La apuesta presupuestaria de Europa: por qué recortar los fondos de cohesión será contraproducente
El presupuesto a largo plazo propuesto por la UE sacrifica precisamente la inversión regional y la resiliencia social que sustentan la competitividad.
Europa se encuentra en una encrucijada. Las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, el presupuesto a largo plazo de la UE, ya están en marcha. A menudo descartadas como meras operaciones técnicas con números, estas conversaciones determinarán si Europa puede recuperar su competitividad en un panorama geopolítico difícil.
En el centro de las negociaciones del MFP se encuentra la radical propuesta de «multifondo» de la Comisión Europea, que fusionaría los programas tradicionales de la UE —incluidos los fondos de cohesión, agricultura, migración y seguridad— en un único instrumento. Esta consolidación conlleva importantes recortes potenciales en la financiación de la cohesión, justificados por la afirmación de que los recursos redirigidos reforzarán la competitividad y la defensa. Sin embargo, esta compensación corre el riesgo de ser contraproducente, ya que socava la resiliencia económica y la cohesión social que Europa necesita para recuperar su ventaja competitiva.
La propuesta de los fondos múltiples llega en un momento de profundos retos estructurales y de urgente necesidad de modernizar el presupuesto de la UE. Europa se enfrenta a apremiantes demandas de inversión impulsadas por la transición climática, la digitalización, la reestructuración industrial, los cambios demográficos y las crecientes presiones geopolíticas. Confiar en los antiguos enfoques no permitirá hacer frente a estos retos.
Sin embargo, las negociaciones giran en torno a las mismas líneas divisorias de siempre. Mientras que el Parlamento Europeo, los actores regionales, los sindicatos, los grupos de reflexión y los científicos insisten repetidamente en la necesidad de inversiones con visión de futuro para apoyar la transformación y la resiliencia económica de la UE, varios Estados miembros del Consejo siguen centrados principalmente en la restricción presupuestaria.
Países como Alemania, Suecia, Austria y los Países Bajos se han comprometido a seguir una estricta política fiscal e insisten en recortar el presupuesto propuesto por la UE. Argumentan que el plan de la Comisión es excesivo e incompatible con las ajustadas finanzas nacionales. Sin embargo, esta afirmación es difícil de justificar: la propuesta aumentaría el presupuesto en apenas 0,02 puntos porcentuales de la renta nacional bruta de la UE, del 1,13 % al 1,15 %, lo que supone 1,76 billones de euros (según las cifras de 2025 y sin incluir el reembolso de las deudas de Next Generation EU). Calificar un aumento tan modesto de «excesivo» pasa por alto la magnitud de los retos estructurales de Europa. Por ello, la sociedad civil organizada, incluidos los sindicatos y las asociaciones empresariales, ha pedido un «aumento sustancial de los recursos reales del futuro presupuesto de la UE» en el Comité Económico y Social Europeo.
Más importante aún, este debate pone de manifiesto un defecto estratégico más profundo: en lugar de invertir en el crecimiento a largo plazo y la competitividad regional, la UE corre el riesgo de dar prioridad a los ahorros a corto plazo, lo que podría socavar la propia resiliencia económica que pretende proteger.
La inversión social se enfrenta a los recortes más drásticos
Las reducciones propuestas podrían resultar especialmente perjudiciales para la inversión social. Aunque la Comisión Europea insiste en que no habrá recortes en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el principal instrumento de la UE para apoyar el empleo de calidad y la inclusión social, esta afirmación no resiste un análisis minucioso. Como ha demostrado la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), el FSE+ se enfrenta a recortes de alrededor del 26 % en comparación con el período actual.
Los cálculos de la Comisión se basan en una definición muy amplia de la inversión social y en los préstamos de un nuevo mecanismo denominado «Catalyst Europe». Esto es engañoso. Catalyst Europe concede préstamos reembolsables, cuya aceptación es muy incierta dada la difícil situación de los presupuestos nacionales. Además, estos préstamos no son adecuados para inversiones sociales, que normalmente no generan beneficios financieros directos. Al tratar estos préstamos como financiación garantizada, la Comisión inflan artificialmente sus cifras, presentando una imagen distorsionada de los recursos disponibles para iniciativas sociales.
