La Comisión Europea aprueba una ayuda estatal de 500 millones para redes de banda ancha en España

La Comisión ha aprobado un régimen español por valor de 500 millones de euros asignado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para apoyar el despliegue de infraestructuras de retorno de banda ancha en las zonas rurales. El régimen de ayudas forma parte de la estrategia de España para satisfacer las necesidades de ciudadanos y empresas en el contexto de digitalización del país. También contribuye a los objetivos estratégicos de la UE en relación con la transición digital.

El régimen de ayudas, que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2025, se financiará con cargo al MRR, tras la evaluación positiva por parte de la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) español y su adopción por el Consejo. El PRR español contempla importantes proyectos de inversión en el sector de las telecomunicaciones electrónicas, por ejemplo, el despliegue de redes móviles eficaces. El régimen aprobado hoy se refiere al despliegue de redes de retorno de banda ancha.

En virtud del régimen, la ayuda adoptará la forma de subvenciones directas a los proveedores de telecomunicaciones electrónicas y a las empresas de infraestructuras. La ayuda global por beneficiario no deberá superar el 90 % de los costes subvencionables. La medida financiará el despliegue de redes de retorno de banda ancha de fibra para conectar determinadas estaciones de base situadas en municipios de menos de diez mil habitantes y que, a 31 de diciembre de 2025, no tendrían, a falta de apoyo, unas infraestructuras que funcionaran satisfactoriamente.

La brecha digital no sólo se da entre países desarrollados y en desarrollo, sino también entre hombres y mujeres, campo y ciudad, pequeñas y grandes empresas. En España, la banda ancha llega al 95% de la población y al 90% en zonas rurales, sin embargo, el Internet de alta velocidad está disponible para el 87% de la población española, pero solo para un 63% de las personas que viven en áreas rurales.

Esta brecha constituye una forma de pobreza y exclusión social, al privar a las personas que habitan en comunidades rurales al acceso a los mismos servicios y oportunidades, lo que supone una clara desventaja en una economía cada vez más digital. En este sentido, una mejor conexión a internet podría revertir la tendencia de despoblación y de disminución de servicios básicos que están sufriendo las zonas rurales.

Desde UGT, consideramos que el desarrollo de este plan de infraestructuras ayudará a la ciudadanía y las empresas de las zonas rurales a acceder a redes de calidad, lo que contribuirá al avance en la transición digital y al crecimiento económico regional y estatal. No obstante, destacamos que el mismo no acabará con la principal causa de exclusión digital en nuestro país: la falta de capacidades digitales. Por todo ello, reclamamos la implementación de un plan integral que ayude a cerrar la brecha digital, permitiendo una inclusión tecnológica plena para todos los habitantes de las zonas rurales en términos de infraestructura, calidad, conocimiento, accesibilidad y utilización.