El tsunami industrial de Europa exige una ley de empleo de calidad
La transición industrial de Europa corre el riesgo de convertirse en un tsunami social; solo unas garantías laborales vinculantes, y no una coordinación blanda, pueden evitarlo.
La Comisión Europea tiene razón en una cosa: más allá de ser una crisis de dependencia energética, la crisis de competitividad de Europa es también una crisis del mercado laboral.
Fíjense en las cifras. Cientos de miles de puestos de trabajo están amenazados por los elevados precios de la energía, sobre todo en industrias básicas como la siderúrgica, los metales no ferrosos, la química, la cerámica y el vidrio. Pero esta crisis relacionada con la energía también se está extendiendo a los sectores derivados, ya que los bajos niveles de producción, los aranceles estadounidenses, el exceso de capacidad china, la electrificación y los cambios en la cadena de suministro están causando un duro golpe. Decenas de miles de puestos de trabajo más penden de un hilo en los sectores de las baterías, la energía solar y el acero. No se trata de un problema de ajuste marginal, sino de una transformación industrial sistémica que se está desarrollando a gran velocidad, en todos los sectores, más allá de las fronteras y a lo largo de cadenas de valor completas.
Aunque la Comisión Europea está reconociendo por fin el problema y está dando algunos pasos en la dirección correcta en el Paquete de Primavera del Semestre Europeo presentado el miércoles, esto dista mucho de ser suficiente.
Los trabajadores industriales ya están aterrorizados por la actual crisis de reestructuración, temiendo que su empresa sea la siguiente en verse afectada. Las estimaciones del comunicado de la Comisión son, ante todo, aterradoras para los hombres y mujeres que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo por razones que escapan a su control.
Para dar una idea de la magnitud de lo que anuncian los responsables de la Comisión: las industrias con alto consumo energético emplean actualmente a 2,6 millones de trabajadores en la UE-27. En 2025, la UE perdió aproximadamente [PREGUNTA DEL EDITOR: falta en la fuente la cifra correspondiente a las pérdidas de empleo en el sector manufacturero del año pasado] puestos de trabajo en el sector manufacturero. Si la previsión de la Comisión es acertada, alrededor de la mitad de los puestos de trabajo existentes en las industrias de alto consumo energético de la UE podrían desaparecer, y lo que se avecina representa [PREGUNTA DEL EDITOR: falta en la fuente el multiplicador que compara las pérdidas previstas con las de 2025] veces las pérdidas de empleo registradas en el sector el año pasado.
No se trata simplemente de una ola de reestructuraciones; es un auténtico tsunami social. Europa no puede permitirse semejante desastre social. Hay que evitar las reestructuraciones masivas por todos los medios a nuestro alcance.
Se necesita una acción política decisiva para calmar los temores e impedir que las fuerzas políticas extremistas se aprovechen de la situación. Es urgente promulgar una Ley de Empleo de Calidad, junto con una iniciativa sobre la Transición Justa que incluya un SURE 2.0 para ayudar a salvaguardar los puestos de trabajo, a los trabajadores cualificados que los ocupan y sus valiosas competencias.
Una respuesta fragmentada a una crisis compartida
El Semestre Europeo parte de la base de que los retos del mercado laboral son nacionales. No lo son.
La transformación en curso es europea —de hecho, global—. Las cadenas de suministro del sector de la automoción se extienden desde Europa Central hasta sus regiones meridionales; los ecosistemas de las baterías vinculan la minería, el refinado y la fabricación a través de múltiples Estados miembros; los sectores del acero y los productos químicos se enfrentan a perturbaciones en los precios de la energía a escala continental. Sin embargo, nuestra respuesta está compartimentada en 27 listas de tareas nacionales independientes.
Así es como se afianza la fragmentación: un país invierte en competencias para los vehículos eléctricos, mientras que otro no apoya a los trabajadores que abandonan las fábricas de motores de combustión, a pesar de que ambos forman parte de la misma cadena de suministro. Una región acelera la fabricación de tecnologías limpias, mientras que otra pierde su base industrial y su mano de obra cualificada.
La competitividad no puede reconstruirse a partir de un mosaico de reformas descoordinadas. Requiere normas, garantías e inversiones a nivel europeo que estén a la altura del desafío.
Hay otro punto ciego en el planteamiento de la Comisión: la idea de que la escasez de mano de obra es simplemente un problema de cualificación.
No lo es. A los trabajadores no les faltan solo cualificaciones: están evitando los malos empleos.
En sectores clave —la construcción, la industria manufacturera, los cuidados— observamos vacantes persistentes junto con salarios estancados, contratos precarios y condiciones de trabajo duras. Se puede formar a la gente todo lo que se quiera, pero si los puestos de trabajo que se ofrecen son precarios, mal remunerados o inseguros, nadie acudirá a ellos.
