La subida de los precios de la energía: las respuestas políticas de Europa ante la crisis del coste de la vida
Los gobiernos de toda Europa han respondido al aumento de los precios de la energía con una serie de medidas destinadas a amortiguar el impacto sobre los ciudadanos y las empresas. Estas medidas ponen de manifiesto una amplia coherencia en el enfoque de los Estados miembros: a corto plazo, se pretende aliviar el impacto inmediato y, a largo plazo, se busca diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia energética.
La interrupción del suministro de petróleo y gas tras el cierre del estrecho de Ormuz ha incrementado rápidamente las presiones inflacionistas, ha socavado la seguridad energética y ha agravado la crisis del coste de la vida. El aumento de las facturas energéticas, junto con el incremento de los precios del transporte y los alimentos, ha reducido significativamente la renta disponible de los hogares, mientras que el riesgo de pobreza energética ha crecido, especialmente para los hogares con bajos ingresos y los grupos vulnerables. Para las empresas, especialmente las de sectores con un alto consumo energético, el repentino aumento de los costes operativos amenaza su competitividad y, en casos extremos, su viabilidad industrial. Los gobiernos de la UE están apoyando a los hogares y a las empresas durante esta crisis con medidas que van desde el apoyo financiero inmediato a los hogares vulnerables hasta cambios estratégicos a largo plazo destinados a reforzar la seguridad energética y acelerar la transición hacia fuentes de energía alternativas. Eurofound ha registrado estas intervenciones en su base de datos EU PolicyWatch; este artículo ofrece un resumen para proporcionar a los responsables políticos a nivel europeo y nacional una visión general del panorama normativo actual.
Con el fin de facilitar el seguimiento y el análisis de las respuestas legislativas y políticas al aumento del coste de la vida, EU PolicyWatch fue actualizada entre abril y junio de 2026 por los corresponsales nacionales de Eurofound de cada uno de los 27 Estados miembros y Noruega. Identificaron más de 125 medidas distintas, que hemos clasificado en cuatro grupos temáticos: intervenciones sectoriales, gestión de la demanda, cambios estructurales en la oferta e iniciativas de diálogo social y negociación colectiva (Tabla 1). Muchas de ellas abarcan más de una categoría; nuestra clasificación refleja la intención política principal. Los lectores de este artículo también pueden consultar la base de datos, que se actualiza periódicamente.
Una parte sustancial de las medidas se dirige a sectores específicos que se ven afectados de manera desproporcionada por la volatilidad de los precios de la energía. Se han registrado medidas de este tipo en todos los Estados miembros y en Noruega. Como era de esperar, las medidas dirigidas al sector energético se encuentran entre las más frecuentes. En Bélgica, Francia y Hungría se han puesto en marcha iniciativas destinadas a proteger a los consumidores de subidas extremas de precios, que consisten en límites máximos a los precios de la electricidad, vales energéticos y créditos. También se han aplicado medidas más específicas, como tarifas reducidas de electricidad y gas para los hogares de bajos ingresos en Austria y España. En muchos países (por ejemplo, Croacia, Alemania y Eslovenia) se están utilizando subvenciones directas a los proveedores de energía para mantener tarifas estables tanto para los consumidores residenciales como para los industriales. Por su parte, Portugal ha creado el programa de crédito Energy Resilience Facility para las empresas afectadas por el fuerte aumento de los costes energéticos.
Dada su gran dependencia de los combustibles fósiles, el sector del transporte ha sido objeto de especial atención, y varios países han reducido los impuestos especiales sobre los combustibles (por ejemplo, Chipre, Chequia, Letonia, Irlanda, Rumanía, Polonia y Suecia), han anulado los aumentos previstos (como ha sido el caso de Estonia) o han fijado límites máximos a los precios en las gasolineras (como han hecho, entre otros, Chequia, Francia y Rumanía). Croacia ha introducido moratorias temporales en la amortización de préstamos para los pequeños minoristas del sector de los productos petrolíferos. Otros Estados miembros han concedido subvenciones directas a los transportistas por carretera y a los operadores de transporte público para evitar recortes en el servicio o que los aumentos de las tarifas se repercutan en los pasajeros (Bulgaria y Grecia, entre otros). En varios países se han reducido las tarifas del transporte público a nivel nacional, regional o local (Lituania, Rumanía y Suecia) o se han introducido programas de transporte gratuito (Dinamarca), en parte para apoyar los presupuestos familiares y en parte para fomentar el abandono del uso del coche privado.
