Informe CE: “Análisis de segunda fase sobre la convergencia social en el marco del Marco de Convergencia Social (SCF) 2026”

La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, ha publicado el documento de trabajo “Análisis de segunda fase sobre la convergencia social en el marco del Marco de Convergencia Social (SCF) 2026”, en el que examina en profundidad los retos sociales y laborales de nueve Estados miembros: Bulgaria, Grecia, España, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y Finlandia.

Este análisis se enmarca en el Semestre Europeo y tiene como objetivo evaluar los riesgos para la convergencia social ascendente, es decir, la mejora progresiva de las condiciones de vida, empleo y protección social en la Unión Europea. El informe constituye la segunda fase de un proceso iniciado con el Informe Conjunto sobre el Empleo 2026, ampliando el análisis mediante evidencia cuantitativa y cualitativa, así como la evaluación de las políticas nacionales adoptadas o previstas.

El documento constata que, si bien existen avances en algunos ámbitos, persisten importantes desequilibrios sociales en varios Estados miembros, que afectan de manera desigual a distintos colectivos y territorios. En particular, se identifican retos estructurales que limitan la cohesión social y el crecimiento inclusivo en Europa.

Los principales hallazgos del informe son los siguientes:

• Desigualdades persistentes en inclusión social: la reducción de la pobreza y la exclusión social continúa siendo un desafío central. En numerosos países, el impacto de las transferencias sociales resulta insuficiente para reducir significativamente las tasas de pobreza, especialmente entre la población infantil y los grupos más vulnerables.
• Deficiencias en educación y competencias: varios Estados miembros presentan bajos niveles de participación en el aprendizaje de adultos, carencias en competencias digitales y tasas elevadas de abandono escolar prematuro. Asimismo, persiste un desajuste entre la formación y las necesidades del mercado laboral.
• Retos en los mercados de trabajo: se mantienen dificultades relacionadas con el desempleo, especialmente juvenil, así como con la elevada proporción de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan (NEET). Además, continúa siendo necesario mejorar la integración laboral de colectivos infrarrepresentados.
• Convergencia social desigual: seis países (Bulgaria, Grecia, Italia, Letonia, Lituania y Rumanía) presentan retos generales para la convergencia social ascendente, al acumular múltiples dimensiones de riesgo sin respuestas políticas suficientes o plenamente eficaces.
• Situación específica de España: el informe destaca problemas relevantes como la elevada pobreza infantil, el limitado impacto redistributivo de las transferencias sociales, las dificultades de acceso a la vivienda, el desempleo persistente -especialmente juvenil- y los desajustes en competencias.
• Presión sobre los sistemas de bienestar: en algunos países se observa un aumento de necesidades sociales no cubiertas, tensiones en los servicios públicos y riesgos crecientes de empobrecimiento de determinados colectivos.

Asimismo, la Comisión ha incorporado las aportaciones realizadas por las organizaciones sindicales europeas y nacionales en el marco del proceso de consulta. Estas contribuciones subrayan la necesidad de reforzar el papel de los interlocutores sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, especialmente en un contexto marcado por persistentes desigualdades sociales y laborales.

En este marco, UGT comparte plenamente el diagnóstico y las prioridades planteadas por el movimiento sindical europeo, considerando imprescindible avanzar en políticas que refuercen la cohesión social, mejoren la calidad del empleo y consoliden el modelo social europeo. Entre las principales líneas de actuación destacan:

• Refuerzo de la negociación colectiva y garantía de salarios mínimos adecuados, evitando prácticas que desvirtúen su efectividad.
• Mejora de la calidad del empleo, reduciendo la temporalidad y la precariedad, y promoviendo contratos estables y condiciones laborales dignas.
• Impulso decidido de las políticas activas de empleo y de la formación continua, adaptadas a las transiciones digital y ecológica.
• Refuerzo de los sistemas de protección social, asegurando su capacidad redistributiva y su cobertura efectiva frente a la pobreza y la exclusión.
• Mayor inversión en servicios públicos esenciales, especialmente en empleo, educación y sanidad.
• Participación efectiva de los sindicatos en la gobernanza económica y social, tanto a nivel nacional como europeo.