No es Sánchez vs. Musk: es Europa contra la dictadura de las tecnológicas
El conflicto entre Estados europeos y grandes plataformas no es una discusión por la moderación del contenido. Es sobre quién define las reglas del espacio público digital, si las instituciones democráticas o empresas transnacionales. Las medidas han sido insuficientes, y con la IA el reto será mayor.
En Europa se juega una partida de póker que va más allá de limitar las redes sociales. Una partida a fuego lento que, con la alianza entre Donald Trump y los magnates digitales, se ha convertido en un hervidero. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó un órdago a principios de febrero: un paquete de medidas que golpea el corazón del negocio de estas plataformas. La respuesta no se hizo esperar: Elon Musk llamándolo “totalitario fascista” en X, su plataforma y altavoz político, y Pavel Durov, fundador de Telegram, denunciando censura y violaciones a las libertades. Ahora Sánchez pedirá a la Fiscalía española investigar a X, Meta y TikTok por crear y difundir pornografía infantil con sus inteligencias artificiales.
Pero detrás del ruido hay una vieja pugna de poder, dinero e influencia: lo que realmente está en juego es quién controla el espacio público del siglo XXI y el modelo de negocio que lo gobierna. Es un choque entre el Estado de derecho europeo y el control democrático frente a las presiones de Trump, Musk y las grandes tecnológicas por desactivar o vaciar esas normas de contenido. No es casualidad que Trump haya vetado la entrada en Estados Unidos a responsables europeos de regulación digital como el excomisario Thierry Breton. En un plano más amplio, las presiones son un ataque al proyecto europeo, incómodo para quienes ven en Bruselas el último gran dique regulador frente al capitalismo de plataformas estadounidense.
El negocio de las plataformas: adicción, manipulación y fraude
Las medidas planteadas por Sánchez afectan al núcleo del modelo de negocio de las plataformas. Prohibir el acceso a menores de dieciséis años, introducir responsabilidad legal para directivos y tipificar la manipulación algorítmica y la amplificación de contenido ilegal ataca directamente sus fuentes de ingresos. Además, el presidente del Gobierno español planteó la creación de una “huella de odio y polarización”.
El mayor incentivo económico de X, Telegram, Meta o TikTok es la economía de la atención: maximizar el tiempo de pantalla, el engagement o interacciones, y la recurrencia. Para ello se valen de estrategias como el “diseño persuasivo”. La Comisión Europea ha constatado, por ejemplo, que TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) por su “diseño adictivo” que incluye scroll infinito, reproducción automática, notificaciones invasivas y un sistema de recomendación altamente personalizado. Si las alegaciones de TikTok no resultan convincentes, la multa podría alcanzar el 6% de su facturación anual total.
Otra estrategia es la manipulación algorítmica. Las redes sociales no muestran el contenido según lo publican nuestros contactos o las personas a las que seguimos. Los sistemas de recomendación priorizan aquello que maximiza la rentabilidad por encima de lo informativamente relevante. Lo más efectivo es la emoción, el enfado, el miedo, la humillación, la identidad…, incluso cuando amplifica contenidos extremos, engañosos o perjudiciales para el debate público.
De ahí que otra parte del negocio de estas plataformas sea la industria del cibercrimen y la ciberdelincuencia: anuncios fraudulentos, suplantaciones de identidad, criptoestafas, “inversiones milagro” y un largo etcétera. Por ejemplo, documentos internos y varias investigaciones han mostrado que al menos el 10% de los ingresos de Meta procede de estos anuncios, incluso cuando incumplen sus propias normas.
Y sus daños: desinformación, porno y extremismo
Esa explotación del modelo de negocio de las plataformas tiene impactos directos en las sociedades. El más claro es la amplificación de la desinformación, el extremismo y el contenido polarizador. Ejemplo de ello es TikTok: una investigación reciente de la Fundación Maldita mostró que tan sólo 550 cuentas dedicadas a publicar vídeos políticos o de protestas falsos, generados con IA, y diseñados para provocar impacto emocional, acumularon más de 89 millones de visualizaciones en dieciocho países. Contenidos engañosos, extremos o incendiarios suelen generar más interacción y tiempo de uso y, por tanto, más valor económico.
X, por su parte, ha sido señalada por amplificar discursos de odio, racismo y misoginia tras relajar sus políticas de moderación. Otra investigación académica publicada en 2025 reveló que el contenido con discursos de odio en la red social aumentó un 50% después de que la adquirió Elon Musk a finales de 2022. Dichos mensajes tuvieron más interacciones, una señal de mayor visibilidad y amplificación algorítmica. El anonimato que facilita X potencia ese contenido: la Comisión Europea le impuso en 2025 una multa de 120 millones de euros por incumplir la DSA con su sistema de verificación engañoso (la marca azul).