El aumento de los costes de los fertilizantes y los combustibles ha ejercido una enorme presión sobre los sectores de la agricultura y la producción alimentaria. Las respuestas políticas incluyen ayudas financieras directas a los agricultores para compensar el aumento de los costes de los insumos (Chipre, Grecia, Italia y los Países Bajos), así como líneas de crédito de emergencia para el sector agroalimentario con el fin de estabilizar las cadenas de suministro de alimentos (por ejemplo, en Austria y Suecia), con el objetivo de evitar una mayor inflación de los precios de los alimentos. Varias otras industrias con un elevado consumo energético (como la siderúrgica, la química y la cerámica), así como las pequeñas y medianas empresas, han sido objeto de programas de compensación o han recibido exenciones temporales de determinados gravámenes energéticos para preservar la competitividad y el empleo.
El segundo grupo de medidas está diseñado para reducir el consumo global de energía, tanto para aliviar la presión sobre los precios como para respaldar los objetivos climáticos. Entre ellas se incluyen las ayudas para la renovación de edificios, como el Fondo Nacional de Calefacción neerlandés y las ayudas a la eficiencia energética de las viviendas, destinadas a mejorar el aislamiento y reducir los costes de calefacción. Otro ejemplo neerlandés, previsto inicialmente para 2027 pero adelantado a 2026, tiene como objetivo incentivar a los hogares de rentas bajas y medias a cambiar sus vehículos de gasolina y diésel por coches eléctricos de segunda mano. La medida busca explícitamente evitar una crítica dirigida a las anteriores ayudas neerlandesas para vehículos eléctricos —suspendidas en enero de 2025—, según la cual las ventajas fiscales para los vehículos eléctricos beneficiaban de manera desproporcionada a los grupos de rentas más altas y a los conductores de vehículos de empresa. En Alemania se reintrodujo una medida similar en mayo de 2026, tras haber sido suspendida en 2023.
España ha reducido el plazo para que las organizaciones aprueben planes de movilidad sostenible al trabajo de 24 a 12 meses. El objetivo de estos planes, obligatorios para las empresas y entidades del sector público con más de 200 trabajadores, o más de 100 trabajadores por turno, es reducir el consumo energético relacionado con los desplazamientos al trabajo mediante el fomento de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad compartida, las infraestructuras de recarga con cero emisiones y, cuando sea factible, la introducción del teletrabajo.
En Dinamarca, no se apoyó una propuesta para reducir los costes de transporte de los hogares mediante la reducción de los impuestos sobre los combustibles y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la gasolina y el gasóleo hasta los niveles mínimos permitidos por la legislación de la UE. Dicha propuesta fue sustituida por un aumento temporal de la deducción fiscal por desplazamientos al trabajo para fomentar el uso del transporte público en lugar de los vehículos particulares.
Una tercera categoría de medidas aborda las causas fundamentales de la dependencia energética y la volatilidad de los precios. Se trata de intervenciones estratégicas a largo plazo destinadas a diversificar la combinación energética y reforzar la autonomía de los Estados miembros. Un ejemplo son los esfuerzos de Malta por garantizar su seguridad energética, alejándose de su enfoque tradicional de utilizar un mecanismo de cobertura a largo plazo durante los períodos de alta volatilidad del mercado energético mundial. Su nueva estrategia se basa en la diversificación energética, complementada por el Programa de Fuentes de Energía Renovables, que subvenciona la adquisición de sistemas fotovoltaicos y fue renovado en abril de 2026.
En Noruega, los debates sobre la preparación en materia de combustibles eran anteriores a la crisis actual. Dado que el país es un importante exportador neto de petróleo, no tiene obligación de almacenamiento según la normativa de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En consecuencia, las reservas nacionales de combustible de Noruega tienen capacidad suficiente para 20 días, mientras que países como Suecia y Finlandia cuentan con reservas para 90 días. Durante la revisión del presupuesto nacional en mayo de 2026, se presentó una propuesta para abordar la limitada capacidad de almacenamiento de combustible. Tanto los empresarios como los representantes sindicales acogieron favorablemente la propuesta, dada la necesidad de prepararse para graves interrupciones en el suministro de alimentos y combustible y la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones.
El Gobierno de Dinamarca ha propuesto un plan de emergencia para dar prioridad al acceso a la red eléctrica frente a los centros de datos, con el fin de hacer frente a las crecientes limitaciones de capacidad de la red eléctrica danesa. Si se aprueba la medida, el actual principio de «por orden de llegada» se sustituiría por un sistema que permita a los operadores de la red energética priorizar las conexiones en función de las necesidades de la sociedad.
