Juristas denuncian a la Comisión y el Consejo de la UE por inacción ante el genocidio en Gaza
Abogados especializados en derecho internacional presentarán el jueves ante el Tribunal de Justicia de la UE un «recurso por omisión» basado en la inacción de las dos instituciones europeas ante las masacres perpetradas por el gobierno israelí de Netanyahu.
Mientras Europa espera expectante las posibles iniciativas contra Israel por parte de Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, un grupo de juristas ha decidido pasar a la acción. La asociación franco-belga JURDI, integrada por abogados expertos en derecho internacional, presentará este jueves en Luxemburgo una demanda por «omisión de actuación» ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),dirigida contra la Comisión Europea y el Consejo de la UE. El motivo: su inacción ante los crímenes que está cometiendo en la Franja de Gaza el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu (Likud).
Se trata de un hecho sin precedentes. Nunca antes dos instituciones europeas habían sido llevadas ante la justicia por su falta de respuesta frente a violaciones del derecho internacional. El equipo jurídico, compuesto por destacados abogados, asesores de la Corte Penal Internacional y profesores universitarios, está decidido a avanzar en una causa que consideran urgente.
El 12 de mayo enviaron una carta de notificación formal a la Comisión y al Consejo de la UE. Dos meses después, exigen la apertura de un procedimiento.
Es la primera vez que dos instituciones de la UE son llevadas ante la justicia por su falta de respuesta ante violaciones del derecho internacional
La batalla legal se librará esta vez en casa, sin recurrir a tribunales o tratados internacionales. La demanda, de 90 páginas, se fundamenta en el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite sancionar a una institución europea por inacción culpable.
Dicha infracción se podría haber cometido, según el documento, «al no suspender,durante 21 meses (desde octubre de 2023), el Acuerdo de Asociación UE-Israel, al no proponer ninguna sanción o restricción económica al gobierno de Netanyahu y al no adoptar una posición pública sobre los riesgos de genocidio y crímenes documentados».
«Mientras se han aprobado 18 paquetes de sanciones contra Rusia —a propuesta de la Comisión—, el doble rasero hacia Israel se ha vuelto intolerable”, denuncia Alfonso Dorado, abogado penalista francés, asesor de la CPI y uno de los impulsores del recurso contra las instituciones de la UE. El Tratado europeo exige el respeto al derecho internacional, a la dignidad humana y a los derechos fundamentales, y permite imponer sanciones a terceros países que no respeten estos principios. Ya se ha hecho con Siria, Bielorrusia, Myanmar y, sobre todo, Rusia. Pero en el caso de Israel, las instituciones europeas no han actuado.
Sin sanciones
El pasado 20 de mayo, 17 Estados miembros solicitaron al Servicio Europeo de Acción Exterior que revisara el artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Israel. La respuesta del organismo diplomático de la Comisión fue la publicación de un informe en el que se documentaban múltiples violaciones del derecho internacional humanitario por parte del gobierno israelí.
El informe –seis páginas repletas de crímenes y abusos contra la población palestina en la Franja y los territorios ocupados por Israel– llegó 20 meses después del inicio de los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Pese a su contundencia, no ha tenido consecuencias.
El 23 de junio, mismo día en que el informe fue presentado ante los ministros de Exteriores europeos, la Alta Representante de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, no propuso ninguna medida contra Israel. En una rueda de prensa, Kallas repitió en tres ocasiones que «la Comisión no quiere castigar al Gobierno israelí» y abogó por un «diálogo para desbloquear la situación humanitaria». Días después, su portavoz anunció un acuerdo con el ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, para permitir el ingreso de camiones con alimentos y medicinas por el norte y sur de la Franja.
Dorado asegura que esta medida es «jurídicamente insuficiente, ya que no constituye ni una medida estructural, ni una sanción, ni una respuesta a la obligación de prevenir el genocidio». Por el contrario, argumenta el abogado de JURDI, «confirma que la UE sigue fallando, ya que revela que continúa cooperando activamente con Israel al mismo tiempo que evita aplicar sus propias normas».
Los juristas de JURDI solicitan a los jueces de Luxemburgo que abran un procedimiento de urgencia para obligar a la Comisión y al Consejo a romper toda relación comercial y política con Israel, y a emitir una declaración política sobre el riesgo de genocidio en Gaza.
El panorama político en Bruselas, sin embargo, complica cualquier posible avance. La suspensión del Acuerdo de Asociación requiere unanimidad entre los Estados miembros, y están en contra Alemania, Polonia, Hungría e Italia. También rechazan las sanciones comerciales, que solo requieren el apoyo de la mayoría de los veintisiete. Su oposición constituye una «minoría de bloqueo» que impide que se tome cualquier decisión.
Otras medidas
«Sin embargo, hay sanciones que la Comisión puede aplicar como ejecutora del presupuesto europeo, sin necesidad de los gobiernos», explica Alfonso Dorado. La suspensión de los fondos de investigación de Horizon Europe podría ser una de esas medidas. Según una reciente investigación de Follow The Money y otros medios europeos, éstos ascienden a más de 1.000 millones de euros en subvenciones a universidades, empresas y ministerios israelíes.
Además, según han revelado los consorcios Investigate Europe y Reporters United, hay 15 proyectos en marcha para el desarrollo de armamento con la empresa Intracom Defense, con sede en Atenas, pero cuya propietaria es la compañía pública israelí Aerospace Industries (AIA). Todos estos proyectos están financiados con dinero europeo procedente del Fondo Europeo de Defensa.
Muchos de los expertos entrevistados para la investigación señalaron que dichos proyectos violan claramente los principios éticos del Fondo de Defensa y deberían suspenderselo antes posible. Por el momento, las altas instancias del edificio Berlyamont –sede de la Comisión en Bruselas- no se plantean hacerlo. Estas investigaciones periodísticas forman parte de las pruebas incluidas por JURDI en el recurso que está a punto de llegar a los tribunales europeos.
Los altos representantes de la UE deberían tener cuidado, porque podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional por complicidad
También la jurisprudencia internacional respalda a JURDI. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 2007 –Bosnia contra Serbia–, dictada como respuesta a la masacre de Srebrenica de 1995, establece que todos los actores internacionales que dispongan de medios suficientes están llamados a hacer lo posible para prevenir un genocidio, incluidas las instituciones europeas; incluso aunque estas no sean signatarias de la Convención para la Prevención del Genocidio de 1948, ratificada por 153 países, entre ellos todos los que componen la UE, Estados Unidos e Israel.
Además de la suspensión de los acuerdos comerciales y de los proyectos de investigación y desarrollo –también de armamento–, JURDI pide la suspensión de las transacciones financieras con el sistema belga Swift, sanciones contra algunos miembros del gobierno Netanyahu y contra los colonos israelíes más violentos, ya identificados por la Corte Penal Internacional.
Por el momento, hay que esperar a ver cómo recibe el recurso el Tribunal de Justicia y, sobre todo, si se reconoce su carácter urgente. Este es sólo el primer paso y los abogados de JURDI no piensan detenerse en él. «Los altos representantes de la Unión Europea deben tener cuidado, porque un día podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional por complicidad en genocidio. Puedo asegurarles que no nos detendremos; hemos emprendido un largo viaje», concluye Alfonso Dorado.