Telegram, mientras tanto, funciona como refugio para grupos extremistas: neonazis, yihadistas, terroristas, ultraderecha conspirativa o redes de acoso. Las discusiones extremistas también han migrado hacia la plataforma rusa, ya que su menor moderación facilita reproducir y expandir narrativas radicales. Todo lo que estos grupos no pueden hacer a la luz en otras redes, lo hacen a la sombra en Telegram. A ello se suma que su dueño, Pavel Durov, ahora usa su propia plataforma para influir en los usuarios, al igual que Musk.
Al mismo tiempo, algunas plataformas retiran contenidos de forma poco transparente, perjudicando la libertad de expresión. Musk, autoproclamado absolutista del free speech, suspendió las cuentas de periodistas del New York Times, CNN o el Washington Post que informaban críticamente sobre su gestión. Además, X y otras redes practican el shadowbanning: limitan de forma encubierta el alcance de ciertas voces. Por el contrario, potencian los mensajes de sus propietarios o los de sus amigos y aliados. Desde que Musk anunció en 2024 su apoyo a Trump, su propia cuenta se disparó en visibilidad e interacción, y también aumentó la visibilidad de las publicaciones del Partido Republicano, en detrimento del Demócrata.
Pero el rey del tráfico es el porno. Desde 2024 X permite publicar y distribuir contenido sexual explícito, y el pasado diciembre incluyó una función que permite desnudar a las personas mediante su herramienta de IA. Tanto la Comisión Europea como Francia o Reino Unido están investigando presuntos delitos de extracción ilícita de datos, complicidad en la posesión de material de abuso sexual infantil, y falta de evaluación y mitigación de riesgos relacionados con la difusión de contenido ilegal. Telegram va más allá: se ha convertido en una gran infraestructura de distribución de pornografía. Millones de usuarios comparten pornografía consentida y no consentida, y hay grupos y bots especializados en porno y desnudos generados con IA, así como canales que redistribuyen material de plataformas como OnlyFans sin permiso.
La batalla por los menores de edad
El negocio de los menores de edad es un frente en sí mismo. Un estudio estimó que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X y YouTube obtuvieron en conjunto casi 11.000 millones de dólares en ingresos publicitarios atribuibles a menores en 2022. Eso es un 30% y un 40% del total por anunciantes en el caso de TikTok, YouTube y Snapchat. De ahí algunas protestas de los tecnooligarcas. De cara a la galería, su excusa es que implantar sistemas de verificación de edad atenta contra la privacidad de los usuarios. Sin embargo, no dicen que existen formas de comprobar cuántos años tiene una persona mediante biometría o análisis de comportamiento, sin pedir otros datos ni documentos de identidad o tarjetas de crédito.
Australia fue el primer país que prohibió el acceso a redes sociales a menores de dieciséis años, el pasado diciembre. En Europa quieren hacerlo España, Francia, Dinamarca, Grecia, Austria y Portugal. En el caso australiano, se permite el uso de identificaciones oficiales, el reconocimiento facial o de voz, o la llamada “inferencia de edad”, que analiza el comportamiento y las interacciones en línea para estimar la edad de una persona. Su aplicación ya ha provocado la desactivación masiva de perfiles. Meta, por ejemplo, informó el cierre de unas 550.000 cuentas durante los primeros días, aunque muchos adolescentes tratan de evadir el bloqueo a través de VPN, fechas de nacimiento falsas o cuentas compartidas con sus padres.
Es cierto que existe un riesgo tanto de vulneración de la privacidad y la libertad de expresión como de censura, según cómo se implementen las medidas anunciadas por Sánchez. Para la verificación de edad será clave que las plataformas cuenten con sistemas que garanticen la privacidad, mientras que se desconoce cómo funcionará el sistema de la “huella de odio digital”. El riesgo es una vigilancia de datos públicos desproporcionada, no consentida y sin transparencia. Además, los sesgos e imprecisiones son habituales en los sistemas automatizados, lo que puede derivar en resultados incorrectos o discriminatorios.
Estados europeos contra las ‘big-tech’ (y Estados Unidos)
Pese a los riesgos, la inacción en Europa ha dejado de ser una opción. Francia lleva más de una década introduciendo medidas de transparencia algorítmica y supervisión de las plataformas digitales, así como para responsabilizar a los directivos por lo que ocurre en sus servicios. Recientemente, las autoridades francesas registraron las oficinas de X en el país y citaron a Musk para un interrogatorio el 20 de abril. No es el primer caso: en 2024, la Policía francesa detuvo a Durov en París y la Justicia le imputó delitos relacionados con la falta de medidas para combatir el contenido ilegal y actividades delictivas en Telegram. Tras pagar una fianza de más de cinco millones de euros, fue puesto en libertad bajo control judicial.
