La Comisión propone una Ley de Aceleración Industrial para reforzar la industria y crear empleo en Europa

La Comisión Europea presentó el pasado 4 de marzo de 2026 la propuesta de Reglamento conocida como Ley del Acelerador Industrial (Industrial Accelerator Act, IAA), destinada a reforzar la base industrial europea, impulsar la descarbonización de la industria y reducir dependencias estratégicas de la Unión Europea frente a la competencia global.

La propuesta fija como objetivo aumentar el peso de la industria manufacturera hasta el 20 % del PIB de la UE en 2035, frente al 14,3 % en 2024, orientando parte del gasto público y los instrumentos de apoyo hacia productos fabricados en Europa y con bajas emisiones de carbono. En este sentido, sectores clave son el acero, aluminio, cemento, automoción y tecnologías vinculadas a la transición energética.

La iniciativa se enmarca en el Clean Industrial Deal, impulsado por la Comisión, y responde a desafíos como la pérdida de peso industrial de Europa, las dependencias estratégicas en sectores críticos y la necesidad de acelerar la transición hacia procesos productivos más sostenibles.

Entre las principales medidas incluidas destacan:

  • Preferencias para productos “Made in EU” y de bajas emisiones en contratación pública, subastas y programas de apoyo, aplicables a acero, cemento, aluminio y tecnologías estratégicas como baterías, energía solar, eólica, bombas de calor y electrolizadores;
  • Condiciones para inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos: participación mayoritaria europea, transferencia tecnológica, integración en cadenas de valor de la UE y creación de empleo local;
  • Simplificación administrativa, mediante una ventanilla única digital para permisos industriales y plazos máximos de autorización para proyectos estratégicos;
  • Áreas de Aceleración Industrial, zonas designadas por los Estados miembros para concentrar proyectos estratégicos, facilitando acceso a infraestructuras, financiación, coordinación administrativa y formación laboral.

La Comisión estima que estas medidas podrían generar:

  • Incremento del valor añadido en acero, aluminio, cemento y cadena de valor automotriz;
  • Creación de miles de empleos en baterías y energía solar;
  • Ahorro potencial de más de 30 millones de toneladas de CO₂.

Además, la propuesta prevé otros instrumentos complementarios:

  • Fomento de la innovación industrial, incluyendo apoyo a investigación en procesos sostenibles y tecnologías limpias;
  • Promoción de cadenas de suministro europeas, asegurando resiliencia frente a crisis globales y dependencias críticas;
  • Medidas de coordinación estatal, que faciliten la cooperación entre administraciones y agilicen la ejecución de proyectos estratégicos.

La iniciativa ha generado debate entre Estados miembros sobre la definición de contenido europeo, condiciones a la inversión extranjera y compatibilidad con normas de comercio internacional. Algunos gobiernos temen un aumento de la complejidad regulatoria, mientras otros defienden reforzar los instrumentos de política industrial para mantener la competitividad europea.

Desde UGT, valoramos que la política industrial vuelva a situarse entre las prioridades europeas y, en este sentido, reforzar la base manufacturera es clave para garantizar empleo estable, transición ecológica y autonomía estratégica. Al mismo tiempo, insistimos en que las políticas de apoyo deben incluir condiciones sociales claras, asegurando empleo de calidad, respeto a la negociación colectiva y formación profesional adaptada a los cambios tecnológicos y productivos.

La propuesta seguirá el procedimiento legislativo ordinario, con negociaciones en Parlamento y Consejo, donde se definirán los criterios finales de contenido europeo, condiciones de inversión extranjera y compatibilidad comercial. El resultado dependerá del equilibrio alcanzado entre reindustrialización europea, transición ecológica y apertura comercial, elementos que hoy marcan el debate sobre la política industrial de la UE.

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