Las regiones de la UE piden excluir del cálculo de deuda el gasto en política de cohesión

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha pedido que se modifiquen las normas fiscales europeas para hacerlas más eficaces y aumentar su legitimidad democrática, en un dictamen dirigido por Elio Di Rupo (BE/PSE), Ministro-Presidente de Valonia.

Las recomendaciones de las ciudades y regiones de la UE responden a las propuestas presentadas por la Comisión Europea en abril de 2023 para reformar la gobernanza económica de la UE y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Las reformas pretenden reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y promover un crecimiento sostenible e integrador ante el aumento de los precios de la energía, la elevada inflación y los efectos de la pandemia del COVID-19 y la invasión de Ucrania por Rusia.

Mientras que en 2022, 19 de los 27 Estados miembros tenían una deuda superior al 60% del PIB o un déficit anual superior al 3%, la cuestión existencial es simple: ¿Está la nueva gobernanza económica al servicio de un futuro europeo mejor? Apoyamos el planteamiento de reducir gradualmente la deuda pública de los países más endeudados, proporcionando al mismo tiempo el espacio fiscal necesario para la inversión pública en las transiciones climática y digital. En segundo lugar, las normas impuestas deben reconocer la especificidad de las situaciones nacionales y regionales, garantizando al mismo tiempo un trato equitativo a todos los Estados miembros. Por último, debe darse un trato específico a la cofinanciación nacional o regional de todos los proyectos cofinanciados por la UE, como los proyectos de cohesión.

Elio Di Rupo (BE/PSE), Ministro-Presidente de Valonia

El Comité destaca que la activación de la cláusula general de salvaguardia del PEC al inicio de la pandemia de COVID-19 fue un paso esencial que permitió la respuesta europea a la crisis a todos los niveles. Si el Pacto vuelve a entrar en vigor en el actual marco de gobernanza económica, la reducción de la deuda exigida conduciría a una vuelta a las políticas de austeridad, con graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales, y un impacto negativo en la propia sostenibilidad fiscal. Por consiguiente, el CDR pide que la cláusula general de salvaguardia siga vigente hasta que se establezca un marco revisado de gobernanza económica.

Por último, los responsables regionales y locales lamentan que el Semestre Europeo -el marco de la UE para la coordinación y supervisión de las políticas económicas y sociales- sea incapaz de considerar de manera coherente una diferenciación territorial de los retos y oportunidades dentro de los Estados miembros y carezca de eficacia en cuanto a la aplicación de las reformas.

Para que el Semestre Europeo sea más eficaz en la promoción del crecimiento integrador, el CDR ha presentado una propuesta de código de conducta para garantizar que los entes locales y regionales participen estructuralmente en su aplicación. El CDR también ha acogido favorablemente la iniciativa «Ecologizar el Semestre Europeo» propuesta por la Comisión Europea, y está dispuesto a contribuir proactivamente a su éxito.