Finlandia, en particular, ha decidido no introducir un paquete de ayudas en respuesta a la crisis energética de 2026. Dicha medida habría sido similar a las medidas temporales introducidas en 2023 para aumentar el poder adquisitivo de la población ante el aumento de los precios de los bienes de consumo. Según el Gobierno del país, la exposición de Finlandia a la crisis de 2026 se ha visto atenuada, en comparación con la mayoría de los Estados miembros, gracias a su elevada proporción de generación de electricidad libre de emisiones.
En muchos Estados miembros se ha consultado a los interlocutores sociales durante el diseño de los paquetes de ayudas energéticas. A diferencia del proceso de diseño de las respuestas para amortiguar el impacto de la inflación en 2022, los interlocutores sociales han participado directamente o en el marco de una consulta tripartita en más de un tercio de las medidas registradas en 2026. Varios casos son ejemplos claros de cómo se han utilizado los convenios colectivos para hacer frente al coste de la vida. En Luxemburgo, el acuerdo tripartito «Paquete de Resiliencia 2026» consta de 20 medidas negociadas y acordadas entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores y las empresas para hacer frente a los efectos negativos de la crisis energética y económica, caracterizada por un aumento persistente de los precios de la electricidad desde 2022. Ya en marzo, las organizaciones de los interlocutores sociales de varios países pedían que se tomaran medidas para mitigar los efectos negativos del fuerte aumento de los precios de la energía y los combustibles, mientras que en Estonia y Dinamarca las organizaciones patronales propusieron planes de acción concretos.
Aunque las opiniones de los interlocutores sociales registradas en la base de datos son dispares, algunos expresaron opiniones positivas, sobre todo respecto a las subvenciones para los costes de transporte y energía, las medidas de eficiencia energética en la vivienda y las medidas dirigidas a los hogares con bajos ingresos y a las pequeñas empresas (por ejemplo, en Austria, Croacia, Francia, España y Suecia). También apoyaron políticas estratégicas con visión de futuro (por ejemplo, en Malta y Portugal). Sin embargo, también se han mostrado críticos, especialmente en relación con las medidas generales de alivio de los costes energéticos, argumentando que deberían dirigirse a las personas con rentas más bajas (Países Bajos y Polonia, entre otros) o adoptar un enfoque a más largo plazo en lugar de uno puntual (como fue el caso en Alemania y Grecia, por ejemplo).
La mayoría de las medidas registradas ya se han aplicado y están en vigor, lo que refleja la urgencia con la que los gobiernos nacionales, regionales y locales han respondido a la crisis de los precios de la energía. Un número menor se ha registrado como propuestas —como las reducciones del IVA sobre los alimentos en Dinamarca y la estabilización de los aumentos diarios del precio del combustible en Lituania— y están a la espera de la aprobación parlamentaria, la asignación presupuestaria o nuevas consultas con los interlocutores sociales.
Muchas medidas de apoyo financiero, incluidos los vales energéticos, los límites máximos de las tarifas y las reducciones de los impuestos especiales, se han introducido con carácter temporal, normalmente por un período de entre 3 y 12 meses, y varios gobiernos han incorporado cláusulas de revisión vinculadas a la evolución de los precios mayoristas de la energía. Por el contrario, las medidas relacionadas con la inversión en energías renovables, la renovación de edificios y la eficiencia energética tienden a ser de duración indefinida o plurianual, lo que refleja su carácter estructural más que de emergencia. Este patrón sugiere una lógica globalmente coherente en todos los Estados miembros, según la cual el alivio inmediato de los precios se considera un puente temporal, mientras que la inversión en diversificación energética y eficiencia se aborda como un compromiso a más largo plazo y de duración indefinida.
La crisis del coste de la vida desencadenada por el cierre del estrecho de Ormuz ha exigido la adopción de medidas de alivio urgentes y específicas para respaldar el poder adquisitivo de los ciudadanos y ayudar a las empresas a mantenerse a flote. Dichas medidas se han complementado con varias medidas estratégicas a más largo plazo destinadas a respaldar las economías de los Estados miembros más allá de la actual restricción del suministro de combustibles fósiles.
En comparación con las políticas adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania, en el equilibrio entre las medidas de alivio a corto plazo y las políticas estratégicas a largo plazo, estas últimas parecen haber cobrado importancia, ya que se observan ligeramente más casos de reformas estructurales e inversiones.
En tiempos de crisis, el diálogo social puede constituir una herramienta para involucrar a los interlocutores sociales en el desarrollo de políticas, más allá de un mero requisito de procedimiento. Puede ser una herramienta fundamental para garantizar la legitimidad social de las respuestas políticas destinadas a gestionar de manera eficiente el impacto de la inflación en los salarios, la productividad y la resiliencia.
Fuente: Energy price spike: Europe’s policy responses to the cost-of-living crisis | Eurofound