Abierta la segunda fase de consulta de los interlocutores sociales sobre la Directiva de los CEE

La Comisión ha iniciado la segunda fase de la consulta de los interlocutores sociales europeos sobre una posible revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. Es la continuación de la primera fase, iniciada en abril, a la que la Comisión recibió respuestas de 11 interlocutores sociales de toda la UE.

Una vez examinadas estas respuestas, la Comisión llegó a la conclusión de que hay margen para nuevas medidas de la UE destinadas a mejorar la Directiva sobre los comités de empresa europeos. La Comisión consulta ahora a los interlocutores sociales sobre el posible contenido de esta acción. 

Los comités de empresa europeos (CEE) promueven una comprensión compartida de los retos transnacionales a los que se enfrentan las grandes empresas multinacionales y la participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones. La Directiva actual establece un procedimiento para la creación de órganos de información y consulta entre la dirección y los representantes de los trabajadores en empresas con más de 1.000 empleados que operen en al menos dos Estados miembros.

La evaluación de la Directiva realizada por la Comisión en 2018 concluyó que los comités de empresa europeos siguen siendo pertinentes para garantizar y organizar el diálogo social transnacional en las empresas multinacionales, al tiempo que ofrecen a los Estados miembros flexibilidad para adaptarla a sus sistemas nacionales. Sin embargo, la evaluación también detectó deficiencias, por ejemplo en relación con el proceso de consulta de los comités de empresa europeos y los medios de que disponen los representantes para hacer valer sus derechos.

El Parlamento Europeo pidió a la Comisión, con la participación directa de UGT, que revisara la Directiva para reforzar los CEE y sus capacidades de funcionamiento, y aumentar su número, teniendo en cuenta al mismo tiempo los diferentes sistemas de relaciones laborales de los Estados miembros.

El documento de la segunda fase de la consulta establece posibles objetivos y vías de actuación de la UE para hacer más eficaces la información y la consulta de los trabajadores a nivel transnacional. Concretamente, una actualización de la Directiva podría garantizar que:

• Que no existan diferencias injustificadas en los derechos de información y consulta de los trabajadores a nivel transnacional. Esto supondría disponer de un único conjunto de normas para todos los comités de empresa europeos, a fin de superar las actuales exenciones de determinadas empresas de los requisitos mínimos comunes.
• El proceso de constitución de los comités de empresa europeos será más eficiente y eficaz. Así, por ejemplo, se agilizaría aún más el proceso que sigue a la solicitud de los trabajadores de constituir un comité de empresa europeo, y se eliminarían los riesgos de retrasos innecesarios o de falta de recursos para los representantes de los trabajadores.
• Todos los comités pueden contar con un proceso eficaz para su información y consulta, así como con los recursos adecuados, por ejemplo dando más certidumbre al concepto de asuntos transnacionales.
• Los Estados miembros apliquen la Directiva de manera más eficaz, por ejemplo mediante sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas, así como el acceso a la justicia para los representantes de los trabajadores y los comités de empresa europeos.

Se consulta a los interlocutores sociales sus opiniones sobre las posibles vías de actuación de la UE. La segunda fase de consulta a los interlocutores sociales estará abierta durante diez semanas, hasta el 4 de octubre de 2023.

Desde UGT, venimos reclamando a la Comisión Europea una revisión urgente de la directiva de los CEE que logre una legislación más clara y garantista que rompa la estructura de poder asimétrica entre las personas empleadoras y trabajadoras.

En este sentido, volveremos a reclamar, a través de las vías adecuadas, una revisión de la directiva que promueva el acceso a la información, formación y asesoramiento de expertos en favor de un diálogo social más eficaz, así como la unificación de las sanciones disponibles en los Estados miembros para lograr una mayor seguridad jurídica, y el incremento de los recursos de los CEE para que puedan hacer valer sus derechos legales sin limitaciones.