Francia también ha sido pionera en aprobar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de quince años, que se prevé que entre en vigor este 2026. Además, ha ido a la cabeza en aplicar la DSA, con requerimientos y amenaza de sanciones a Meta y TikTok por incumplir obligaciones de transparencia y denuncia de contenido. Por su parte, Alemania obligó a las grandes plataformas a crear procesos formales y rápidos para gestionar denuncias de contenido ilícito. Entre otras cosas, esta ley se tradujo en una multa a Facebook por informar de forma incompleta sobre la cantidad de mensajes de odio en la plataforma.
España va a la zaga en este sentido. La Comisión Europea abrió expediente al Gobierno español por no haber dado poderes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aplicar la DSA. Quien sí lleva años investigando violaciones de privacidad en redes sociales y plataformas digitales es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), aunque han sido pocas las multas asociadas.
Ahora la Comisión Europea centraliza estas conductas ilegales a través de la DSA. Sólo en 2025 sancionó a X con 120 millones de euros por falta de transparencia y diseño engañoso, y multó a Meta con doscientos millones por incumplir la obligación de consentimiento por acceso a datos personales, a través de la Ley de Mercados Digitales. Además, penalizó a Apple con quinientos millones de euros por saltarse la obligación de dar a los consumidores la posibilidad de elegir un servicio que use menos datos personales, y obligó a Google a pagar 2.950 millones de euros por prácticas anticompetitivas en tecnología publicitaria.
Esta serie de multas ha provocado choques con Estados Unidos. La Administración Trump las considera desproporcionadas, con sesgo contra compañías estadounidenses y potencialmente restrictivas de la libertad de expresión. De ahí que esté presionando para rebajar la aplicación de estas y otras regulaciones digitales, jugando con las amenazas de aranceles y otras medidas de castigo a la Unión Europea.
Sin embargo, las multas no han bastado, por lo que el objetivo de Francia o España de responsabilizar penalmente a los directivos tecnológicos es que sirva al menos como medida disuasoria. Aunque se aprueben leyes, será difícil probar la intervención de estas personas en decisiones ilícitas y que Estados Unidos extradite a ciudadanos suyos imputados. Como mucho, los directivos de las plataformas no podrían viajar a los países en cuestión. Además, la DSA no contempla la vía penal ni pone en la diana a los directivos, sino a las plataformas.
Por el contrario, la Comisión ha sido criticada por no perseguir el cumplimiento de la DSA, y propuestas como el Digital Omnibus han sido calificadas como una desregulación de facto que afectaría al Reglamento General de Protección de Datos o la Ley de IA. Esa falta de aplicación está generando la fragmentación jurídica que se pretendía evitar, y deja a Europa paralizada ante la presión de Washington y el poderoso lobby tecnológico. Por este motivo, y en dirección contraria, España busca liderar una coalición de Estados europeos para coordinar una aplicación más rápida y estricta de las normas, pero no se conocen los detalles.
Un conflicto por la plaza pública digital
El conflicto entre Estados europeos y gigantes tecnológicos va más allá de la moderación de contenidos. Es sobre quién define las reglas del discurso público: si los parlamentos y tribunales, o los términos de servicio y algoritmos opacos de las plataformas. También es un conflicto sobre qué incentivos gobiernan la conversación, qué capacidad tienen los Estados para auditar y sancionar frente al músculo legal de las grandes tecnológicas, y qué modelo de ciudadanía resulta de todo ello, si ciudadanos con derechos o meros usuarios para anunciantes. La asimetría es evidente: mientras los Estados siguen procesos democráticos, investigan por separado o desde Bruselas, y rinden cuentas, las plataformas controlan los datos, la atención y el funcionamiento del espacio público digital en tiempo real y sin mediar fronteras nacionales.
La manipulación de la esfera pública por parte de las plataformas digitales ha roto el equilibrio democrático. Telegram, X, Meta y TikTok no son sólo empresas tecnológicas: son estructuras políticas de facto. Desplazan el poder del Estado a la plataforma, de la ley al algoritmo y del ciudadano al usuario. En estas circunstancias, sin un mínimo orden en la esfera digital, las plataformas seguirán regulando la plaza pública online sin escrutinio hasta hacer democracia impracticable. De hecho, la falta de transparencia, de trazabilidad publicitaria y de acceso a los datos dificulta las investigaciones previas.
La soberanía digital no sólo consiste en fabricar chips, sino en la capacidad del Estado de derecho para hacer cumplir sus leyes. Pero más allá de los detalles legales, lo decisivo es la voluntad política. Lo que está en juego no es un detalle técnico, sino la soberanía democrática y el propio modelo europeo. Las redes sociales son ahora el campo de batalla, y la IA generativa tendrá un efecto multiplicador. El uso de chatbots y grandes modelos de lenguaje (LLM) ya ha empezado a amplificar todos los desequilibrios que Europa intenta contener: manipulación, adicción, opacidad, concentración de poder y erosión del debate público. Sin un liderazgo firme y una aplicación efectiva de las normas, la historia volverá a repetirse.
Fuente: No es Sánchez vs. Musk: es Europa contra la dictadura de las tecnológicas – El Orden Mundial – EOM
