Salvar vidas puede ser delito en Europa: 110 personas fueron procesadas en 2025 por ayudar a migrantes
La ONG PICUM denuncia en su informe que los países europeos están empleando leyes contra el tráfico de personas o el crimen organizado para perseguir y disuadir acciones humanitarias. De los 41 procedimientos concluidos en 2025, 38 terminaron en absoluciones o retirada de cargos y solo tres acabaron en condena, todas ellas sin ingreso en prisión.
A pocas millas de la costa griega, un cayuco empieza a ser engullido por el mar. A bordo, la esperanza de decenas de migrantes de alcanzar Europa se transforma en terror ante la inmensidad del agua. La alerta llega a una embarcación de una ONG que, sin dudar, cambia su rumbo para acudir al rescate. Lo que encuentran al llegar es una escena que se repite en el Mediterráneo y el Atlántico: gritos, llantos y cuerpos al límite de la hipotermia aferrados a lo que queda de la lancha. Horas después, el operativo logra poner a todos a salvo en un puerto de Grecia. Sin embargo, lo que para la tripulación fue un acto de humanidad para evitar una tragedia en alta mar, para algunos países de la UE es un delito.
En 2025, al menos 110 personas fueron procesadas en la Unión Europea por ayudar a migrantes en situación irregular, según el informe Criminalización de la solidaridad con los migrantes de la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM). No se trata de organizaciones criminales, sino de activistas, periodistas, taxistas, abogados, organizaciones humanitarias o simples ciudadanos que, en algún punto, hicieron algo tan básico como dar comida, ofrecer transporte o evitar que alguien muriera en las fronteras.
«Ayudar a alguien que lo necesita parece algo incuestionable… salvo cuando se trata de ayudar a un migrante. En esos casos, se convierte en una cuestión controvertida y quienes prestan ayuda son vistos como una posible amenaza«, resume Marianna Wartecka, miembro del consejo de la Fundación Ocalenie, organización polaca de ayuda a refugiados.
Ayudar a alguien que lo necesita parece algo incuestionable… salvo cuando se trata de ayudar a un migrante
El informe detalla, además, cómo se distribuyen esas acusaciones: 41 casos vinculados a rescates en el mar, 17 a activismo o protestas, 13 a políticas locales de acogida, 12 a transporte o ayuda en fronteras, diez a asistencia legal o informativa, ocho a ayuda humanitaria básica (comida, agua, ropa), cinco a monitorización de derechos humanos, tres a prevención de incidentes marítimos y uno a alojamiento.
PICUM advierte de que en más del 60% de los procedimientos se aplican leyes vinculadas al tráfico de migrantes o a la facilitación de entrada, tránsito o estancia irregular. Aunque el abanico se amplía con acusaciones por organización criminal, falsificación de documentos, fraude o incluso cargos de terrorismo o de causar naufragios.
En más del 60% de los procedimientos se aplican leyes vinculadas al tráfico de migrantes o a la facilitación de entrada y estancia
Alkistis Agrafioti Chatzigianni, abogada en el Consejo Griego para los Refugiados, advierte de que las «campañas de difamación, acoso policial, legislación arbitraria y persecución judicial» contra quienes brindan solidaridad a los migrantes configura un escenario diseñado para «intimidar, desgastar y silenciar». La experta explica que al convertir la ayuda humanitaria en una actividad de riesgo, expuesta a posibles causas judiciales, se reduce de forma directa la supervisión en materia de derechos humanos. “Al final, cuando el miedo impide actuar en solidaridad con quienes lo necesitan, no solo estamos ante una crisis del Estado de derecho, sino ante un proceso más profundo de deshumanización en la sociedad europea”, denuncia.
La mayoría de los casos terminan en absolución
El desenlace de los procesos judiciales, sin embargo, muestra una historia distinta a la que sugieren las acusaciones iniciales. De los 41 procedimientos concluidos en 2025, 38 terminaron en absoluciones o retirada de cargos y solo tres acabaron en condena, todas ellas sin ingreso en prisión. Por ello, la plataforma insiste en que la «alta tasa de absoluciones en los procedimientos judiciales delata la débil base jurídica de estas acusaciones», por lo que consideran que esta persecución funciona como una herramienta política que tiene como objetivo disuadir este tipo de acciones.
La alta tasa de absoluciones en los procedimientos judiciales delata la débil base jurídica de estas acusaciones
Aún así, la organización señala que hay un daño irreparable, el de someter a estas personas a largos y desgastantes procesos judiciales. A finales de 2025, 69 personas seguían inmersas en procesos de criminalización aún sin resolver. Según apunta el informe, estos casos suelen prolongarse durante años, de las 110 personas defensoras de derechos humanos acusadas en 2025, más del 90% estaban implicadas en procedimientos iniciados en años anteriores.
Ese desgaste prolongado es precisamente el que vivieron los 24 voluntarios de la ONG Emergency Response Centre International (ERCI). Fueron detenidos en 2018 por participar en operaciones de rescate en Lesbos y acusados de delitos graves, desde tráfico de personas hasta pertenencia a organización criminal. No fue hasta enero de 2026, ocho años después, cuando se dictaminó que no había delito y que lo que habían hecho era participar en acciones de ayuda humanitaria.
