El nuevo Plan Industrial del Pacto Verde deja de lado la condicionalidad social de las ayudas

La Comisión ha presentado el Plan Industrial del Pacto Verde, destinado a mejorar la competitividad de la industria europea con cero emisiones netas y a impulsar la transición hacia la neutralidad climática, pero no ha impuesto condiciones sociales a las subvenciones millonarias a las empresas europeas.

Si bien dicho Plan, que supondrá unos 250.000 millones en fondos de la UE y miles de millones más en ayudas estatales nacionales, menciona “una mejora de las capacidades” como uno de sus cuatro pilares, la propuesta no incluye ninguna condición social garantizadora de un empleo de calidad y una mejor formación, y por tanto se concibe como un cheque en blanco hacia las empresas.

Con esta ausencia de condicionalidad, existe un patente riesgo de que se produzca una presión a la baja de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. A su vez, tampoco se hace mención de la figura de la diligencia debida en materia de derechos humanos, tan fundamental para poner fin a la explotación en todas las cadenas de suministros mundiales.

A pesar de que la propuesta menciona que «una mayor competitividad debe ir de la mano de empleos de calidad bien remunerados», no lleva aparejada automáticamente su protección. Por todo ello, desde UGT exigimos la inclusión de las siguientes condiciones sociales: Negociación con los sindicatos y respeto de los convenios colectivos; Información y consulta sobre las decisiones de fusión e inversión; Evitar los despidos y el deterioro de las condiciones laborales; Prohibición del pago de dividendos mientras una empresa reciba financiación pública; y reconversión profesional y creación de puestos de aprendizaje y de graduados de alta calidad.

En resumen, Europa necesita, en su camino hacia la ecologización de nuestra economía,  implementar un enfoque social y justo que no deje a nadie atrás y, en este sentido, esta estrategia industrial sólo resultará exitosa si se intensifica su juego social y se garantiza una transición justa con la participación de los trabajadores, empleos de calidad y altos estándares sociales.