Acuerdo para reforzar la legislación contra los ecodelitos

Loss negociadores del Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la actualización de las normas de la UE en materia de delitos y sanciones medioambientales para reforzar la protección de los ecosistemas.

---

Las nuevas normas establecen una lista actualizada de los actos relacionados con el medio ambiente que constituyen delitos penales a escala de la UE y de las sanciones correspondientes, para garantizar una aplicación más eficaz de la legislación medioambiental de la UE. La lista incluirá, entre otros delitos, la importación y uso de mercurio y gases fluorados de efecto invernadero, la importación de especies invasoras, el agotamiento ilegal de los recursos hídricos y la contaminación causada por buques. Los negociadores del Parlamento y el Consejo también acordaron sanciones más estrictas para las denominadas infracciones cualificadas, es decir, las que causan la destrucción de un ecosistema o hábitat dentro de un lugar protegido o daños a la calidad del aire, el suelo o el agua, entre las que se incluirían delitos comparables al ecocidio con resultados catastróficos, como la contaminación generalizada o los incendios forestales a gran escala.

Sanciones: prisión y multas

Las personas, incluidos los representantes de empresas, que cometan delitos contra el medio ambiente con resultado de muerte pueden ser condenadas a 10 años de cárcel. Los delitos cualificados se castigarían con ocho años de cárcel, mientras que para los demás delitos, dependiendo de factores como la durabilidad, gravedad o reversibilidad del daño, la pena sería de cinco años de cárcel.

Los infractores también pueden enfrentarse a otras sanciones, como multas, y a la obligación de restituir el medio ambiente dañado o indemnizar por los daños causados. Las mismas sanciones pueden esperarse para las empresas, junto a otras como la retirada de licencias, la prohibición de acceder a financiación pública o el cierre. Tras la transposición, en lo que respecta a las multas, los Estados miembros podrán elegir entre imponerlas del 3 o el 5% del volumen de negocios mundial anual, según la naturaleza del delito, o elegir importes fijos de 24 o 40 millones de euros.

Protección y formación de los denunciantes

Los eurodiputados también garantizaron que se prestará apoyo a las personas que denuncien delitos, que los jueces, fiscales, policías y demás personal judicial recibirán formación periódica especializada y que los Estados miembros organizarán campañas de sensibilización para reducir los delitos contra el medio ambiente. También pueden crear un fondo para apoyar las medidas de prevención y hacer frente a las consecuencias de los delitos contra el medio ambiente. En los casos transfronterizos, las autoridades nacionales deberán cooperar entre sí y con otros organismos competentes, como Eurojust, Europol o la Fiscalía Europea. Los Estados miembros también deberán elaborar estrategias nacionales de lucha contra los delitos ambientales y recopilar los datos estadísticos correspondientes, mientras que la Comisión Europea tendrá que actualizar periódicamente la lista de delitos penales.

Próximos pasos

El proyecto de ley acordado requiere la aprobación formal de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Parlamento Europeo en su conjunto, así como del Consejo, antes de que pueda entrar en vigor.