Incluso quienes buscan protección pueden acabar convertidos en sospechosos. Es el caso de un solicitante de asilo sudanés que viajaba con su familia y otras personas en una cayuco rumbo a Grecia. En mitad del trayecto, ante el riesgo de naufragio, tomó el timón para intentar estabilizar el barco. Esa decisión le costó ocho meses de prisión preventiva, acusado de ser patrón de patera y de tráfico de personas. En noviembre de 2025 fue absuelto después de que los tribunales concluyeran que no había organizado el viaje, sino que había intentado evitar una tragedia.
También afecta a trabajadores, como les pasó a dos taxistas españoles que fueron procesados por transportar a personas sin documentacióna través de la frontera entre España y Francia. Según señala el informe, en uno de los casos, un intermediario les contrató con el argumento de que cuatro pasajeros francófonos necesitaban desplazarse con urgencia porque su madre estaba enferma. En el otro, el conductor recogió a tres pasajeros tunecinos en la estación de autobuses de Barcelona.
PICUM apunta que los trayectos no se salían de lo habitual, eran servicios contratados de forma ordinaria y con tarifas estándar. Además, el abogado de los acusados insistía que los taxistas no tienen la obligación ni la capacidad legal de comprobar la documentación de sus pasajeros para saber si se tratan de migrantes en situación irregular. Aún así, en enero de 2026, un tribunal penal de Perpiñán (Francia) los condenó por tráfico de personas e impuso a ambos un año de prisión con pena suspendida y la prohibición de entrar en territorio francés durante cinco años.
La Directiva de Facilitación de la UE
La UE tiene en sus manos poder frenar que se produzcan este tipo de acusaciones, aunque el giro restrictivo de Bruselas en materia migratoria vaticina que estas dinámicas se mantendrán o incluso se intensificarán. La reforma de la legislación de la UE sobre el tráfico de migrantes -incluida la nueva Directiva de Facilitación propuesta por la Comisión Europea en noviembre de 2023 y la posición adoptada por el Consejo en noviembre de 2024- no incorpora salvaguardas claras y vinculantes para evitar la criminalización por ayudar a las personas migrantes.
En este sentido, Silvia Carta, responsable de incidencia en PICUM y autora del informe, advierte que la propuesta de la directiva «corre el riesgo de provocar que más personas sean detenidas o llevadas a juicio por ayudar a quienes lo necesitan», e incluso de que los propios migrantes puedan ser acusados de tráfico. «La dignidad humana y los derechos humanos son valores fundamentales de la Unión Europea. A medida que avanzan las negociaciones, el Parlamento Europeo debe defender estos valores y establecer en la ley que nadie debería ser procesado simplemente por cruzar una frontera o ayudar a personas necesitadas», reclama.
La propuesta de la directiva «corre el riesgo de provocar que más personas sean detenidas o llevadas a juicio»
Las organizaciones sufren sanciones administrativas
La ofensiva contra la solidaridad con los migrantes no solo se libra en los tribunales. Al menos 11 organizaciones civiles, entre las que destacan aquellas dedicadas al rescate en el Mediterráneo como Sea-Watch o Mediterranea Saving Humans, han sufrido sanciones administrativas. Estas incluyen multas, retención de embarcaciones o restricciones que limitan su capacidad de intervención en los rescates.
El informe detecta que incluso la vigilancia aérea, los ojos de la sociedad civil sobre el Mediterráneo, han sido objetivo de estas restricciones. El 7 de agosto de 2025, las autoridades italianas inmovilizaron durante 20 días el Seabird 1, el avión operado por Sea-Watch y la Humanitarian Pilots Initiative. Se trata del primer caso de este tipo contra una aeronave de monitoreo de derechos humanos, aunque el Gobierno italiano justificó la sanción alegando que el avión no notificó sus actividades de inmediato, tal como exige un polémico decreto de 2024, las organizaciones han denunciado la ilegalidad de la medida. Argumentan que el decreto obliga a elegir entre obedecer la norma italiana o cumplir con el derecho internacional, que les obliga a no abandonar a quienes están en peligro. También alertan de que estas restricciones dificultan la documentación de posibles violaciones de derechos humanos en el Mediterráneo central.
A esto se suma otra problemática menos visible pero que afecta tanto a actores individuales como a organizaciones: el acoso no judicial. Según ha contabilizado PICUM, en 2025 se registraron al menos 33 casos de hostigamiento contra personas y organizaciones, incluyendo campañas de difamación, amenazas de auditoría, controles policiales o retirada de fondos.
«La criminalización de quienes trabajan en solidaridad con los migrantes es una señal alarmante de un giro autoritario en las instituciones y marcos legales nacionales y europeos. Estas tendencias afectan a un número creciente de personas y generan un efecto disuasorio peligroso, desalentando tanto a individuos como a organizaciones de la sociedad civil a participar en la acción cívica», denuncia Giulia Capitani, asesora de políticas migratorias en Oxfam Italia.
