Bruselas cede a la presión contra la ley antideforestación y propone aplazarla un año
La Comisión Europea propuso este miércoles aplazar durante un año la aplicación de la ley para evitar que los productos consumidos en la UE generen deforestación, que ya está adoptada y debía hacerse efectiva al empezar 2025, pero ha sido muy criticada por la industria, algunos partidos políticos y terceros países.
«La Comisión refuerza el apoyo para la implementación del Reglamento de la UE sobre la Deforestación y propone 12 meses adicionales de período de adaptación, respondiendo a las solicitudes de socios globales«, informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.
La propuesta deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros), instituciones que en 2023 aprobaron la ley contra la deforestación en su estado actual, con una holgada mayoría.
El reglamento busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación tanto en el espacio comunitario como en terceros países, pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo.
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles, y estipula que, a partir del 30 de diciembre, las empresas que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales.
Sin embargo, el texto ha sido sometido a una presión extraordinaria en los últimos meses, tanto por parte de la industria como por países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá, y es una de las razones por las que sigue estancado el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
La presión también ha llegado desde el Partido Popular Europeo (PPE), familia política de la presidenta de la Comisión Europea, la democristiana alemana Ursula von der Leyen, pese a que esa formación había liderado la negociación del texto en la Eurocámara, donde en ese proceso se amplió la ambición del reglamento respecto a la propuesta original del Ejecutivo.
«No queremos seguir siendo cómplices en la deforestación mundial«, dijo tras su aprobación en 2023 el negociador de la norma en el Parlamento Europeo, el cristianodemócrata luxemburgués Christophe Hansen, propuesto ahora para ser el nuevo comisario de Agricultura en el segundo Ejecutivo de Von der Leyen.
Entre los Veintisiete, no quieren mantener el calendario Estados miembros como Suecia, Finlandia, Austria, Polonia y Eslovaquia, ni tampoco Alemania, que recientemente han cambiado de posición.
Algunas de las preocupaciones se centran en el daño reputacional y caída de las exportacionesque podría infligir el ‘ránking’ de países que debería de publicar la Comisión antes de final de año y que supondría que los Estados con mayor riesgo de incurrir en deforestación serían sometidos a más controles en sus exportaciones.
Otros criticaban que el reglamento agregue trabas burocráticas, especialmente a los pequeños productores o comerciantes.
La Comisión, que hasta hace unos días indicaba oficial y extraoficialmente que no había planes para retrasar la implementación del reglamento, ha terminado cediendo a esa presión y escalonando su aplicación.
«Si es aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, la ley sería aplicable el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas. Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de adaptación para asegurar una implementación adecuada y efectiva», indicó el Ejecutivo.
Bruselas, que también publica una serie de orientaciones técnicas, justifica el proponer ahora una prórroga en virtud de los comentarios recibidos «de socios internacionales sobre su estado de preparación».
«La Comisión reconoce que, a tres meses de la fecha prevista para la implementación, varios socios globales han expresado reiteradamente preocupaciones sobre su estado de preparación, la más reciente durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York», agregó el Ejecutivo, que también ha detectado «inquietudes» en algunas partes interesadas dentro de la UE.
«Un plazo adicional de 12 meses para la implementación es una solución equilibrada para apoyar a los operadores de todo el mundo y asegurar una transición suave desde el principio», agregó el Ejecutivo comunitario.
Con este paso, la Comisión «busca proporcionar certeza sobre el camino a seguir y garantizar el éxito del Reglamento, que es crucial para abordar la contribución de la UE al urgente problema global de la deforestación», añadió la institución, que sostiene que «la propuesta de extensión de tiempo no pone en duda los objetivos ni el contenido de la ley«.
Críticas a la prórroga
Por otra parte, organizaciones ecologistas y eurodiputados verdes, socialdemócratas y liberales han criticado con dureza la prórroga de un año propuesta por la Comisión Europea.
Uno de los primeros en reaccionar contra el súbito cambio de postura del Ejecutivo ha sido el excomisario europeo de Medioambiente, el ahora eurodiputado ecologista lituano Virginijus Sinkevicius, bajo cuyo mandato se redactó, negoció y aprobó la legislación en 2023.
«Retrasar la regulación sobre Deforestación es un paso atrás en la lucha contra el cambio climático (…). Pone en riesgo 80.000 acres de bosque diariamente, alimenta el 15 % de las emisiones globales de carbono, rompe la confianza con nuestros socios globales y daña nuestra credibilidad en los compromisos climáticos», escribió en la red social X.
También las organizaciones ecologistas han cargado contra la prórroga, que aún tendrán que aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
«Genera serias dudas sobre el compromiso de la presidenta de la Comisión con el cumplimiento de las promesas ambientales de la UE», trasladó a EFE la responsable de políticas forestales de WWF Anke Schulmeister-Oldenhove.
Greenpeace, por su parte, señaló en un comunicado que «Von der Leyen bien podría haber empuñado la motosierra ella misma».
«Ha condenado los bosques del mundo a otro año de destrucción como resultado del consumo europeo», dijo Greenpeace, que criticó la lentitud de la Comisión en publicar las directrices y documentos técnicos y que finalmente «ha cedido oficialmente a la presión de empresas y gobiernos que son hostiles a la ley».
Las críticas también han aflorado entre socialistas y liberales en el Parlamento Europeo.
Desde la bancada socialdemócrata, el alemán Bernd Lange calificó de «desgraciada» la decisión y aseguró que el retraso podía haberse evitado si a nivel político la Comisión «hubiera decidido publicar los documentos de apoyo hace meses» en lugar de prolongar «una incertidumbre innecesaria para todos los involucrados».
«El Ejecutivo necesita implementar lo que han decidido los colegisladores», agregó.
Por su parte, el eurodiputado liberal francés Pascal Canfin, presidente de la comisión de Medioambiente de la Eurocámara la pasada legislatura, cuando se aprobó el texto, trasladó a EFE que lamenta la decisión en «un contexto donde los bosques tropicales siguen siendo destruidos a un ritmo insostenible».