Las consecuencias son graves. El FSE+ financia la formación, la mejora de las competencias, la integración en el mercado laboral y el apoyo a los trabajadores afectados por la reestructuración. Sustenta el capital humano esencial para el desarrollo económico. La reducción de estos recursos envía una señal preocupante: que las competencias, la seguridad del empleo y la resiliencia social son opcionales y no fundamentales para el éxito económico a largo plazo de Europa.
La política de cohesión se descarta a menudo como un gasto redistributivo que no se puede justificar en tiempos de competitividad rezagada, pero esta visión pasa por alto su papel económico crucial. Numerosos análisis muestran que las inversiones estructurales generan ganancias cuantificables a largo plazo en el PIB regional. Estos beneficios se derivan de la mejora de las infraestructuras de transporte y digitales que apoyan a las empresas, de una mano de obra mejor cualificada que impulsa la innovación y la adaptabilidad, y de unas redes locales más sólidas que conectan el mundo académico, el gobierno y la industria, lo que acelera la transferencia de conocimientos y la difusión de nuevas tecnologías. En resumen, unas regiones más productivas e innovadoras fortalecen todo el mercado único. Si se recortan estas estructuras de apoyo, no solo se ven afectadas las localidades individuales, sino que toda la economía de la UE sale perdiendo.
La centralización amenaza lo que hace que la política de cohesión funcione
La política de cohesión de la UE no es solo para las regiones menos desarrolladas, sino que beneficia a todas las regiones de la UE. Su enfoque proactivo protege a las regiones de quedarse atrás, equipándolas para navegar por las transformaciones económicas e industriales: una tarea que se ha vuelto más urgente que nunca dado el contexto económico y geopolítico actual, en rápida evolución. Sin embargo, el próximo MFP ya no garantiza la financiación de las regiones en transición, las más expuestas al cambio estructural. Este cambio amenaza con ampliar las desigualdades del mercado único, ralentizar el desarrollo a largo plazo y agravar los desajustes laborales, lo que en última instancia debilitará la competitividad de la UE.
Este riesgo se ve agravado por los planes de sustituir los programas operativos tradicionales por planes de asociación nacionales y regionales (NRPP) gestionados de forma centralizada, lo que socava el principio de gestión compartida. Al trasladar la toma de decisiones al nivel nacional, los interlocutores sociales y las autoridades regionales, que han sido fundamentales para ajustar las inversiones a las necesidades locales y a las realidades del mercado laboral, quedarían marginados. Esto contradice la evidencia, dado que las estrategias de inversión basadas en el lugar superan sistemáticamente a los enfoques centralizados y uniformes a la hora de abordar las debilidades estructurales e impulsar el crecimiento a largo plazo.
Más allá de estos efectos económicos, la política de cohesión también refuerza la resiliencia política. Las investigaciones muestran que las regiones que se benefician de la política de cohesión son menos susceptibles de apoyar a los partidos extremistas, lo que pone de relieve el papel de la política no solo en el desarrollo económico, sino también en el mantenimiento de la estabilidad política y la confianza en las instituciones de la UE.
Los retos políticos nunca han sido tan importantes. Europa debe seguir siendo competitiva, innovadora y socialmente justa, y el MFP es fundamental para alcanzar estos objetivos. Recortar o reorganizar los fondos de cohesión y sociales, como el FSE+, de manera que se diluya su impacto, pondría en peligro el progreso social, la estabilidad política y los resultados económicos.
Los responsables políticos se enfrentan a una elección clara durante las negociaciones: utilizar el próximo presupuesto para invertir en las regiones, las competencias y la resiliencia social, o seguir un camino más estrecho de consolidación y reformas inadecuadas que debilitan la cohesión y socavan la competitividad que pretenden proteger. Especialmente en una era de intensa competencia mundial, Europa necesita una lógica de inversión, no de austeridad: inversión en las regiones, en las personas, en puestos de trabajo preparados para el futuro y en la resiliencia de las comunidades. La política de cohesión no es un lujo, es una ventaja estratégica. Un MFP que la abandone corre el riesgo de debilitar a Europa de forma permanente.
Fuente: Europe’s Budget Gamble: Why Cutting Cohesion Funds Will Backfire
