Presentado el informe y las conclusiones de la jornada celebrada en Sevilla: la necesaria reforma de la política fiscal europea.

Como sabéis, el pasado día 10 de mayo celebramos en San Juan de Aznalfarache, Sevilla, unas Jornadas con el título de “El Pilar Social Europeo y los mecanismos de financiación de la UE”, en las que abordamos aspectos cruciales para la configuración del proyecto común europeo en los próximos años. Una de las mesas abordó las cuestiones referidas a La fiscalidad europea y los mecanismos de Gobernanza y, con objeto de desarrollar su contenido, el Servicio de Estudios de la Confederación elaboró el Estudio que os adjuntamos, titulado Las reglas fiscales de la Unión Europea. Una reforma ineludible y necesaria, cuyas conclusiones recogen los resultados de los debates de dichas Jornadas en este ámbito.

Con la realización de las mencionadas Jornadas y con la elaboración de este documento nos proponemos intervenir activamente la discusión referida a las reglas de coordinación y supervisión que integran el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y su relación con el marco institucional de la Unión en su conjunto, no solo con el propósito de reflexionar sobre las limitaciones del marco institucional vigente, sino con la intención de proponer vías de actuación para su reforma que ayuden a configurar una Unión Europea más cohesionada, fuerte y solidaria. Estas propuestas nacen de dos constataciones: una, que las reglas del PEC no han funcionado como un instrumento que prevenga efectivamente la concurrencia de desequilibrios fiscales; y dos, que se han mostrado desequilibradas e ineficaces para impulsar la actividad económica, el empleo y la convergencia real de los Estados Miembro de manera coordinada, priorizando un carácter punitivo derivado además de algunas instituciones que no están sujetas a control democrático.

El documento realiza un extenso repaso a la evolución de las reglas fiscales de la UE, al impacto de las políticas aplicadas durante la pandemia sobre las mismas y sus consecuencias y a la situación actual del debate, para terminar, ofreciendo unas consideraciones finales en las que se recogen las vías de actuación que, a juicio de UGT, deberían implementarse cuanto antes. Sin entrar en el detalle del documento, se pueden señalar de manera esquemática algunas conclusiones.

1º. La redefinición del marco fiscal europeo es ineludible y urgente.

Las necesidades de gasto durante la pandemia, y de inversiones estratégicas (transición energética, digitalización) han puesto de relieve la inadecuación del actual marco fiscal y de gobernanza. Ahora estamos aplicando la cláusula de escape, que ya se ha confirmado que se mantendrá para 2023. Pero, en todo caso, este período extraordinario terminará, y la vuelta al corsé anterior es incompatible con las inversiones proyectadas, e implicaría ajustes inasumibles política y socialmente. Pese a ello, los halcones de la austeridad ya están proponiendo esa vuelta a lo anterior. Por eso hay que cambiar las reglas y hacerlo con una orientación realista y progresista.

2º. Europa necesita un Marco Financiero Anual de una dimensión adecuada a su papel en el mundo y a un proyecto común de progreso, por lo que el límite presupuestario debería situarse de manera estable al menos en un nivel equivalente al 2% de la RNB comunitaria.

Esto serviría para convertir el programa SURE en un verdadero seguro de desempleo común, implementar otras iniciativas de sostenimiento de rentas para la población más vulnerable e institucionalizar los fondos NextGeneration EU, que podrían funcionar como un mecanismo permanente de financiación de las inversiones dirigidas a la transformación estructural de las economías: digitalización, transición energética y ecológica e inversiones sociales.

3º. Europa necesita ingresos más estables y acabar con el dumping fiscal, porque la sostenibilidad presupuestaria no se puede basar en ajustes permanente del gasto.

La utilización del ajuste del gasto como casi única vía para reducir los desequilibrios presupuestarios es ineficiente e injusta, y ha sido fuente de enfrentamiento entre países, generando rechazo al proyecto europeo en algunos de ellos, alimentando el auge de la ultraderecha. Por eso, es necesario implementar otra política de ingresos, que pase por impedir la existencia de regímenes que actúan como paraísos fiscales dentro de la Unión (como Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo); aprobar definitivamente un tipo mínimo para los beneficios en el Impuesto sobre Sociedades; armonizar la estructura impositiva de los países miembros; y cambiar la regla de unanimidad en la toma de decisiones existente en materia tributaria por una de mayoría simple o cualificada.

4º. Hay que reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, estableciendo nuevas reglas más sencillas y transparentes, más flexibles y que incorporen criterios de justicia social, inclusividad y progreso medioambiental.

Se trata de habilitar mecanismos que permitan a los Estados Miembro aplicar políticas anticíclicas en caso de riesgo de recesión o desaceleración grave y que instauren mecanismos de reforzamiento permanente en materia de inversiones verdes, digitalización y reforzamiento del estado de bienestar.

En este sentido hay que abrir el debate sobre sobre la necesidad de introducir una “regla de oro” para la inversión pública en el marco presupuestario de la UE, con el fin de preservar la productividad y la base social y ecológica para el bienestar de las generaciones futuras, al mismo tiempo que se garantiza la sostenibilidad presupuestaria. De este modo, las inversiones públicas netas deberían excluirse del cálculo de los déficits globales y del techo de gasto público, mientras que los costes de inversión se distribuirían a lo largo de toda la vida útil.

5º. Es imprescindible socializar el Semestre Europeo”, es decir, reorientar los principios de gobernanza de la Unión hacia un equilibrio mayor entre los objetivos de estabilidad macroeconómica y presupuestaria y la cohesión social y territorial, en línea con el Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) de 2017.

Para ello, es necesario que los objetivos sociales se incluyan en los Tratados y Reglamentos que sientan las bases del marco de gobernanza de la Unión.

6º. Por último, es preciso democratizar el funcionamiento de las instituciones europeas.

Ello pasa por buen número de reformas esenciales, entre las que se pueden destacar el aumento de las funciones de supervisión y control del Parlamento Europeo respecto de las decisiones adoptadas por el Consejo, la conformación de la Comisión como un verdadero gobierno europeo o la implementación de un mayor control democrático de instituciones intergubernamentales clave como son el Eurogrupo o el MEDE.

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