Informe Conjunto (Comisión-Consejo) de Empleo 2026

La Comisión Europea y el Consejo de la UE han publicado el Informe Conjunto de Empleo 2026, adoptado por el Consejo EPSCO el pasado 9 de marzo. Este informe analiza la evolución del empleo y de la situación social en la Unión Europea y supervisa la aplicación de las Directrices de Empleo de los Estados miembros, en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

El documento evalúa los avances hacia los principales objetivos sociales de la UE para 2030: alcanzar una tasa de empleo del 78% entre la población de 20 a 64 años, lograr que al menos el 60% de los adultos participe cada año en actividades formativas y reducir en al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

El informe se estructura en tres capítulos principales: el primero ofrece una panorámica de las tendencias en empleo y situación social en la UE; el segundo analiza los retos y las respuestas políticas de los Estados miembros en relación con las cuatro directrices de empleo; y el tercero incluye un análisis transversal y por países en el marco del nuevo Marco de Convergencia Social.

A continuación, destacamos algunos de los principales hallazgos del informe:

• El mercado laboral europeo ha mostrado resiliencia pese al contexto de incertidumbre económica, con una tasa de empleo del 75,8% en 2024 y 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo creados;
• La tasa de desempleo descendió hasta el 5,9%, el nivel más bajo registrado en la UE;
• El crecimiento de la productividad laboral continúa siendo muy limitado (0,2% en 2024), lo que plantea riesgos para la competitividad a medio plazo
• Persisten déficits de mano de obra y de cualificaciones en sectores clave como la construcción, las tecnologías de la información o determinados servicios;
• La participación de los adultos en formación sigue siendo claramente insuficiente: solo el 39,5% participó en actividades formativas, lejos del objetivo del 60% para 2030;
• El nivel de competencias digitales básicas alcanza únicamente al 55,6% de la población adulta, muy por debajo del objetivo europeo del 80%;
• Los resultados educativos muestran un deterioro, con un aumento significativo del alumnado con bajo rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias, especialmente entre estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos;
• La reducción de la pobreza avanza de forma muy lenta: el 21% de la población sigue en riesgo de pobreza o exclusión social y desde 2019 la reducción ha sido limitada;
• La pobreza infantil continúa siendo elevada, afectando a cerca de uno de cada cuatro niños en la Unión Europea;
• La asequibilidad de la vivienda se ha convertido en una preocupación creciente, con precios que han aumentado más rápidamente que los ingresos y con una carga de costes de vivienda especialmente elevada entre las personas con menores recursos;
• Persisten importantes desigualdades en el mercado de trabajo, entre ellas la brecha de empleo de género, la elevada proporción de contratos temporales involuntarios y las dificultades de acceso al empleo para jóvenes, personas con discapacidad o personas nacidas fuera de la UE.

En este contexto, desde UGT consideramos necesario reforzar las políticas públicas que permitan avanzar hacia una convergencia social real en la Unión Europea. En particular, resulta prioritario:

• Reforzar las políticas de formación permanente y el acceso universal a las competencias digitales, garantizando oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral;
• Impulsar políticas activas de empleo eficaces y servicios públicos de empleo suficientemente dotados para facilitar la inserción laboral y la transición entre empleos;
• Abordar la escasez de mano de obra en determinados sectores mediante mejores condiciones laborales, inversión en cualificaciones y una adecuada integración laboral de las personas migrantes;
• Reducir la segmentación del mercado de trabajo, promoviendo empleo estable, salarios dignos y mejores condiciones laborales;
• Avanzar en la igualdad de género y en la inclusión laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, como jóvenes, personas con discapacidad o trabajadores de mayor edad;
• Reforzar los sistemas de protección social y garantizar la adecuación de las rentas mínimas para combatir la pobreza y la exclusión social, especialmente la pobreza infantil;
• Impulsar políticas que mejoren la asequibilidad de la vivienda, elemento cada vez más determinante para la cohesión social y la calidad del empleo.