La legislación europea sobre diligencia debida debe seguir mejorando en materia de derechos humanos

El Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre la Directiva de Sostenibilidad Corporativa y Diligencia Debida, pero se necesitan medidas con mayor firmeza para evitar vulneraciones en los derechos sindicales y las personas trabajadoras.

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Desde UGT hemos reivindicado, en numerosas ocasiones, la necesidad de adoptar medidas de carácter obligatorio que exijan a las empresas determinar y evitar los riesgos para los derechos humanos derivados de sus actividades. Por ello, acogemos con gran satisfacción este avance hacia la adopción de una directiva que haga a las empresas rendir cuentas, anteponiendo a las personas y al planeta frente a los beneficios.

El texto recoge la ampliación del ámbito de aplicación para incluir a todas las grandes empresas (250 empleados y 40 millones de euros de volumen de negocio) y a las empresas matrices de grupos muy grandes (más de 500 empleados y 150 millones de euros de volumen de negocio) que operan en la UE.

Además, se plantea como objetivos: evitar el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación, la contaminación y degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad, y las empresas se enfrentarán a duras sanciones, incluidas multas de hasta el 5% de su facturación mundial neta.

Sin embargo, la presión de los eurodiputados pertenecientes a las fuerzas más conservadoras ha debilitado la eficacia de la propuesta, al eliminar el deber de los directivos de las empresas y añadir la llamada norma de «armonización del mercado único», que limita a los Estados miembros a hacer más para proteger los derechos de las personas trabajadoras o el medio ambiente.

Por ello desde UGT, exigimos un esfuerzo por parte de las instituciones europeas para que en el próximo proceso de negociación, en forma de trílogos, se garantice una legislación coherente que iguale eficazmente las reglas del juego, impidiendo que la actividad empresarial irresponsable suponga una ventaja competitiva.

Resulta esencial que esta directiva recoja la plena participación de los sindicatos y los representantes de las personas trabajadoras en todo el proceso de diligencia debida en las empresas y en todas sus cadenas de valor, el acceso efectivo a la justicia, así como normas estrictas en materia de responsabilidad y sanciones disuasorias para las empresas que violen los derechos humanos.

Antecedentes y próximos pasos

El Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones que las empresas rindan cuentas por su actividad y legislación vinculante sobre diligencia debida. El informe será el mandato de negociación del Parlamento cuando inicie las negociaciones a tres bandas sobre el texto final con la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que acordaron su propia postura en noviembre de 2022, a partir de la próxima semana.