El aumento de los tipos de interés castiga a las y los trabajadores por una crisis que ellos no han provocado
Mientras los bancos centrales aprietan las riendas a los hogares, las empresas protegen sus márgenes, y el modelo social europeo paga las consecuencias.
Para los trabajadores que ya se encuentran al límite, la perspectiva de una subida de los tipos de interés no es una política económica, sino una amenaza. Cuando ya tienes que elegir entre alimentar a tu familia y pagar las facturas, el aumento de los tipos de interés supone una cruel ironía, que castiga a quienes menos han tenido que ver con el origen de la inflación.
Durante décadas, se nos ha dicho que los mercados saben lo que es mejor. Dejad los precios en paz, insistían los economistas, y la oferta y la demanda lo resolverán todo. Pero los últimos años han puesto de manifiesto una realidad brutal: cuando llegan las crisis, los sistemas basados en el mercado no distribuyen el sufrimiento de forma justa. Lo concentran en la clase trabajadora, mientras permiten que quienes tienen poder económico se beneficien generosamente.
La crisis del coste de la vida no fue simplemente el resultado de la mala suerte o de una perturbación temporal. Reveló algo más profundo sobre las economías modernas. Cuando se rompen las cadenas de suministro, las guerras perturban los mercados energéticos o las crisis climáticas afectan a la producción de alimentos, los precios no suben de forma gradual en respuesta a la escasez. En cambio, las grandes corporaciones aprovechan los momentos de inestabilidad para ampliar sus márgenes de beneficio. Los bienes esenciales se convierten en oportunidades para la extracción de beneficios.
Economistas como Isabella Weber han demostrado cómo las perturbaciones externas, combinadas con el poder de mercado concentrado, pueden desencadenar una inflación que afecta a toda la economía. En sectores dominados por un puñado de empresas —energía, distribución alimentaria, transporte marítimo, vivienda, productos farmacéuticos y transporte—, las empresas pueden subir los precios mucho más allá de lo que el simple aumento de los costes justificaría. La inflación se convierte no solo en un fenómeno monetario, sino en una lucha por quién soporta la carga de la crisis y quién se beneficia de ella.
Sin embargo, la respuesta del Banco Central Europeo (BCE) y de otros bancos centrales ha empeorado la situación con demasiada frecuencia. Ante una inflación impulsada en gran medida por perturbaciones en la oferta y el poder de fijación de precios de las empresas, los responsables políticos recurrieron al remedio tradicional de subir los tipos de interés. Pero subir los tipos no genera más gasolina, no hace crecer más trigo, no construye más viviendas ni repara las cadenas de suministro dañadas.
Lo que sí hace es presionar a los trabajadores. Los tipos más altos elevan los costes hipotecarios, los alquileres y los pagos de la deuda. Los salarios aún no han alcanzado el nivel del coste de la vida y se prevé que vuelvan a quedarse por detrás de la inflación este año. Eso hace que los trabajadores sean mucho menos propensos a realizar compras importantes, lo que lleva a las empresas a ralentizar o congelar la contratación. El desempleo aumenta y los salarios se estancan. Las inversiones vitales también se ven desalentadas por el impacto desproporcionado de las tasas más altas. Las investigaciones muestran que, por cada subida de 100 puntos básicos en las tasas de interés, los precios caen como máximo un 0,25 %, mientras que la producción se reduce en un 1 % del producto interior bruto.
Los trabajadores son castigados por una inflación que no han provocado. Mientras tanto, muchas grandes empresas siguen protegiendo sus márgenes y recompensando a los accionistas. Los dividendos y las recompras de acciones se dispararon durante la crisis del coste de la vida, y los pagos a los accionistas aumentaron hasta 13 veces más rápido que los salarios en 2023. La inversión empresarial, por el contrario, cayó a medida que las empresas despojaban a la economía de sus activos. Eso no les impidió intentar culpar a los derechos de los trabajadores de los problemas de competitividad de Europa.
La restricción monetaria se convierte en un instrumento contundente que transfiere la carga del ajuste a los hogares, al tiempo que deja intactas las estructuras subyacentes del poder de mercado y el fracaso. Las consecuencias se extienden por toda la sociedad. A medida que aumenta el coste de los productos básicos, los hogares recortan el gasto en otros ámbitos. Las familias se saltan comidas, retrasan tratamientos médicos, piden préstamos para pagar la hipoteca y posponen compras esenciales. La demanda se debilita en toda la economía en general. El crecimiento se estanca. Las pequeñas empresas sufren. Los gobiernos gastan miles de millones tratando de amortiguar el golpe mediante subsidios y ayudas sociales, mientras que el poder de fijación de precios subyacente de las grandes corporaciones permanece intacto y los beneficios y dividendos aumentan.
Cargando el peso sobre la mano de obra
Para los sindicatos, esto no es simplemente un debate económico. Es un debate democrático. Cuando los trabajadores consiguen aumentos salariales para mantenerse al día con la inflación, se les acusa de alimentar una «espiral de salarios y precios». Pero cuando las empresas suben los precios y registran beneficios récord, esto se considera un comportamiento normal del mercado. La carga del ajuste siempre recae sobre los trabajadores.
Europa no puede construir cohesión social mientras permite que los productos básicos se conviertan en vehículos de especulación y beneficios excesivos. El derecho a una energía, una vivienda, un transporte y una alimentación asequibles debe entenderse como parte del propio modelo social europeo.
