan de la ‘zona de itinerancia como en casa’. Es decir, ucranianos y moldavos podrán hacer llamadas, enviar mensajes y utilizar sus datos móviles en todo el territorio europeo sin cargo adicional. Lo mismo ocurrirá para los europeos que viajen a estos países a partir de 2026.
Un calendario electoral cargado
En 2026, cuatro países de la UE celebran elecciones parlamentarias —Hungría, Chipre, Suecia y Letonia— y dos, presidenciales, Portugal y Bulgaria. Aunque podría haber cambios en el equilibrio político de más de un país, uno de esos votos podría ser determinante para el bloque. La próxima primavera, los húngaros acudirán a las urnas y, por primera vez en más de una década, un cambio de gobierno parece posible.
Péter Magyar, abogado y activista, lidera la oposición en Hungría y algunos sondeos apuntan a que podría ganar el pulso al actual primer ministro, Viktor Orbán, en el gobierno desde 2010. Magyar abandonó Fidesz, el partido que lidera Orban, en 2023 y se unió a ‘Respeto y Justicia’, una formación que trata de movilizar al electorado descontento con la derecha y la izquierda húngaras.
En 2024, Magyar logró un escaño en el Parlamento Europeo, tras unas elecciones que supusieron un golpe importante a Fidesz, demostrando su capacidad de liderazgo. Aunque ideológicamente no es muy diferente a Orbán, con un perfil nacionalista y conservador, su plataforma rechaza el modelo clientelista del primer ministro y su postura es mucho más proeuropea.
Un cambio de gobierno en Hungría podría ser clave para la UE, pero no solucionará todos los problemas. Magyar mantiene, por ejemplo, una postura similar a la de Orbán respecto a Ucrania. El líder de la oposición se opone a apoyar militarmente a Kiev y cuestiona una entrada acelerada del país en la UE, una medida que está entre las garantías de seguridad que reclama Ucrania en el marco de un posible acuerdo de paz.
Dos presidencias neutrales
A partir del uno de enero, Chipre asume la presidencia rotatoria del Consejo; en junio, lo hará Irlanda. Ambos países son neutrales y tomarán las riendas de la coordinación del trabajo político y legislativo de los gobiernos europeos, en un momento en el que la UE se ha fijado reforzar su política de seguridad y defensa como prioridad.
La neutralidad chipriota tiene mucho más que ver con el conflicto abierto con Turquía, que mantiene ocupada la mitad de la isla, que con una cuestión de voluntad. De hecho, Nicosia aspira a entrar en la OTAN en el futuro, pese a la oposición de Ankara. Precisamente, la cooperación con Turquía en materia de defensa —a la que se opone junto con Grecia— será una de las cuestiones que deba manejar Chipre durante su presidencia.
Irlanda sí es reconocida como un país neutral, pero en los últimos años ha dado pasos importantes para reforzar un ejército al que le faltan recursos —es el país del bloque que menos dinero dedica a la defensa— y que necesita modernizar su equipamiento. Aunque Dublín ve en la cooperación en materia de seguridad y política exterior una prioridad para la UE, consciente de que las amenazas son las mismas para todos, independientemente de su postura.
