La división entre Francia y Alemania deja en el aire la nueva ley para priorizar el ‘made in Europe’
La UE se divide otra vez entre los aliados más proteccionistas y los favorables a un mayor libre mercado.
Las amenazas de Donald Trump de invadir Groenlandia y subir aún más los aranceles a Estados miembros de la Unión Europea a principios de este año parecían haber sido un punto de inflexión para los líderes europeos. Varios jefes de gobierno y de Estado de la UE, así como líderes comunitarios, subieron el tono contra la Casa Blanca hasta unos decibeles inéditos, y se propusieron incrementar la autonomía del bloque europeo, especialmente respecto a Estados Unidos. Fue en esta tesitura que la misma presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, apoyó la voluntad de priorizar las compras europeas en las licitaciones públicas.
En este contexto, la Comisión Europea recuperó la voluntad de presentar la ley para potenciar la industria europea, que pretendía precisamente premiar el Made in Europe en las adquisiciones de las administraciones públicas en detrimento de la competencia estadounidense o china. La primera vez que lo intentó el comisario europeo de Mercado Interior, Sebastien Sejourné, que es muy cercano a Emmanuel Macron, fue en diciembre. Sin embargo, la división entre Estados miembros y dentro del mismo frenó las intenciones del dirigente francés, que es el responsable y principal fraguador de esta medida.
No fue hasta un mes después, cuando la indignación contra Trump entre los dirigentes de la UE se encontraba en su máximo, que la Comisión Europea volvió a incorporar en sus previsiones de propuestas legislativas la presentación de esta ley industrial. Sin embargo, en cuanto el presidente de Estados Unidos descartó invadir Groenlandia y retiró las amenazas de nuevos aranceles contra Estados miembros, se reavivó la división dentro de la UE y se volvió a guardar el texto legislativo en un cajón.
El tercer intento –que parecía que iba a ser el definitivo– del comisario europeo francés está agendado para la semana que viene. De momento se mantiene, y fuentes de la cartera de Mercado Interior aseguran a Público que la voluntad continúa siendo presentar la ley en esa fecha. Ahora bien, este miércoles, en el documento de previsiones ha aparecido al lado del calendario un nuevo «para confirmar». Una actualización que deja otra vez en el aire la presentación de la ley y confirma la información publicada por la revista Político, que apunta que hay división en el mismo ejecutivo comunitario y hay nueve departamentos de la Comisión Europea que no ven con buenos ojos el texto actual de la propuesta de ley que quiere presentar Sejourné.
La división franco-alemana
Los principales opositores a la ley son Alemania e Italia, que desde que son lideradas por el conservador Friedrich Merz y la ultra Giorgia Meloni han formado una de las alianzas más importantes del bloque comunitario. El país alemán, juntamente con Estados miembros de tradiciones especialmente liberales en materia de libre comercio, como Países Bajos, se muestra reacio a priorizar los productos europeos en las licitaciones públicas de las administraciones. Este grupo de países europeos, que también son las principales potencias exportadoras del bloque comunitario, argumenta que estas restricciones pueden encarecer los costes de las administraciones y de las cadenas de valor de la industria europea en general. En este sentido, Berlín y Roma quieren mantener el mercado comunitario más abierto a potencias extranjeras, como pueden ser Estados Unidos o China, y piden centrar más el debate en la reducción de burocracia y regulaciones para potenciar las industrias europeas y las inversiones en la UE.
Por otro lado, Francia lidera el club de los países que abogan por una legislación que priorice la industria europea y la proteja de la agresiva competencia de socios como China y Estados Unidos, los cuales para la misma UE son vistos cada vez más como amenazas crecientes. El mismo Macron defendió en la última cumbre europea sobre Competitividad de la semana pasada que hacía falta «proteger» a los productores europeos, aunque defendió que no se trataba de «proteccionismo». Y, por esto, presionó a favor de medidas que prioricen las compras con etiqueta europea, especialmente en los sectores más claves, como pueden ser la energía, telecomunicaciones o la transición ecológica. España también se ha mostrado a favor de incluir condiciones más restrictivas y potenciar las compras europeas, en la misma línea que el país francés.
Actualmente, la discusión está en hasta qué punto y a qué socios comerciales se les quiere restringir las licitaciones públicas o contratos financiados con dinero público a productos «Made in Europe». Francia presiona para un texto bastante restrictivo y que, por ejemplo, solo se incluyan como productos con el sello europeo a los del Espacio Económico Europeo. Es decir, a los veintisiete Estados miembros de la UE y Noruega, Islandia y Liechtenstein. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión Europea y países del bloque comunitario quieren extender esta lista a otros socios de la Unión Europea -como puede ser el Reino Unido o Japón- e incluso dejar la puerta abierta a otros países terceros de más dudosa fiabilidad.
Cabe recordar que esta discusión, que suele dividir la UE entre un grupo de países más favorables a la posición de Francia y otros a la de Alemania, es recurrente en el seno de las instituciones comunitarias. Sin ir más lejos, los líderes europeos y la Comisión Europea también tuvieron sus diferencias sobre hasta qué punto obligar a Ucrania a comprar armas europeas con el préstamo de 90.0000 millones de euros que le entregará la Unión Europea para defenderse de Rusia a partir de la próxima primavera.
El Gobierno francés quería que absolutamente todo el armamento que adquiría Kiev con el financiamiento sufragado por los ciudadanos del bloque comunitario se gastase en la industria bélica de la Unión Europea. Sin embargo, la posición de Alemania y de sus aliados habituales, como Países Bajos y del norte del continente, consiguió que el texto legislativo del préstamo incluyera una excepción para que Ucrania pudiese comprar armas a Estados Unidos –que ha cortado en seco las ayudas al país ucraniano– en caso de que no encuentre este material bélico en el mercado comunitario o no lo pueda adquirir con la misma celeridad o a un precio competitivo.