Por eso la Confederación Europea de Sindicatos (CES) aboga por un nuevo acuerdo: una negociación colectiva más fuerte, impuestos sobre los beneficios extraordinarios, control y propiedad públicos estratégicos, y controles de precios sobre los bienes y servicios esenciales. En lugar de reprimir los salarios mediante tipos de interés más altos, Europa debería reprimir la especulación y el abuso de mercado.
La Unión Europea se fundó con la promesa de que la integración económica mejoraría el nivel de vida e impulsaría el progreso social. Si Europa no puede proteger a la gente de que los precios les impidan acceder a lo básico para vivir, esa promesa corre el riesgo de derrumbarse por completo —junto con el apoyo de los trabajadores al proyecto.
Los controles de precios no son una reliquia
Por eso los controles de precios deben volver al debate económico dominante y formar parte de la respuesta. Para muchos, la frase evoca imágenes de cartillas de racionamiento, planificación centralizada soviética o estantes vacíos en los supermercados. Pero esta caricatura ignora tanto la historia como la realidad actual. Los controles de precios se han utilizado repetidamente con éxito en tiempos de crisis, incluso en las economías capitalistas avanzadas. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la regulación de precios fue fundamental para estabilizar las economías de Europa y Norteamérica. Más recientemente, los países impusieron límites máximos a los precios de la energía durante el repunte de la inflación que siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los controles de alquileres existen en gran parte de Europa porque la vivienda no puede funcionar únicamente como una mercancía especulativa sin consecuencias sociales devastadoras.
También es esencial introducir una congelación temporal de los márgenes de beneficio en el sector energético —con un límite máximo en los niveles previos a la crisis a partir de febrero— para garantizar que los precios reflejen los costes reales en lugar de recargos oportunistas, especulación y empresas que se aprovechan de la crisis mediante aumentos de precios injustificados.
La verdadera cuestión no es si los gobiernos intervienen en los mercados. Ya lo hacen, constantemente, a través de subvenciones, desgravaciones fiscales, normas de propiedad intelectual, contratos de contratación pública y medidas de los bancos centrales. La cuestión es a quién beneficia esa intervención.
En la actualidad, los gobiernos socializan las pérdidas mientras privatizan las ganancias. Cuando los precios de la energía se dispararon, los Estados intervinieron para apoyar a los hogares, pero permitieron en gran medida que los gigantes energéticos siguieran registrando beneficios récord. Cuando los precios de los alimentos se dispararon, las cadenas de supermercados protegieron sus márgenes mientras los trabajadores se enfrentaban a decisiones imposibles en la caja. El dinero público absorbe el impacto mientras que los actores privados se quedan con las ganancias. Los beneficios de las cinco principales empresas petroleras mundiales se triplicaron entre 2019 y 2022. No se han aprendido las lecciones: los gigantes energéticos han estado ganando 80 millones de euros al día durante la última crisis.
Un sistema riguroso de controles estratégicos de precios y una congelación de los márgenes de beneficio revertiría esta lógica. Los bienes y servicios esenciales —energía, vivienda, transporte público, alimentos básicos, medicamentos, cuidado infantil y acceso a Internet— no deben tratarse como productos de lujo cuyos precios fluctúan según el máximo que los consumidores puedan soportar. Son la infraestructura de la vida moderna. Cuando el acceso a ellos se vuelve inestable o inasequible, la propia sociedad se desestabiliza.
Los controles de precios y la congelación de los márgenes de beneficio no son una solución milagrosa. Deben combinarse con inversión, propiedad pública en sectores estratégicos, aplicación de la legislación antimonopolio y una negociación colectiva más fuerte. Los controles sin una expansión de la oferta pueden crear escasez. Pero negarse a regular los precios por completo ya ha producido un tipo diferente de escasez: millones de personas que no pueden permitirse lo que existe en abundancia a su alrededor.
Los críticos argumentan que los controles distorsionan las señales del mercado. Sin embargo, los mercados actuales ya están profundamente distorsionados por la concentración, el poder de monopsonio, la especulación financiera y la desigualdad en el poder de negociación. Una familia que tiene que elegir entre calentarse o comer no está ejerciendo la soberanía del consumidor en un mercado libre.
Lo que los controles de precios reconocen en última instancia es que algunas partes de la vida económica son demasiado importantes como para dejarlas en manos de quienes se lucran con la crisis.
La suposición neoliberal de que los mercados producen automáticamente resultados socialmente óptimos se ha topado con la realidad. Vivimos en una era de emergencias superpuestas: guerra, alteración climática, pandemias, cadenas de suministro frágiles y una creciente desigualdad extrema. En estas condiciones, las economías organizadas exclusivamente en torno a la maximización de los beneficios no se vuelven eficientes, sino frágiles.
Europa se acerca rápidamente a una crisis de inseguridad económica, y tendrá que elegir. Puede seguir permitiendo que las crisis se conviertan en oportunidades para la extracción de riqueza —seguidas de interminables rescates públicos, tipos de interés más altos, resentimiento social y millones de personas más en la pobreza—. O puede aceptar que las sociedades democráticas tienen tanto el derecho como la responsabilidad de regular los precios cuando están en juego las necesidades humanas.
El debate ya no debería centrarse en si los controles de precios son concebibles. La verdadera pregunta es por qué los responsables políticos están tardando tanto en volver a considerarlos.
Fuente: Higher Interest Rates Punish Workers for a Crisis They Did Not Cause – Social Europe