Se espera que el crecimiento de los salarios nominales se mantenga fuerte, ya que se prevé que los salarios se ajusten a la inflación. Pero esto no es un hecho. Requiere una negociación colectiva más sólida y un auténtico diálogo social con unos empleadores que realmente se sienten a la mesa. Acogemos con satisfacción el reconocimiento positivo del valor añadido que ambos aportan a la hora de abordar los retos del mercado laboral. Sin embargo, es necesaria la condicionalidad de la financiación pública para garantizar el respeto a la colaboración social y mejorar su «eficacia», tal y como se pide en las Directrices de Empleo.
Si Europa quiere una mano de obra capaz de competir con Estados Unidos y China, debe ofrecer puestos de trabajo que la gente realmente quiera desempeñar —y sobre los que pueda labrarse una vida—.
Abordar la calidad del empleo es fundamental, pero las políticas de cualificación también son esenciales. El gran reto sigue siendo la aplicación de las Recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo. Esto lleva tiempo, a menudo se alarga y carece de rendición de cuentas. Una vez más, las condiciones sociales podrían ofrecer resultados mejores y más rápidos, vinculando automáticamente los fondos públicos a las competencias a través de obligaciones de formación.
La laguna más peligrosa del enfoque actual es la ausencia de un poder real de los trabajadores a la hora de gestionar el cambio.
En la actualidad, la reestructuración se impone con demasiada frecuencia a los trabajadores, en lugar de realizarse con ellos. Las decisiones sobre cierres de plantas, deslocalizaciones o cambios tecnológicos se toman a puerta cerrada. Se informa a los trabajadores tarde, se les consulta mínimamente y se les deja que recojan los pedazos.
Esa es una receta para la reacción social, la inestabilidad política y las transiciones fallidas.
Si queremos que las transiciones verde y digital tengan éxito, debemos convertirlas en transiciones negociadas, en las que los trabajadores tengan voz y voto reales sobre cómo evolucionan las industrias.
Argumentos a favor de una Ley de Empleos de Calidad
Por eso, el llamamiento de Europa a favor de una Ley de Empleos de Calidad no solo está justificado, sino que es esencial.
Si la UE se toma en serio la competitividad, debe ir más allá de la coordinación blanda y legislar para establecer garantías firmes.
Una Ley de Empleo de Calidad debería incluir el derecho a anticiparse al cambio, garantizando que los trabajadores y sus representantes sean informados e implicados desde el principio, con influencia real sobre las estrategias de transición. Debería establecer marcos sólidos de negociación colectiva, reconociendo que una amplia cobertura no es una reliquia del pasado, sino el mecanismo que garantiza salarios justos, estabilidad y una adaptación más fluida al cambio. Debería garantizar derechos justos —acceso a la formación, ayudas a los ingresos y recolocación— en lugar de dejarlos a merced de los presupuestos nacionales o los ciclos políticos. Y debería establecer normas mínimas de calidad del empleo para poner fin a la «carrera hacia el abismo» en materia de salarios y condiciones laborales en sectores clave.
Se trata de armonizar la política industrial con la política social. Europa ya está invirtiendo miles de millones para apoyar las tecnologías limpias, la autonomía estratégica y la resiliencia industrial. Pero sin condiciones sociales vinculantes, esas inversiones corren el riesgo de crear empleos de baja calidad —o de destruir los ya existentes sin una red de seguridad—.
Una Ley de Empleo de Calidad garantiza que cada euro invertido en competitividad contribuya también a construir un mercado laboral justo.
También hay una cuestión política más profunda. La capacidad de Europa para gestionar esta transición depende de la confianza de la ciudadanía. Los trabajadores deben creer que el cambio hacia la electrificación, la descarbonización y las nuevas tecnologías no los dejará atrás. Sin confianza, no hay transición, solo resistencia.
La Comisión hace bien en dar la voz de alarma. Pero el diagnóstico no basta.
No nos enfrentamos a una desaceleración cíclica que pueda gestionarse mediante la coordinación. Nos encontramos en medio de una transformación estructural que exige normas vinculantes, inversión compartida y trabajadores empoderados.
El Semestre Europeo señala el problema, pero se necesita más para resolverlo.
Para ello, Europa debe actuar: con decisión, de forma colectiva y situando a los trabajadores en el centro.
Una Ley de Empleo de Calidad sería un buen comienzo. Sin ella, corremos el riesgo de gestionar el declive en lugar de forjar el futuro.
Fuente: Europe’s Industrial Tsunami Demands a Quality Jobs Act – Social Europe