La tarjeta europea de discapacidad sigue su avance tras el acuerdo del Parlamento Europeo

La Eurocámara ha aprobado su mandato para las negociaciones con el Consejo, que comenzaran a finales de enero, sobre la tarjeta de discapacidad de la UE y la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.


El mandato del Parlamento introduce plazos para la emisión y renovación de las tarjetas: en 60 días para la tarjeta de discapacidad de la UE y en 30 días para la tarjeta de estacionamiento. El Parlamento también introduce la opción de solicitar una versión digital de la tarjeta de estacionamiento, que deberá estar lista en 15 días.

Los miembros de la Eurocámara proponen que ambas tarjetas estén disponibles en formato físico y digital y sean gratuitas. Quieren, además, que las normas y condiciones cuando alguien solicite la tarjeta estén disponibles en formatos accesibles, incluidas las lenguas de signos y el braille, y en un lenguaje fácilmente comprensible.

Para garantizar el acceso a las prestaciones y a la asistencia social de quienes trabajan o estudian en otro Estado miembro, se ha modificado la propuesta para proteger temporalmente a los titulares de la Tarjeta Europea de Discapacidad que se trasladen a otro Estado por motivos de trabajo o estudios, hasta que se reconozca formalmente su estatus, incluidos los que viajen en el marco de un programa de movilidad de la UE.

Los Estados miembros y la Comisión deben concienciar a los ciudadanos sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, según los eurodiputados, incluyendo la creación de un sitio web con información sobre cómo obtener, utilizar y renovar las tarjetas en todas las lenguas de la UE y en lenguaje de signos nacional e internacional.

Entendiendo que existe una buena voluntad política por parte de ambas instituciones para llegar rápidamente a un acuerdo en la materia, desde UGT, aun valorando positivamente los avances, entendemos que esto solo debe ser el principio en la lucha para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano o ciudadana de la Unión Europea para, de esta forma, seguir introduciendo cambios legislativos que garanticen y promuevan la protección social y el empleo de este colectivo.

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