La transición energética está dejando atrás a los más vulnerables, advierte la UE

Las políticas de energía y clima de los países de la UE, por ejemplo para hacer las viviendas más eficientes, carecen a menudo de un enfoque de derechos humanos y están dejando atrás a los grupos más vulnerables, como las familias con bajos ingresos, las madres solteras, los mayores o los inmigrantes.

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En un informe publicado esta semana en Viena, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea señala que hay indicios de que «los programas de renovación energética y descarbonización a menudo excluyen inadvertidamente a ciertos grupos (de población) debido a la falta de apoyo y divulgación específicos».

Esas renovaciones se refieren a las medidas para adaptar edificios para reducir el consumo de energía e instalar fuentes de energía limpia, ayudando a luchar contra el cambio climático, pero también a abaratar costes y reducir la pobreza energética.

Según datos de la Comisión Europea, el 75 % de los edificios en el territorio comunitario son energéticamente ineficientes.

Pobreza energética

Según esta agencia, en el año 2024 el 9 % de los habitantes de la UE no podían calentar su casa de forma adecuada, 2 puntos porcentuales más que en 2021.

Ese porcentaje se dispara al 13 % entre los ciudadanos con discapacidad, al 15 % de los padres o madres solteros y casi el 20 % en el grupo de ciudadanos en riesgo de pobreza.

The drive for energy-efficient housing is critical to meet the EU’s climate goals, but it currently risks leaving people behind.

FRA's new report calls for adopting a human rights-based approach to Europe’s energy transition and housing policies.

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— EU Fundamental Rights ➡️ #HumanRights (@EURightsAgency) January 29, 2026

Por eso, la FRA reclama que los derechos fundamentales se integren en la transición climática y critica que los diferentes planes nacionales de energía y clima abordan de forma superficial los grupos vulnerables y la equidad energética.

«Los Gobiernos también deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, garantizando que las personas más necesitadas no se queden atrás. Se debe hacer todo lo posible para proteger el derecho a una vivienda adecuada, así como el derecho a la seguridad social y a la asistencia para la vivienda«, aseguró la directora de la FRA, Sirpa Rautio.

Migrantes y gitanos, entre los más afectados

La FRA señala que son justo los más expuestos a los efectos negativos del cambio climático, como los migrantes o la minoría gitana, quienes muchas veces quedan fuera del alcance de los programas de transición ecológica.

De hecho, dice que medidas de transición (ecológica) mal diseñadas pueden exacerbar incluso las desigualdades ya existentes.

La FRA señala que algunos de esos programas sólo se pueden solicitar en línea, otros requieren una cofinanciación por parte del beneficiario y, en muchos casos, sólo los propietarios tienen acceso a esas ayudas.

«Un enfoque de las renovaciones energéticas basado en los derechos es esencial para garantizar que todos puedan beneficiarse y que nadie se quede atrás», sentencia la FRA.

Eliminar la quema de combustibles fósiles como sistema de calefacción tiene también un impacto en la salud, ya que se reducirían las emisiones de partículas en suspensión.

La exposición a esas partículas contaminantes es un 30 % mayor entre las personas con ingresos más bajos en comparación con quienes ganan más.

Quienes alquilan, más vulnerables

El informe presta especial atención a quienes viven de alquiler, aproximadamente el 30 % de la población de la UE (24 % en España).

Los inquilinos dedican más de un tercio de sus ingresos a los gastos de vivienda, frente al 16 % de los propietarios.

A esa situación se suma que la gente con menos ingresos es más probable que viva en edificios poco eficientes energéticamente y que los planes de renovación suele ir dirigidos sólo a los dueños, que a menudo no tienen incentivos para invertir en la adaptación del edificio porque no son ellos los que pagan las facturas de la energía.

«Excluir a los inquilinos de los programas de renovación energética, y una baja adopción de renovaciones energéticas en las propiedades de alquiler, limita su acceso a energía asequible y sostenible y al derecho a una vivienda adecuada, y potencialmente viola el principio de no discriminación», resume la FRA.

Quienes viven de alquiler también pueden salir perjudicados si sus caseros reforman los edificios para hacerlos más eficaces energéticamente, ya que esas obras suelen elevar el valor de la propiedad y el precio del alquiler, lo que les obliga a mudarse a viviendas de peor calidad.

Por eso, la FRA reclama que las obras de adaptación de los edificios se ejecuten con garantías hacia los inquilinos.

Falta de perspectiva de género

La Agencia también alerta de cómo las mujeres no sólo salen perdiendo en la transición ecológica, sino que incluso puede aumentar la desigualdad con los hombres.

Según datos de la UE de 2023, las mujeres tienen más riesgo de sufrir pobreza energética, sobre todo las mayores de 65 años o con alguna discapacidad.

Pese a ello, sólo nueve de los 27 países de la UE se refiere a la igualdad de género en sus políticas nacionales de clima y energía, España entre ellos.

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Fuente: UE: La transición energética deja atrás a los más vulnerables