La Comisión inicia la segunda fase de las conversaciones con los interlocutores sociales sobre el derecho a la desconexión y el teletrabajo justo

La Comisión Europea está dando los siguientes pasos para introducir el derecho de los trabajadores a la desconexión y el teletrabajo justo, y ha iniciado hoy la segunda fase de conversaciones con los interlocutores sociales. Estas conversaciones recabarán las opiniones de los interlocutores sociales de la UE sobre una posible iniciativa a escala de la UE para reducir los riesgos de la cultura del trabajo «siempre conectado» y garantizar un teletrabajo justo y de calidad para los trabajadores. En concreto, se invita a los interlocutores sociales a compartir sus opiniones sobre:

  • El derecho de los trabajadores a la desconexión.
  • El teletrabajo justo y de calidad, incluida la no discriminación, el acceso a los equipos, la protección de datos y la supervisión.
  • La seguridad y la salud en el trabajo.

El teletrabajo se ha duplicado en la UE desde 2019, y uno de cada cinco europeos (20,3 %) trabajará desde casa al menos parte de su tiempo en 2024.

Las herramientas digitales ofrecen tanto a los trabajadores como a los empleadores una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, lo que permite una mayor autonomía y formas de trabajo innovadoras. El aumento de la flexibilidad también puede contribuir a una mejor conciliación de la vida laboral y privada. Sin embargo, las herramientas digitales también han contribuido a una cultura del trabajo «siempre conectado», en la que trabajar en cualquier momento puede convertirse en una expectativa. Esto ha dado lugar a un aumento de las demandas de un derecho a la desconexión y de garantías para que la digitalización no debilite los derechos de los trabajadores.

Esta segunda fase de consulta sigue a una primera fase celebrada entre abril y junio de 2024. Se invita a los interlocutores sociales a responder antes del 6 de octubre de 2025. Tras esta consulta, los interlocutores sociales podrán entablar negociaciones entre ellos. Alternativamente, la Comisión analizará las respuestas y estudiará la posibilidad de adoptar medidas a nivel de la UE, respetando plenamente las competencias nacionales.

Las tecnologías digitales han transformado nuestra forma de trabajar, con un aumento significativo del número de personas que teletrabajan. Para garantizar condiciones justas para el teletrabajo y proteger los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a la desconexión, es esencial el diálogo social. La contribución de los trabajadores y los empleadores es fundamental para abordar retos como la difuminación de las fronteras entre la vida laboral y la vida privada. Con esta segunda fase de consulta, nuestro objetivo es definir la acción de la UE para proteger el bienestar y la conciliación de la vida laboral y la vida privada de los trabajadores, al tiempo que se ayuda a las empresas a aprovechar al máximo las oportunidades digitales. 

Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación

Antecedentes

Esta consulta se inscribe en el llamamiento a la acción del Parlamento Europeo de 2021 sobre el derecho a la desconexión y el trabajo a distancia. También está en consonancia con las orientaciones políticas para 2024-2029 de la presidenta von der Leyen, en las que anunció un nuevo plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, que incluye iniciativas sobre la gestión de la inteligencia artificial, el teletrabajo y la salud mental.

En 2024, la Comisión publicó un estudio en el que se analizaban los aspectos sociales, económicos y jurídicos del teletrabajo y el derecho a la desconexión, en el contexto de la digitalización y las tendencias posteriores a la COVID-19. Este estudio se basa en amplias aportaciones de las administraciones nacionales, los interlocutores sociales, los expertos y el mundo académico, y se tendrá en cuenta, junto con los resultados de la presente consulta, en la preparación de la acción de la UE. La Comisión está llevando a cabo actualmente un segundo estudio para analizar más a fondo el valor añadido y las repercusiones de una posible acción de la UE.

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